A raíz de los cambios proyectados a la reglamentación de la Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, el Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Elio Brailovsky, pidió que en la nueva reglamentación no se confundan las funciones del nivel técnico y las del nivel político.
De esta manera a su entender quedará claro que si la aprobación de una evaluación de impacto ambiental es un trámite administrativo, debe ser firmada por el nivel técnico, o sea, el Director General. Y si, en cambio, tiene tales implicancias que equivale a una decisión política, debe ser firmada por el máximo responsable político, es decir, el Secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano.
"Sucede que, por sus mismas características, los proyectos con relevante efecto ambiental tienen consecuencias importantes sobre la ciudad de Buenos Aires. Es necesario, entonces, que todos esos proyectos lleven la firma del secretario del área", afirmó el Defensor Adjunto.
Brailovsky sitó como ejemplo, la urbanización de Santa María del Plata que proyecta IRSA para la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Sobre un predio de más de 70 hectáreas, IRSA plantea hacer un barrio cerrado, en el cual por lo menos 50 hectáreas serían inaccesibles al público.
"Aprobarlo o no aprobarlo con el diseño propuesto por IRSA es, por supuesto, materia opinable, y precisamente por eso se trata de una decisión política. Desde mi punto de vista se trata de un barrio cerrado, de las mismas características de los que existen en las zonas de countries del Gran Buenos Aires. Para el arquitecto de IRSA, es una urbanización con algunos espacios de acceso restringido", afirmó.
Según Brailovsky, cuando consultó el tema, tanto con Epzstein como con la subsecretaria Margarita Charriêre, los dos dijeron exactamente lo mismo, y con las mismas palabras: "Yo no voy a firmar la autorización de un barrio cerrado. Pero el expediente todavía no me llegó".
"Si no he leído mal el decreto reglamentario (tanto el vigente como el proyectado), es probable que el expediente no les llegue nunca. Porque al definir como autoridad de aplicación a una Dirección General, esto supone que las decisiones de aprobar o no aprobar un proyecto las toma precisamente esa autoridad de aplicación", señaló.
Para el Defensor Adjunto "esto -añadió – que en una obra menor es un simple trámite administrativo, en casos como éste pasa a ser una decisión política de envergadura. Aprobar Santa María del Plata con el diseño que presentó IRSA significa modificar la concepción de Ciudad vigente desde su fundación por Juan de Garay en 1580, cuando fue diseñada como una ciudad con todas sus calles accesibles al pueblo".
