El secretario de Hacienda y Finanzas Miguel Ángel Pesce explicó uno por uno los incrementos impositivos que regirán para este año a partir de la sanción de la Ley Tarifaria 2003. Destacó que los aumentos dirigidos a los vecinos de Buenos Aires son dos: sobre las patentes y sobre el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
"En el caso del ABL, el aumento involucra a las casas de mayor categoría, a las que tienen categoría A y a los inmuebles que tienen categoría I, y a aquellos inmuebles no dedicados a vivienda que tienen categoría B. Son menos de 160 mil inmuebles en toda la Ciudad de Buenos Aires sobre 1.600.000 inmuebles empadronados que hay en la Ciudad", aclaró el funcionario en el programa "Palo y a la Bolsa", que se emite por América. El porcentaje del incremento se establece a partir de una revaluación realizada luego de la pesificación. "En el caso de los inmuebles que van a sufrir ajuste, éste es del 30 por ciento", dijo Pesce.
Con respecto a las patentes, señaló "que aumentan para aquellos vehículos que tengan una valuación mayor a los 15 mil pesos -en realidad la cifra tope es 14.250 pesos- y para aquellos vehículos no dedicados al transporte público. Allí el aumento es del orden del 30, 35 por ciento promedio", puntualizó el funcionario. En este caso también se realiza un revalúo de los automotores a partir de la salida de la convertibilidad y de lo que informan las compañías de seguros y la Cámara de Agencias de Automotores.
"Luego se modificó la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para aquellas industrias que producen fuera de la ciudad pero venden en la ciudad. Allí esperamos que esto no tenga efectos sobre los vecinos porque a su vez se ha rebajado la alícuota sobre los Ingresos Brutos que pagan los supermercados, así que esperamos que esto no tenga efecto sobre los vecinos", expresó el secretario, en referencia a la baja del 0,7 por ciento que, con respecto al año pasado, regirá para estos comercios.
Cabe recordar que también se modificó el Código Fiscal y se eliminó la exención del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos que regía para las universidades privadas y para los institutos privados terciarios, lo que motivó un fuerte rechazo de parte de estos establecimientos.
