Actualmente la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con escasos condenados a penas de prisión y en la mayoría de las causas vinculadas a contravenciones y delitos transferidos, las sanciones monetarias y trabajos comunitarios se presentan como la forma predominante de condena, cuando no se llega a un acuerdo para dictar una probation (suspensión del juicio a prueba).
Frente a esta realidad, por años, la falta de un sistema penitenciario local no pareció ser un problema que requiera respuesta inmediata. Sin embargo, ante la sanción tiempo atrás de una ley de transferencia de competencias penales y la posibilidad de nuevos convenios de traspasos de la justicia nacional a la Ciudad pone en escena una problemática que debe enfrentarse.
Ante esta realidad, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires realizó la Jornada de Sistema Penitenciario y Métodos Alternativos de Ejecución de Pena, como puntapié inicial para el debate en búsqueda de respuestas y soluciones a un futuro que, más tarde o más temprano, se presentará con la dificultad de no contar en la Ciudad con un lugar y un sistema para los condenados por la justicia a penas privativas de la libertad.
El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Audiencias de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y contó con la participación en la ceremonia de apertura del consejero Jorge Enríquez, y la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Marta Paz.
Al inaugurar la Jornada, luego de leer la carta de bienvenida de Juan Manuel Olmos, Presidente del Consejo de la Magistratura, Enríquez destacó que “la cuestión penitenciaria es hoy un tema marginal en la Ciudad de Buenos Aires, pero adquirirá importancia a medida que se transfieran mayores competencias jurisdiccionales al ámbito local”. Como convencional constituyente de la Ciudad en 1996 y presidente de la Comisión de Justicia de esa Convención, Enríquez se manifestó como firme partidario de “una autonomía amplia”. Sostuvo, asimismo, que “las cárceles no deben ser entendidas como depósitos de cosas, sino como instituciones destinadas a resocializar a quienes han cometido graves transgresiones al ordenamiento jurídico. La Constitución porteña es, en tal sentido, un texto avanzado y progresista, como fue progresista la Constitución Nacional en 1853, al postular que las cárceles fueran sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”.
Por último, Enríquez expresó que “no deben retacearse recursos ni esfuerzos para cumplir esa finalidad y que el Consejo estará abierto a discutir todas las propuestas conducentes a que los establecimientos penitenciarios sean más seguros y contribuyan a que quienes pasan por ellos egresen en condiciones de ser ciudadanos que se integren provechosamente a su comunidad”.
Por su parte, la jueza Marta Paz resaltó la importancia de ir pensando cómo manejar los detenidos tras la transferencia de competencias que puede darse en un breve plazo; abogó por mantener las penas privativas de la libertad para delitos contra la vida y la libertad; propuso que para los delitos patrimoniales, como en Alemania, se sancione con multas; y también resaltó a la educación “como patrón resocializador”.
Del Primer Panel participaron Germán Garavano, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien hizo referencia a la viabilidad del funcionamiento del sistema carcelario local y sostuvo que el principal tema es instalar la Alcaidía para que los detenidos esperen hasta ser recibidos por los fiscales y se resuelva si van a juicio. La idea es tener la menor cantidad de detenidos con prisión preventiva. “Hay un tema complejo que es instalar una cárcel dentro de la Ciudad”, reconoció Garavano.
Marta Nercellas, Secretaria del Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, expuso sobre “Penas Sustitutivas”; y Luis Esteban Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien habló sobre “Atención y asistencia a los privados de libertad en el sistema penitenciario de la CABA”.
El Segundo Panel estuvo integrado por Anabella Hers Cabral, Jefe de Departamento de la Unidad de Políticas Penitenciarias, quien explicó los alcances del Tercer Convenio de Transferencias de Competencias Penales y su impacto en el alojamiento carcelario local; Julio Virgolini, Prof. Titular de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho (UBA), expuso sobre la Crítica al Sistema Carcelario Actual y su viabilidad en la CABA; y Leandro Halperin, ex titular de UBA XXII, “Educación en las Cárceles”, quien disertó sobre la Educación como herramienta esencial en la ejecución de penas.
