A pesar del "silenzio stampa" que se apoderó de los labios de los voceros oficiales, el rumor se instaló con fuerza en los mentideros políticos. Hacia fines de este mes se pondría en marcha otra reforma administrativo-política en las estructuras del Gobierno porteño. Hay quienes llegan a afirmar que el gabinete de Aníbal Ibarra quedaría reducido a cuatro secretarías.
Lo único que se escucha de los morosos funcionarios son frases del tenor de: "se está trabajando en algunas ideas", o "habrá seguramente menos secretarías". La mítica consigna del filósofo aeronauta Osvaldo Cacciatore: El silencio es salud, se hizo carne en los funcionarios porteños.
Lo mismo se sabe que existe la intención de parte del jefe de Gobierno de llevar adelante las reformas necesarias con la colaboración del legislativo porteño. El objetivo de esta decisión es darle una mayor base de sustentación a la propuesta, a la vez que desactivar algunas otras que los hombres de Ibarra consideran de "maquillaje". Entre éstas -aunque nunca lo reconocerán en público-, colocan en primerísimo plano a los proyectos del vicepresidente de la Legislatura, el radical Cristian Caram y al de su antecesor en el cargo, el también radical Jorge Enríquez, que propusieron rebajas salariales de los funcionarios de hasta el 40 por ciento.
Tanto es así, que los hombres de Ibarra que operan sobre las decisiones en el parlamento porteño dicen a quien quiera escucharlos que "una cosa es la austeridad en el gasto público, a la que adherimos absolutamente, y otra muy diferente la degradación de la política que significan este tipo de proyectos oportunistas".
BUENOS AIRES YA HIZO VARIOS AJUSTES
En junio del año pasado, Ibarra afirmaba ya que "la Ciudad de Buenos Aires fue el primer distrito en poner límite constitucional a los gastos legislativos. En el artículo 75 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sancionada en 1996 se establece que el presupuesto de la Legislatura para gastos de personal no puede superar el 1,5 por ciento del presupuesto total de la ciudad".
En el año 2001 se produjo la eliminación y fusión de distintos organismos, en tanto que se redujo en un 20 por ciento el sueldo del Jefe de Gobierno, en un 15 por ciento el de los secretarios y en un 10 por ciento el de los subsecretarios. También se eliminó la Secretaría de Gobierno, 3 Subsecretarías, 10 Direcciones Generales y 17 Direcciones Generales adjuntas.
En diciembre de 2001 se realizó un nuevo ajuste en la estructura política del Gobierno de la Ciudad. Se hizo un recorte en las plantas de gabinete y en los contratos existentes. El criterio que primó fue el de reducir el gasto político para priorizar el gasto en obra pública, en salud y en educación.
Pero, así como hubo una baja en el gasto de la Ciudad, también hubo proyectos que fueron abandonados, algunos en forma inexplicable. El año pasado se hablaba de una agencia social que iba a centralizar el gasto del área, por lo que -prometían los funcionarios- en tanto se creara habría una gestión conjunta de los secretarios de Salud, Aldo Neri, de Educación, Daniel Filmus, y de Promoción Social, Daniel Figueroa. La agencia fue ajusticiada por las internas, los disensos irreconciliables y la mezquindad política. Como siempre, los más pobres fueron las víctimas del desatino.
El Registro Unico de Beneficiarios de los Planes Sociales era una iniciativa que iba a estar a cargo de la por entonces vicejefa de gabinete y esposa del entonces ya renunciado Chacho Alvarez, Liliana Chiernajowsky. Este registro, que apuntaba a identificar y a clasificar a las personas que recibían la ayuda estatal y a evitar la superposición de las áreas que atendían los problemas sociales fue desactivado misteriosamente el mismo día que iba a ser puesto en marcha. Tal es así que el periodismo fue avisado de la suspensión del colorido acto de inauguración casi sobre la hora de su inicio.
Este registro llegaba para ayudar a limitar episodios de corrupción como los detectados con los planes de Nuevos Roles Laborales, que estaban originalmente destinados a familias de bajos recursos, y que fueron a parar a las manos de los militantes y dirigentes de Franja Morada. Desde que se descubrió este fraude, el brazo estudiantil del radicalismo, que entonces dominaba las facultades porteñas, está reducido a ser una fuerza minoritaria.
Lo mismo, el secretario coordinador del gabinete porteño, Raúl Fernández manifestaba el tres de junio de 2001 que "tenemos que terminar con una estructura de superposición y ñoquis". Esta es la deuda que los dirigentes porteños deberían buscar saldar con los ciudadanos, ya que una aparente reducción salarial no disminuirá el gasto. La seriedad en las decisiones es una virtud que dirigencia política argentina no ha practicado a menudo. Quizás sea éste -uno de los momentos más difíciles de los últimos 20 años- el tiempo oportuno para practicar el demorado ejercicio de la reivindicación.
