Un fallo de la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno porteño facilite la escrituración de las viviendas que un grupo de vecinos adquirió hace 20 años, a través de un proyecto de la ex Comisión Municipal de la Vivienda.
El documento obliga al gobierno porteño a permitir que la compra se formalice “a un precio justo teniendo en cuenta las erogaciones económicas que se registran desde 1993”, fecha en que se realizó la operación inmobiliaria.
Los vecinos habían presentado una acción de amparo contra el Gobierno porteño, y con el objetivo de que “se diera inmediato cumplimiento a lo normado por la ley Nº 2033”.
Esa norma, que aprobó la Legislatura porteña en 2006, había creado un registro destinado a inscribir a los deudores de las cooperativas de vivienda y a facilitar acuerdos para la cancelación de las deudas pendientes con esas organizaciones.
