La Cámara del Crimen determinó que sea la jueza federal María Servini de Cubría la encargada de llevar adelante una investigación, al resolver una cuestión de competencia entre esa magistrada y su colega Manuel de Campos, subrogante del juzgado 43.
Los camaristas Marcelo Lucini y Mario Filozof, con el voto disidente de su colega Ricardo Pinto, determinaron que “es el fuero federal el que debe entender en los delitos previstos y reprimidos en la ley 24.051 -residuos peligrosos- ya que es el Estado Nacional quien debe velar por la protección del ambiente en cumplimiento de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales”.
“Tras ganar en 2007 la licitación pública 103/05 del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, habrían omitido adoptar todas las medidas de prevención, protección de la salud y seguridad para la población en general e inobservado los reglamentos y ordenanzas correspondientes, al remover las cubiertas de chapa de fibrocemento que contenían asbesto-amianto de las viviendas del Barrio Presidente Arturo Illia de esta ciudad”, reza la denuncia contra la empresa Rentsur SA.
La acusación incluye a los responsables de Rentsur, Oscar Remigio Toledo, Héctor Silvio Paganini, Waldemar Arnaldo Mariño Domínguez y Alejandro Daniel Conde, los que “de ese modo habrían provocado el desprendimiento y liberación de fibras de asbesto, material contemplado en el Anexo I de la Ley de Residuos Peligrosos”
