El contrapunto, el choque urbano entre lo viejo y lo nuevo, esa marca contemporánea, suele reunir un casco histórico que se las arregla como puede para quedar detenido en el tiempo sin que lo reciente carcoma, como el ratón al queso, sus bases. La nueva ciudad que se levanta sobre la antigua suele destruirla cuando aparece el negocio inmobiliario, que va en alza, siempre para adelante, para arriba. De un tiempo a esta parte, muchas construcciones típicas de la Ciudad de Buenos Aires, como la última morada de Alfonsina Storni –antes del mar– o los subtes La Brugeoise que tanto revuelo causaron cuando a Mauricio Macri se le ocurrió modernizar –porque ese es el concepto que prima en este tipo de procesos– la Línea A de subterráneos, han pasado por la aplanadora de la simiente de lo alto: así, se elimina para erigir. Pero esto no es la leyenda del Ave Fénix, no tiene nada que ver con el resurgir desde las cenizas.
Son los vecinos y las ONG, por lo general, quienes se alarman y entonces alarman. Y hay veces que ciertos organismos de contralor público se hacen eco de las denuncias, como la Defensoría del Pueblo, y otras, en que algunos legisladores, lejos del compromiso con la fábrica de hacer chorizos de la construcción, hacen suya la defensa del valor patrimonial porteño. Es que se trata, sin más, de una cuestión de identidad, en la que las leyes 1.227, que define el patrimonio cultural de la Ciudad, y la 2.548, de Promoción Especial de Protección Patrimonial, entienden. O deberían. Por algo, a instancias de la lucha denodada de Basta de Demoler –el nombre de la organización lo define todo– desde el 22 de diciembre de 2011 rige, respecto a la situación de las obras en el Teatro Colón, por caso, una medida cautelar dictada por la doctora Andrea Danas, a cargo del juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad número 10. Para muestra basta una cautelar.
Es que la vía judicial en estos casos es el último recurso, y el más efectivo. O no tanto. Sea como fuere, el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley nacional 16.986 de amparo, y su correlato porteño, la 2.145, contemplan esa situación. Pasa que la problemática se viraliza y, por el grado de conflictividad y representación de lo porteño, hay casos paradigmáticos. Vaya si los hay.
Demolido, del verbo demoler
Hace unos días, precisamente, la legisladora María José Lubertino, del Frente para la Victoria, presentó en la Legislatura un informe sobre la cuestión. Sin eufemismos, el escrito se llama “Mi Buenos Aires demolido”. Dice Lubertino, llamando la atención sobre una regla de proporcionalidad básica, que no debería fallar: a mayor valor patrimonial de la obra, menor es el nivel de intervención admisible: “El daño patrimonial es imposible de reparar. Los casos que el informe presenta son los mejores ejemplos de cómo quien debe velar por la protección de los bienes que integran la identidad cultural, arquitectónica y artística de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de destruirla”. Habla, claro, de Mauricio Macri. “La desidia, la omisión y la convalidación de determinados actos dan a entender que su administración encubre, muy calladamente, una visión de planeamiento estratégico y depredador, librado únicamente a la lógica del mercado inmobiliario, mediada por un mecanismo perverso de autorizaciones”, agrega la diputada porteña.
“Es constante la demolición de edificios que por ley deberían catalogarse como patrimonio histórico y/o cultural de la Ciudad, pero que jamás llegan siquiera a considerarse como tales, tanto por acción directa de sus propietarios o propietarias, que proceden directamente a demolerlos, violando la ley sin sufrir consecuencias o, insisto, por la desidia del gobierno de Macri. Desidia que sintoniza con los intereses del lobby de la construcción en detrimento del patrimonio porteño”, advierte Lubertino.
En la presentación del informe, la extitular del Inadi expresó: “La Ciudad no se queda corta ni en normativa de protección patrimonial ni en cantidad de organismos competentes. Sin embargo, nosotros denunciamos una serie de casos, a veces llevados adelante por vecinos y vecinas, por organizaciones de la sociedad civil, por comuneros y comuneras o por legisladores, que son una muestra de la política pública de destrucción o de connivencia dolosa del Ejecutivo”.
“El avance sobre el patrimonio de la Ciudad –continuó– a veces es por acción o por negligencia del Ejecutivo, ya que la especulación inmobiliaria avanza en detrimento del patrimonio, que es un derecho de las personas, al igual que el ambiente. Y acá, nosotros estamos defendiendo el patrimonio, no como fundamentalistas, sino porque esto hace a nuestra historia, nuestra identidad y capacidad de admirarnos frente a la belleza. En una ciudad como Buenos Aires, elogiada internacionalmente por sus características peculiares, de la cual este gobierno se vanagloria ante el turismo, nos parece que hay un doble discurso, que se hace marketing del patrimonio for export, mientras que en realidad no se custodia lo que hace al patrimonio en cada barrio, lo que sucede cotidianamente en este paisaje urbano, con sus monumentos y sus edificios históricos”. Marketing del patrimonio for export, le dicen.
