En estas últimas semanas hemos visto cobrar fuerza a un fenómeno curioso, consistente en la utilización de recursos habituales en los programas de chimentos de la tarde por parte de analistas políticos y periodistas “serios” del grupo Clarín. Estos programas de espectáculos juegan el juego del show, no tienen reglas ni rigurosidad y todos sabemos que en ocasiones se miente o exagera a cambio de dinero o figuración mediática. Pero el periodismo político, aunque no siempre, suponía otra cosa: consultar a las fuentes e interpretar a partir de los hechos y no inventarlos para ajustarlos a una mentira.
En este contexto mediático enrarecido, la oposición aparece desarticulada y sin rumbo: no tiene un plan de gobierno alternativo, no tiene propuestas concretas de políticas públicas y no encuentra estrategias para generar un mayor nivel de representación. Frente a la confusión, parece haber decidido subirse a la agenda mediática de Clarín, lo que significa correr a Tribunales para ser el primero en presentar la denuncia que garantiza el pirulito del día siguiente. En esta época de “votos flacos”, un recuadrito en un diario vale mucho para el arco opositor. Si es verdad, no importa. Se trata de ofrecerle al medio la “prueba” de que algo muy malo está pasando con el Gobierno nacional.
En estos días la creatividad opositora ha dado un salto de calidad, reconozcámoslo. El circuito es el siguiente: un medio o alguno de sus periodistas denuncia una acción de gobierno contra las libertades, la república, la división de poderes, los buenos modales, o lo que sea. Por supuesto, sin fundamentos, fuentes o la mínima vinculación con la realidad. El opositor dispuesto a seguir con el libreto, pero que en esta circunstancia no puede denunciar judicialmente una abstracción por temor al ridículo, agudiza el ingenio y dispone una acción “épica” que frena el avasallamiento de la dictadura.
De eso se trata el DNU que Mauricio Macri convirtió en ley en estos días, que otorga cobertura a los grupos que lo promueven como la alternativa a la “barbarie”, pone en riesgo la igualdad ante la ley, desconoce la jurisprudencia en la materia y se burla de la voluntad popular expresada en nuestro parlamento nacional. Macri nos dice sin escrúpulos que en su proyecto político hay una clase privilegiada, no sometida a las leyes como todos nosotros: los empresarios de medios. En sus empresas no se podrán hacer huelgas y no pagarán impuestos.
El intento de desgaste que prolijamente se orquesta desde el grupo Clarín, con la complicidad de algunos opositores, pone en escena con más vigor que nunca la necesidad de la plena aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, para democratizar la discusión pública y transparentar a los ojos de todos los intereses en juego.
Mientras el Gobierno nacional construye día a día un nuevo modelo de desarrollo, la derecha se rehúsa a aceptar las reglas de la democracia y busca desesperadamente en los grandes medios los cuarteles contemporáneos a quien tocarles la puerta.