La ley de defensa de la libertad de expresión, impulsada por el macrismo, aprobada en la Legislatura y apelada en la Justicia porteña ya tramita en el Tribunal Superior de Justicia. Hay un plazo de 80 días para definir su destino, luego de los planteos judiciales interpuestos desde el kirchnerismo porteño.
En el Parlamento, tanto Proyecto Sur como Coalición Cívica, hoy devenido en UNEN, apoyaron la iniciativa. El FpV, en tanto, inició acciones judiciales contra la nueva ley. La diputada Gabriela Cerruti logró una cautelar del juez contencioso de la Ciudad, Osvaldo Otheguy.
En paralelo, desde la Defensoría General Mario Kestelboim, uno de los referentes de la corriente Justicia Legítima, promovió una causa (aunque en realidad los escritos los firmó un abogado particular) que finalmente llegó al tribunal que preside Luis Francisco Lozano.
Macri había anunciado el DNU en mayo pasado, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) se declaró en condiciones de tener una mayor intervención en el management de aquellas empresas que tienen al Estado como accionista, entre ellas, el monopolio Clarín.
La norma prevé la creación de un nuevo fuero para causas de libertad de expresión que se encuadra en el Poder Judicial porteño y que incluye a las empresas de medios con domicilio en la Capital. Mientras esos tribunales no estén habilitados, la autoridad a cargo es el Tribunal Superior.
Respecto a quienes tendrán la última palabra en el TSJ, Lozano preside la junta que agrupa a los presidentes de las cortes y los tribunales superiores de todas las provincias. En el tribunal de la calle Cerrito se encuentran Inés Weinberg de Roca, recientemente llegada al Tribunal con el auspicio del Pro en un peleada votación en la Legislatura, y por el otro, Alicia Ruiz, que también participa en los encuentros de Justicia Legítima. La nómina se completa con Ana María Conde, proveniente del fuero civil, y José Casás, exsecretario de Legal y Técnica durante la administración de Raúl Alfonsín y exprocurador ante la Corte Suprema.
A diferencia de la Corte Suprema, el organismo porteño tiene un plazo de 80 días y la obligación de realizar una audiencia pública de estilo similar a la que ya tuvo lugar en la calle Talcahuano por la ley de medios. En este caso deberían acudir la Defensoría General, el fiscal general Germán Garavano (quien se encuentra en el tramo final de su mandato) y el procurador porteño, Julio.
El dato: en esta cita no le tocará hablar a los letrados de Clarín dado que, al menos por ahora, no figuran en ninguno de los expedientes relacionados con el debate.