Hasta la victoria siempre
Daniel Moretti y Gabriela Etchepareborda, vecinos de la capilla y convento Nuestra Señora de las Victorias, de Paraguay y Libertad, cuentan: “La preocupación de los vecinos y las vecinas y nuestra lucha para evitar la destrucción del complejo de la Iglesia y Convento de las Victorias comenzó a mediados de junio de 2012, cuando nos enteramos de que se estaba proyectando una obra. Esto sucedió, casualmente, a través de los encargados de algunos de los edificios vecinos, quienes mantienen contacto con las personas que hacen tareas generales en la iglesia. Estas personas habían tenido acceso al plano de obra –impulsado por la propia Congregación de los Redentoristas desde 2008– e incluso se lo mostraron al encargado de nuestro edificio. Sin embargo, dijeron que tenían expresas instrucciones de las autoridades de la iglesia de no comentarlo con nadie, pero la información siempre se filtra. El proyecto prevé la demolición de la antigua capilla (primera parte del complejo, con entrada por Libertad 870) que es una amplia sección de la fachada, para construir un edificio de oficinas de ocho pisos con dos subsuelos de cocheras. También se construirían pisos de oficinas apoyados sobre la terraza del resto del convento (en una especie de L invertida), casi hasta llegar a la esquina con Paraguay. Meses después, cuando la iglesia hizo pública la obra, nos enteramos de que también se construiría otro edificio más alto hacia el interior de la manzana”.
La conclusión no se hace esperar: “Nos pareció una verdadera aberración. Este complejo histórico, verdadera joya arquitectónica neogótica que data del siglo XIX, fue escenario de la batalla de la Revolución del Parque que se desarrolló en la Plaza Libertad el 26 de julio de 1890, siendo la torre de las Victorias centro del fuego de la artillería. No solo forma parte de la identidad histórica y edilicia de nuestro barrio y de nuestra Ciudad, sino que claramente estamos hablando de un símbolo de nuestra historia nacional e hito fundamental de la democracia en nuestro país. Como siempre habíamos creído que por su valor patrimonial ese inmueble no podía dejar de tener protección, lo primero que hicimos fue averiguarlo. Allí descubrimos, accediendo al listado del Área de Protección Histórica de la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, efectivamente, el complejo contaba con protección de tipo ‘estructural’ en trámite. Esto, claramente, significa que no se puede llevar a cabo ningún tipo de remodelación que implique la modificación de su fachada y su volumen y, por supuesto, menos aún su demolición. El convento y la capilla, mientras tanto, comenzaron a ser vaciados de todos sus objetos de inapreciable valor, entre otros, la biblioteca, cuadros, muebles, además de haberse desmontado y retirado pisos de madera, escaleras y vigas, pese a que hasta esa fecha no había ningún cartel anunciando una obra. Todos veíamos cómo se trabajaba sigilosamente puertas adentro, sacando las cosas los fines de semana, incluso las vigas y tablones de pisos mediante poleas a través de las ventanas. Finalmente, trajeron al lugar camiones de mudanza de la empresa Verga Hnos. para terminar de vaciar el convento. A través del sitio en internet de esa empresa de mudanzas, que lo es también de remates, nos enteramos de que los objetos artísticos y los muebles de la capilla y el convento, que forman parte de nuestro patrimonio, habían sido rematados. Sabíamos que en breve comenzaría la demolición. A todo esto, las autoridades de la iglesia seguían sosteniendo y difundiendo que se trataba de una remodelación y puesta a punto”.
Moretti y Etchepareborda, finalmente, recuerdan: “A fines de febrero de este año se dictó la medida cautelar de no innovar sobre el estado del inmueble protegido. Esto significa que no se puede tocar el edificio ni dictar ningún acto administrativo que implique la modificación o demolición del mismo. Suponemos que seguramente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la parroquia apelen y el caso vaya a la Cámara. También queda pendiente esperar que se resuelva la cuestión de fondo, que es la impugnación al acto administrativo del Gobierno de la Ciudad mediante el cual se autorizó la obra. Será también deseable recuperar los bienes patrimoniales que fueron vendidos. Es de vital importancia que, como están dadas las cosas, de manera urgente, se dicte la catalogación estructural definitiva de la totalidad del Complejo de Las Victorias. Mientras tanto, seguimos atentos al desarrollo de los acontecimientos, no solamente de este caso en particular sino de toda la problemática patrimonial. Sabemos que el patrimonio de nuestra Ciudad está en peligro y creemos que somos los ciudadanos y las ciudadanas los que tenemos que hacer todo lo posible para protegerlo”.