En un insólito fallo, fundamentado -a pesar de sus cinco páginas- sólo en la formalidad de que transcurrirían menos de veinte días entre su convocatoria y su fecha de realización, los jueces de la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Centanaro y Eduardo Ángel Russo suspendieron la Preaudiencia y la Audiencia a las que había convocado el Gobierno porteño para que la ciudadanía opine sobre la licitación de los residuos. Éstos intervinieron ante la apelación presentada por Emilio Jorge Parodi tras un fallo de primera instancia que autorizó ambos eventos.
Este fallo fue emitido el 28 de enero pasado por el titular del Juzgado N° 2 del mismo fuero, Roberto Gallardo, ante una medida cautelar que había presentado el abogado Javier García Elorrio, en la que solicitaba que el Gobierno mejorara la convocatoria, ampliando la cantidad de lugares de inscripción, extendiendo el horario de atención al público, habilitando la posibilidad al público de presentar sus propuestas por internet y encarando una campaña de afiches para publicitar su iniciativa que, de todos modos, no es obligatoria.
Parodi había presentado su recurso de amparo en forma contemporánea con García Elorrio, pero el juez Gallardo consideró que en su sentencia había cumplimentado lo solicitado por ambos. Parodi consideró que esto no había sucedido, por lo que apeló ante la segunda instancia. Russo y Centanaro discurrieron -por su parte- que si el plazo entre la publicación del Decreto 1732/02, de convocatoria a la Preaudiencia y a la Audiencia, ocurrida el dos de enero y su realización -que hubiera sido el tres y el cuatro de febrero- es menor de veinte días hábiles -como establece el artículo 45 de la Ley 6-, esto invalida ambos eventos.
Parodi, de todas maneras, pareciera haber presentado su recurso sólo para dilatar el evento, ya que solicitó en primer término "un tiempo prudencial para analizar el pliego y efectuar presentaciones y consultas"; en segundo término "un margen de tiempo entre la preaudiencia y la audiencia" y luego que se habiliten los 16 Centros de Gestión y Participación como lugares de información y de inscripción de los interesados en participar y luego una audiencia pública en cada unos de ellos, seguidas por una audiencia general, además de exigir el estricto cumplimiento de los veinte días, entre otras peticiones. Pero la sensación de la fiesta aparece luego, cuando pontifica, al referirse al fallo de Gallardo: "lo que allí se resuelve convalida la no participación de la ciudadanía en las audiencias que se realizarán los próximos días lunes tres y martes cuatro de febrero".
García Elorrio, al enterarse del fallo de la Cámara, le manifestó a NOTICIAS URBANAS que "suspender la audiencia y la preaudiencia es una pretensión excesiva, ya que no se puede evitar la participación en nombre de la propia participación". Pero, de todos modos, el abogado considera que "habría que preguntarse cómo es posible que la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno porteño puede incurrir en estos imperdonables errores".
UN FALLO QUE NO TUTELA EL BIEN A TUTELAR
En su fallo, los camaristas se refieren a los "graves vicios" que contiene el Decreto N° 1732/02, pero luego no los describen, excepto por el no cumplimiento de los veinte días entre su publicación y la realización de las audiencias. Por otra parte, el bien a tutelar -que es el derecho de la ciudadanía a opinar sobre una medida del gobierno- no se encuentra protegido por este fallo, que evita la utilización del mecanismo que la propia ciudadanía se disponía a utilizar para ello.
El secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, Eduardo Epszteyn, anunció que el fallo retrasará el proceso licitatorio por "dos o tres meses". Una fuente del Gobierno, por su parte, afirmó que "indudablemente hay un lobby que quiere dilatar la audiencia. El Estado porteño paga 15 millones de pesos por mes por el servicio de recolección de los residuos".
