Menos de un mes tardó el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en vetar la Ley 4.015/11, que había sancionado la Legislatura, por la cual la Ciudad de Buenos Aires adhería a las leyes 17.565 y 26.567 que, entre otras medidas, prohíben la venta de especialidades medicinales en otro ámbito que no sean las farmacias.
La ley había sido aprobada el 17 de noviembre de 2011 por los diputados porteños y el veto llegó el 16 de diciembre. El Gobierno fundamentó la derogación en que la reglamentación no favorecía la igualdad de acceso para conseguir medicamentos en los barrios más humildes de la Ciudad.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (Asofar), Alfredo Di Salvo, manifestó a Noticias Urbanas que “el Estado, como responsable de la salud, debe garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del medicamento a toda la población”, y que “la venta fuera de farmacias afecta la calidad de estos, exponiendo justamente a la población de más bajos recursos al consumo de medicamentos ilegítimos o en mal estado de conservación”.
Y continuó diciendo: “Como es sabido, nuestro sistema de gobierno federal establece que las provincias conservan para sí todas las facultades no delegadas al Estado nacional, por lo que el poder de policía en materia sanitaria se encuentra en la órbita de cada ministerio provincial. En nuestra ciudad, debido a que somos el único distrito del país que no sancionó su propia ley, aún hoy nos regimos en forma supletoria por la Ley Nacional 17.565. Por tal motivo, con el veto del Jefe de Gobierno a la Ley 4.015/11, lo único que se consiguió, por omisión, fue lo que se quiso evitar, debido a que al no contar con ley propia seguimos rigiéndonos por la norma nacional y todas sus modificaciones posteriores”.
“En estos momentos –reveló Di Salvo– estamos trabajando para que la Ciudad tenga una ley propia, porque con el estatus jurídico que rige hoy, la fiscalización y el control están a cargo de la Dirección de Registro y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.”
El directivo farmacéutico informó que trabajarán con la Legislatura para sancionar una ley propia de la Ciudad, “que vaya en el mismo sentido que la Ley 26.567”. “Si se dictara finalmente esta ley, recién ahí estaríamos en condiciones de crear una Dirección de Registro y Fiscalización en el ámbito del Ministerio de Salud de la Ciudad, que reemplace a la nacional”, explicó el titular de Asofar.
En esta misma vía, Di Salvo planteó que “es necesario reafirmar la importancia de la farmacia como centro primario de salud, donde no solo el Estado controla la legalidad y legitimidad de los medicamentos sino que la atención es brindada por profesionales farmacéuticos y personal idóneo para la atención y dispensa, cosas que indefectiblemente no va a encontrar en un kiosco o autoservicio. Asimismo, aseguro que es el primer lugar al que acude una persona ante una emergencia o problema y en donde seguramente va a encontrar una solución o un consejo”.
Siendo el acceso al medicamento un servicio público impropio debido a que, si bien el Estado debe garantizarlo, es brindado por los particulares privados, el dirigente empresarial sostuvo que “debería existir una distribución territorial adecuada para las farmacias, no de manera caprichosa, sino con incentivos, para que sea posible que estén asentadas aún en los barrios periféricos. Hasta ahora lo que podemos ver es que existe una amplia sobreoferta de farmacias en el centro y un cierto faltante en algunos barrios”.
También señaló que “los incentivos por parte del Estado deberían estar orientados a la provisión de créditos blandos, las exenciones impositivas y la promoción de la actividad, entre otros, a fin de garantizar a la población el acceso a un medicamento seguro. Y no con políticas que tienden a fomentar la venta en lugares impropios y generando una discriminación justamente a las poblaciones de más bajos recursos”.
“Paralelamente –aseguró Di Salvo–, estamos trabajando en el cierre dominical, en consonancia con lo que plantea la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), que es, asimismo, una medida que solicitó también el papa Francisco, a fin de que la familia pueda volver a gozar de un día común de descanso de esparcimiento y unión. Y el servicio no se vería afectado, dado que estaría garantizado a través del sistema tradicional de turnos obligatorios.”
Finalmente, el directivo de la cámara empresarial farmacéutica planteó: “El mayor problema de nuestra actividad es la falta de rentabilidad. Esto ocurre por la distorsión que existe con los precios de los medicamentos, que crecieron a un ritmo del 14 por ciento anual durante los últimos cinco años, mientras que el incremento de los costos salariales tiene un ritmo del 28 al 30 por ciento y el de los alquileres ronda el 25 por ciento. A todo esto, habría que sumarle una creciente presión impositiva por parte tanto de la Nación como de la Ciudad”.
En el cierre, Di Salvo afirmó que es necesario fomentar la actividad brindando condiciones de trabajo adecuadas: “Una seguridad eficiente, una correcta iluminación de las calles y la posibilidad de trabajar en un ambiente de mutua colaboración con las autoridades”.
