A dos años de la sanción en el Congreso de una ley que aprobó el traspaso a la justicia de la Ciudad una serie de nuevos delitos, entre ellos el juzgamiento de casos de corrupción de funcionarios porteños, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, reclamó que el oficialismo porteño saque del cajón dicha normativa y permita que la Legislatura acepte la transferencia de competencias penales.
“La justicia está en condiciones de hacerse cargo sin dilación”, sostuvo Olmos en el marco de una jornada realizada en la Legislatura para analizar la ratificación y entrada en vigencia de la ley, conocida también como tercer convenio de transferencias penales.
El Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad instó al Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro y a los legisladores del PRO a aprobar la aceptación de la ley nacional “en defensa de la autonomía y de las instituciones políticas de la Ciudad” y remarcó: “Desde aquella reforma del ’94 y la constituyente del ‘96 venimos trabajando en pos de tener los mismos derechos y las mismas atribuciones que tienen el resto de las jurisdicciones de nuestro país. La excusa de que el traspaso se haga con los recursos, no puede ser el impedimento para avanzar, menos en una ciudad donde el proyecto de presupuesto enviado para el año próximo supera los 60 mil millones de pesos”.
En su exposición, el titular del órgano administrador del Poder Judicial porteño no sólo destacó que una vez ratificado por la Legislatura el traspaso de competencias la justicia de la Ciudad podría investigar un importante número de delitos vinculados a causas que hoy tiene en sus manos, también remarcó que defender la autonomía plena de la Ciudad “además de ser una manda institucional, es un compromiso de todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública”.
La Ley N° 26.702 de traspaso de compentencias penales fue sancionada a partir de un proyecto del senador Daniel Filmus, que incluye entre las transferencias de la Nación a la Ciudad los casos por delitos de lesiones, abuso de armas, violación de domicilio, penalización de actos discriminatorios; atentado y resistencia contra la autoridad , abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, falsificación de documentos, profilaxis y estupefacientes, entre otros.
“La aprobación de este proyecto sería un paso adelante para la justicia porteña porque todos nuestros jueces y camaristas están en condiciones de hacerse cargo de ese paquete sin dilación, dejando de lado la mezquindad y la cuestión de recursos”, sostuvo Olmos ante un auditorio compuesto por funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad. Y agregó: “El Tribunal Superior de Justicia será, en definitiva, la garantía de la alzada final de las causas que se tramitan en nuestra jurisdicción. Tenemos que continuar trabajando y no claudicar para defender que nuestros ciudadanos tengan la aplicación de la ley a partir de las autoridades de nuestro sistema institucional. Es una discusión político institucional que desde el Consejo vamos a seguir dando para alcanzar la plena autonomía de la Ciudad ”.
El próximo lunes 21 de octubre, entre las 13 y las 17.30 horas, se desarrollará en el Salón San Martín de la Legislatura porteña (Perú 160) la segunda jornada del “Primer Seminario sobre Transferencia de Competencias Judiciales: Nación – Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En este segundo día se finalizará el análisis de los delitos objeto de la transferencia (estupefacientes, artículos 14, 29 y 34 de la Ley Nº 23.737); y se expondrá sobre la organización y el funcionamiento de las estructuras vinculadas a la prestación del servicio de justicia en el Fuero PCyF de la Ciudad de Buenos Aires: el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF; los Centros de Detención; y la Oficina de Control de las Condiciones de Detención de Personas y de Ejecución de Probations y de las Penas Privativas del Ministerio Público de la Defensa de la CABA.
