Las siete organizaciones de la colectividad italiana que impulsaron en junio pasado un amparo judicial contra el traslado del monumento a Colón se volvieron a presentar en la justicia y solicitaron la ampliación de la medida cautelar. La ofensiva fue en respuesta a los trabajos que desde hace seis días se están realizando alrededor de la estatua y aseguran en las próximas horas su remoción, a pedido del Gobierno nacional.
En la solicitud, los abogados Alejandro Marrocco y Darío Ventimiglia pidieron al juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico que se vuelva a colocar la figura del navegante en su posición original. También, que se establezca un cordón de la Policía Metropolitana para evitar que partes del monumento sean retiradas de la plaza Colón y que los equipos utilizados para desmantelarlo sean retirados.
Además, reclamaron que fije una caución de 100 millones de pesos al Gobierno y a las empresas que están trabajando en la remoción del monumento para responder por los daños que se hubieran ocasionado o pudieran ser provocados por el desplazamiento de piezas.
Y reclamaron llevar adelante cualquier trabajo preparatorio o definitivo para emplazar la estatua de Juana Azurduy en el lugar de la de Colón hasta tanto haya una sentencia definitiva en caso.
Este jueves, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió nuevamente el traslado y justificó la instalación de la estatua de Juana Azurduy. Agregó que no se trata de una decisión caprichosa y que la Casa Rosada “tiene que estar representada por los que lucharon y dieron su vida por la independencia”.
En tanto, y por iniciativa de Pro, la Legislatura aprobó una declaración de repudio por las obras de remoción llevadas adelante por el Gobierno.
