En defensa de la ley de libertad de expresión, el Colegio de Abogados porteño rubricó un convenio con bloques de la Legislatura (excepto el kirchnerista) y este miércoles organizó una conferencia de prensa en la que además se presentó una Comisión de Libertad de Expresión para discutir los alcances de la norma, sancionada en mayo pasado.
Al frente de este nuevo espacio de trabajo está José Méndez Acosta, quien señaló que la iniciativa “está a tono con las problemáticas que están hoy en el tapete, ante el embate del Gobierno contra periodistas independientes y la acción de la Justicia para frenarlo”.
En representación del Pro, Helio Rebot, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, y Pablo Clusellas, secretario legal de la Ciudad, explicaron el proceso de gestación del DNU impulsado por Mauricio Macri y la posterior gestión en la Legislatura. Los dos coincidieron en señalar que, tanto el decreto como la ley, están de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución. “En el siglo XXI, la transparencia y la disponibilidad de información pública hacen a un gobierno más eficiente y, por tanto, más fuerte”, explicó Clusellas al defender la libertad de expresión.
Marcela Basterra, asesora de la Jefatura de Gabinete de la ciudad, se refirió a la “brecha” que existe entre las medidas impulsadas por el Gobierno contra la libertad de expresión y la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al repasar esta jurisprudencia, así como las teorías que la sustentan, indicó: “El autogobierno requiere de libertad de información”, por ello, la “libertad de expresión es indisociable de la democracia”.
Por su parte, Jorge Bazán, director de Papel Prensa y miembro de la nueva comisión del Colegio, repasó la intervención del Gobierno en la empresa y la disputa jurídica planteada. En una nota de humor, mostró un par de guantes, y dijo: “Éstos son los instrumentos jurídicos del Gobierno para quedarse con Papel Prensa”. Repasó los antecedentes del caso y destacó que, “como en el caso de la ley de medios, se espera una definición de la Corte”.
