“Macri aplica una feroz campaña de persecución y violencia sindical en perjuicio del gremio. Ello se aprecia en la represión en el Hospital Borda, en el despidos de delegados, en los descuentos salariales por actividad gremial y por los reclamos e impugnaciones a las Juntas Internas elegidas legal y democráticamente, lo que provocó que ya haya más de 100 representantes de base impugnados”, aseguró el secretario general de ATE, José Matassa.
La condena fue dictada por la Sala VII de la Justicia Nacional del Trabajo, que cuestionó el accionar del gobierno de Macri, acusándolo por “práctica desleal contra la ATE” en la Dirección General de Contaduría y lo obligó a otorgarle a la Junta Interna de Delegados un local para que ejerza sus funciones.
El reclamo había sido denegado en varias ocasiones por las autoridades de esa dependencia gubernamental. La justicia impuso una multa de 175.000 pesos, más intereses y costas, por “la gravedad de esa conducta, montos que serán abonados al Ministerio de Trabajo de la Nación con los impuestos que tributan los ciudadanos”.
