El 29 de junio último a las 12:30, una joven de 28 años llegó a la guardia del Hospital Fernández en medio de un aborto en curso. La atendieron las médicas de Julieta Wainfeld y Virginia Diedrich, que constataron que el feto ya estaba muerto y que, presuntamente, la mujer había utilizado pastillas para inducir la pérdida de su embarazo.
A la mañana siguiente, la médica Rosana Elizabeth Buffa, del área de obstetricia del hospital, denunció penalmente a la joven ante la policía. En esa circunstancia, un grupo de celosos agentes del orden se presentaron en el nosocomio y se llevaron detenida a la mujer, que estuvo durante 10 horas en una celda de la Comisaría 53ª, a pesar de que todavía sufría de pérdidas intermitentes.
Denuncia anulada
La causa penal iniciada contra la joven fue sobreseída por el titular del Juzgado Nacional de Instrucción Criminal Nº 13, Luis Alberto Zelaya, que consideró que se debía declarar la nulidad de la denuncia “por haber tomado noticia del hecho perseguido a través de un medio probatorio ilícito”. La razón de esto es que el secreto médico exige a los profesionales de la salud que mantengan la confidencialidad sobre los hechos de los que se enteran a través de su vínculo con los pacientes.
Además, Zelaya cuestionó la actuación policial porque no respetó el derecho constitucional a la no incriminación.
Además del juez, tomó intervención también la Defensoría General de la Nación, que concluyó en que el sobreseimiento dictado a la joven “no repara las distintas violaciones de derechos humanos a las que fue sujeta ni es en sí mismo una garantía de no repetición”.
Además, la defensoría envió una nota a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud y al director del hospital Fernández, José Lanes, manifestando su preocupación por la actitud tomada por la médica que denunció a la joven parturienta, de la cual considera que violó su obligación de guardar el secreto profesional.
La ministra de Salud contestó la misiva de la Defensoría informando que “los médicos están obligados a realizar la intervención policial”, si encuentran “la presunción o evidencia de maniobras abortivas”, por orden “de la Dirección General Legal y Técnica” del Ministerio, lo que contraría un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consideró que el conocimiento de hechos que podrían ser tildados como delictivos dentro el marco de la relación médico-paciente deben quedar al amparo del secreto profesional, lo que exime al facultativo de realizar una denuncia contra éste.
Las quejas de la víctima
La mujer relató ante las autoridades de la Defensoría que las médicas que la atendieron obraron con malevolencia contra su persona, entre otras cosas, recetándole dosis menores de medicación para disminuir el dolor para que “sienta lo que hizo” (sic). Lo mismo, posteriormente una enfermera le suministró la dosis necesaria para disminuir los dolores.
