La reunión que, a pedido del presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, mantuvieron los artesanos con la secretaria de Gobierno y Control Comunal, Silvana Giúdici, siguió los carriles anunciados por NOTICIAS URBANAS en la mañana de este viernes: el Gobierno porteño mantuvo firme su postura de no permitir la instalación de puestos de artesanos ni en la calle Florida ni la plaza San Martín. En este último caso porque se trata de un lugar histórico.
Sin embargo, se les hizo saber a los artesanos que se están buscando alternativas para solucionar el conflicto. Por ese motivo se pactó la realización de una nueva reunión para el próximo lunes.
Desde la Secretaría de Gobierno y Control Comunal destacaron que la solución deberá provenir de otras áreas de gobierno ya que la función de la primera es ejercer el poder de policía. También aseguran que ahora los artesanos buscan diferenciarse de los comerciantes que venden mercadería ilegal -"antes el discurso era ‘todos somos hijos de la crisis’", confió un vocero comunal-, los cuales no fueron integrados a las negociaciones. Durante la reunión se les propuso a los artesanos la realización de un censo para establecer cuántos son -se estima que alrededor de 120-. Este dato sería utilizado en la búsqueda de soluciones al conflicto.
La disputa entre los vendedores de la calle Florida y el Gobierno porteño se agudizó a partir de los operativos de decomiso de puestos informales que comenzaron el martes pasado. Un día antes la Asociación Amigos de la Calle Florida había atacado mediáticamente al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por no hacer nada para combatir la venta ambulante en la peatonal. La tensión tuvo su pico máximo cuando los comerciantes de los locales de Florida amenazaron con sacar su mercadería a la calle y decretar una suerte de "rebelión fiscal" si no echaban a los vendedores ilegales. Esta medida fue ratificada por el vicepresidente de la CAME, Fabián Tarrio.
VOCES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA VENTA INFORMAL
El diputado porteño Carlos Campolongo (Justicia Social) afirmó este viernes que "es imprescindible defender y proteger el espacio público ante la irrupción masiva de vendedores de distinta índole que se instalaron sobre la calle Florida". Sostuvo además que "el Ejecutivo no debería esperar a que estalle el problema -como sucedió en este caso en particular- para implementar el cumplimiento efectivo de las normas a través de organismos eficaces de control".
Según el diputado porteño Jorge Enríquez (UCR) "la acción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la venta ambulante en la calle Florida es mediática, esporádica, inconsistente, falta de convicción e insuficiente: se realiza al día siguiente de la aparición del tema en la tapa de algún diario y cesa con la misma rapidez, cuando otras noticias lo desplazan de la preferencia informativa".
Enríquez, en forma conjunta con presidentes de organizaciones comerciales de la ciudad, entre ellas la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) había presentado el 10 de diciembre de 2002, ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 10 a cargo de Hugo Ricardo Zuleta, una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que éste ejerciera el poder de policía y erradicara la creciente ola de vendedores ambulantes que ocupan los espacios públicos y calles de la Ciudad.
En cambio el Partido Obrero (PO) exigió "que se cumplan los reclamos de los vendedores ambulantes y que cese la persecución y la represión que está llevando a cabo el gobierno de Ibarra". "Para estos compañeros la venta callejera es la única forma de asegurarse la subsistencia, en un país de millones de desocupados y en el que más de la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza", sostuvieron sus representantes.
