La semana pasada se aprobó en la Legislatura porteña una ampliación presupuestaria por más de 7 mil millones de pesos. Si bien un alto porcentaje de dicha partida tendrá como destino las actualizaciones salariales de los empleados de los tres poderes del Estado, desde la Justicia porteña, se manifestó la disconformidad por el rechazo del oficialismo porteño de brindar a las tres ramas del Ministerio Público -Fiscalía, Defensoría y Asesoría Tutelar-una actualización presupuestaria para cubrir las necesidades económicas previstas para diversos items no salariales.
Según se informó desde la Defensoría General de la Ciudad, el Ministerio Público porteño ha recibido menos presupuesto para el año 2013, en lo que hace a los incisos de equipamiento e infraestructura de lo que se presupuestó para el año 2012.
“La Legislatura de la Ciudad, siguiendo los dictados del Poder Ejecutivo local, ha resuelto no otorgar refuerzo presupuestario alguno para el Ministerio Público, salvo en lo que hace a los incrementos salariales otorgados a partir de junio. De este modo, se corre el riesgo de ver resentido el funcionamiento de uno de los componentes principales del Poder Judicial de la Ciudad“, expresa el comunicado de la Defensa Pública porteña.
El Defensor General, Mario Kestelboim, realizó un llamado de alerta respecto de los riesgos que entraña para la independencia del Poder Judicial local este ahogo presupuestario, ya que pone en riesgo el efectivo funcionamiento de los organismos que garantizan la vigencia de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución de la Ciudad.
“Los mismos que declaman sobre la independencia de la Justicia, a nivel nacional, ahogan a la Justicia local para recortar su capacidad de funcionamiento y poder controlarla”, señaló el defensor.