En la tarde del jueves 17 de octubre el Consejo de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunió por segunda vez desde su creación, hace poco más de tres meses, a partir de la firma de un decreto del Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
El encuentro, al igual que en la primera sesión, se celebró en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y tal cual lo acordado en la reunión inaugural, la transferencia de recursos para asumir nuevas competencias penales y un proyecto para avanzar en el sistema de justicia vecinal fueron los ejes de la reunión.
“El Consejo es un instrumento útil y eficaz para que los proyectos de justicia vecinal y de transferencia de competencias judiciales sean consensuados por todos los actores del Gobierno de la Ciudad en forma rápida, eficaz, democrática y próxima al vecino”, explicó semanas atrás a este medio el subsecretario de Justicia porteño, Javier Buján, quien de acuerdo al Decreto tiene a cargo su aplicación.
Más allá de este objetivo –el de congregar a todas las autoridades relacionadas con la justicia porteña para lograr consensos- no son pocos los funcionarios y magistrados porteños que consideran en la intimidad de despachos o charlas privadas un exceso de Mauricio Macri y un avance sobre la independencia del Poder Judicial para administrarse y definir políticas judiciales el convocar por decreto a las máximas autoridades de la Justicia local para trabajar en temas que son de interés del Poder Ejecutivo.
Esta postura crítica a la creación de un Consejo de Justicia por decisión del Jefe de Gobierno se evidenció en las numerosas ausencias en la reunión celebrada el pasado jueves.
Según el decreto 273/13 este espacio creado por Macri se integra con representantes de los tres poderes del Estado local, pero varios de sus miembros plenos (aquellos con voz y voto) encontraron diversas razones para ausentarse. A diferencia de la primera sesión, ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Lozano, ni el vicepresidente, José Casás, se sumaron al segundo encuentro del Consejo de Justicia. En su representación se hizo presente José Luis Mandalunis, secretario Judicial en Asuntos Penales Contravencionales y de Faltas del TSJ. Tampoco fueron parte de esta segunda sesión los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de la Ciudad, Esteban Centanaro (CAyT) y Marta Paz (PCyF), quienes sí habían sido parte del primer encuentro. Para explicar este cambio de postura, varias voces coinciden en que votar a favor o en contra de alguna decisión o proyecto podría fundar algún tipo de cuestionamiento si llegara a manos de estos jueces alguna causa vinculada con los temas tratados.
Más allá del posible justificativo de la ausencia de los jueces para evitar que sean acusados de prejuzgar, no son pocos los que sostienen que hay una decisión mucho más política que jurídica en los faltazos.
En la primera reunión del Consejo de Justicia no asistió ningún miembro con voto del Consejo de la Magistratura. Según el decreto de Macri, el comité ejecutivo del consejo porteño (el presidente, Juan Manuel Olmos, la vicepresidenta, Alejandra Petrella, y la secretaria, Alejandra García) son los únicos miembros del Consejo de la Magistratura con voz y voto en el Consejo de Justicia. Ninguno de estos tres consejeros fue a la primera reunión y tampoco se hicieron presentes en la segunda. “Esto se debe a una decisión política de Olmos quien bajó la línea de no ser parte de un ‘Consejo’ que se arroga facultades que son propias del Consejo de la Magistratura y de la Legislatura”, sostuvo una fuente judicial.
Más allá de esta posición crítica por parte del titular del Consejo de la Magistratura local sobre una decisión del titular del Ejecutivo porteño, cierto es que días atrás Olmos expuso su postura en relación a la aceptación de nuevas competencias penales transferidas por ley nacional, y remarcó que reclamar la transferencia de recursos para aceptar los traspasos era “una excusa” por parte del PRO.
Mientras que el Consejo de Justicia creado por decreto de Macri aprobó en la reunión de este jueves enviar a la Legislatura un pedido para que el Parlamento local manifieste su preocupación por el incumplimiento de la ley de traspaso e “inste al Ejecutivo Nacional a que realice la transferencia de competencias judiciales con los correspondientes recursos”, el presidente del Consejo de la Magistratura porteño sostuvo que “ todos nuestros jueces y camaristas están en condiciones de hacerse cargo de ese paquete sin dilación, dejando de lado la mezquindad y la cuestión de recursos”.
Otras figuras que se sumaron a las ausencias fueron las tres autoridades del Ministerio Público. El fiscal General Germán Garavano envió en su representación al fiscal general adjunto, Luis Cevasco; el defensor General Mario Kestelboim tampoco fue parte de la reunión y en su nombre se hizo presente la defensora adjunta Graciela Christe; y la asesora General Tutelar Laura Musa no se sumó a la mesa estando sí presente la adjunta Ángeles Baleiro de Burundarena. Y el dueño de casa, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, tampoco fue parte de la segunda sesión del Consejo de Justicia.
A pesar de las ausencias de las principales autoridades judiciales de la Ciudad, la presencia de representantes y de miembros plenos -como Javier Buján; el director General de Justicia, Adrián De Stéfano; el subsecretario de Asuntos Políticos, Nicolás Ducoté; el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Martín Ocampo, y el vice Claudio Presman- fueron suficientes para lograr la aprobación de la declaración para que la Legislatura reclame al Gobierno Nacional la transferencia de recursos y también para avanzar en un proyecto sobre justicia vecinal que será remitido en breve al parlamento porteño.
“Se trabajó sobre un proyecto del fiscal General, Germán Garavano, y luego de analizar un comparativo entre diversas iniciativas presentadas en la Legislatura llegamos a un proyecto de consenso con algunas modificaciones sobre el original. El esquema de Justicia Vecinal al que llegamos plantea tribunales vecinales distribuidos en las comunas, con un juez técnico y dos jueces legos que podrán convocarse a pedido de las partes y que serán designados por sorteo. También se acordó que en la justicia vecinal el patrocinio letrado sea optativo”, explicó el subsecretario de Justicia, Javier Buján.
Así como la transferencia de recursos enfrenta a Macri con Olmos si de aumentar competencias judiciales se trata, el proyecto de justicia vecinal también genera diferencias entre un consejo y otro. Mientras el Consejo de Justicia propone un proyecto de ley, en el Consejo de la Magistratura porteño desde hace meses se trabaja en la creación de tribunales vecinales con varias experiencias de role playing -juego de roles- sobre la temática.
