La Justicia obligó al Gobierno porteño a resolver la emergencia habitacional de la Ciudad y le dio un plazo de ocho días para definir la situación de las familias que viven en los hoteles "en condiciones infrahumanas", según juzgó el fallo del Tribunal Superior.
Como parte de la sentencia, se clausuraron los hoteles Santiago y Montreal, ambos contratados por el Ejecutivo porteño como parte del programa de la Secretaría de Desarrollo Social para paliar la crisis de la vivienda.
"El Gobierno, que no ha actuado durante tres años, ahora va a tener que hacer algo", apuntó a NOTICIAS URBANAS la legisladora Beatriz Baltroc, integrante de la Comisión de la Vivienda de la Legislatura porteña, quien junto a otras diputadas se presentaron en el Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad para solicitar una audiencia con todas las partes involucradas en este conflicto.
Los habitantes de los hoteles porteños habían presentado un recurso de amparo exigiéndole al Gobierno una solución. Ahora, el Tribunal Superior les dio la razón, y le otorgó al Ejecutivo hasta el martes de la semana que viene para dar una respuesta.
"Nosotros vamos a llevar varias alternativas, pero hay que recordar que sólo nos dedicamos a atender la emergencia, no podemos dar una solución definitiva", apuntó a NOTICIAS URBANAS el director de Emergencia Habitacional, Víctor Colombano.
En el gobierno de Aníbal Ibarra se quejan por la "judicialización" de la crisis habitacional. "Éste es un conflicto de hace 15 años, no se puede resolver en cinco días", apuntan.
Por su parte, Colombano destacó que ofertará un subsidio de 3600 pesos y ayuda para materiales de construcción, entre "otras alternativas", según anticipó.
Baltroc, junto con las legisladoras Gabriela Michetti y Fernanda Ferrero, también de la Comisión de Vivienda, explicaron que los habitantes de los hoteles formaron, en muchos casos, cooperativas para la construcción de viviendas bajo el programa del Instituto de la Vivienda.
"Pero este Instituto tampoco ha cumplido con sus funciones, ya que no otorga los adelantos financieros a las cooperativas conformadas, y por lo tanto no pueden construir", señaló Baltroc.
En cuanto a los allamamientos de los hoteles, las legisladoras destacaron que "ambos hoteles, a pesar de estar contratados por el Poder Ejecutivo, han sido clausurados debido a las gravísimas irregularidades que presentan".
Antes de la intervención de la Legislatura y la Justicia, la Defensoría del Pueblo había elaborado un informe donde relevaba la gravedad de la emergencia habitacional que, en su momento, fue admitida por el secretario de Desarrollo Social, Rafael Romá.
En tanto, el diputado Juan Carlos Lynch (Compromiso para el Cambio) presentó un proyecto por el cual pregunta si el Poder Ejecutivo tiene proyectadas nuevas propuestas para resolver la problemática socio-habitacional de las personas instaladas actualmente en hoteles y pensiones, diferente al Programa para la Atención de Familias sin Techo y al Programa sin Techo; si las personas instaladas en estos hoteles y pensiones reciben asistencia de trabajadores sociales y subsidios, ya sean los mismos, nacionales o de la Ciudad; y cuál es el total del presupuesto asignado anualmente a este programa.
Lynch también pide que se indique si la totalidad de los hoteles y pensiones contratados cuentan con la habilitación correspondiente para funcionar como tales, esto es si cumplimentan las exigencias entre otras en materia de seguridad contra incendio, medios de salida, dimensión mínima de las habitaciones y capacidad admitida.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Vivienda, Sandra Bergenfeld (Compromiso para el Cambio), presentó hace más de dos meses un proyecto para reemplazar el Programa de Apoyo a las Familias en Situación de Calle", mediante la operatoria "Programa de Reinserción de Familias en Situación de Calle". El objetivo de la iniciativa es "encontrar soluciones inmediatas a las familias sin hogar mientras se generan las condiciones necesarias para que las familias puedan acceder a una vivienda definitiva".
La diputada macrista además está en conversaciones con el Banco Mundial para llevar a cabo una prueba piloto a fin de encontrar una solución a esta problemática. "Por si no se dio cuenta Ibarra, la Ciudad está en franca emergencia habitacional, la autogestión promovida por su gobierno es nula, y hay casi 400.000 personas reclamando genuinamente un techo", manifestó Bergenfeld.
