Fue la peor semana de Jorge Capitanich en su actual cargo. Si el exjefe de Gabinete de Eduardo Duhalde se había entusiasmado con un protagonismo, inédito para él en la década K, y hasta había soñado con prolongar el alquiler provisorio que le dieron en la Casa Rosada, los últimos días debieron de haberlo devuelto a la realidad. La ola de saqueos que convirtió por un rato a Córdoba capital en tierra impune y arrasada tuvo en el chaqueño una respuesta pública previsible y corta para la situación. Para el ojo de la gente, las imágenes de descomposición social trascendieron la aburrida pelea “oficialistas versus exoficialistas”. El temor del hombre común supera la dicotomía política entre los funcionarios nacionales y un cordobés converso.
Capitanich sufrió también la bienvenida de sus nuevos compañeros. Mientras él sostenía erguido el discurso antidelasotista, argumentando que no había por qué mandar gendarmes a la lejana Córdoba, a los pocos minutos Sergio Berni lo dejaba en offside anunciando en una radio amiga que los uniformados estaban prestos para dar ayuda. Fue el primer desaire público para el flamante hombre fuerte del Gobierno. Mientras tanto, su rival interno más fuerte para la presidencial de 2015, Daniel Scioli, festejaba por lo bajo ante la agenda programada de Capitanich. ¿Cómo partir a Paraguay a una visita por el dengue cuando hay posibilidad latente de nuevos saqueos? ¿Quién garantiza que en las próximas horas no se agrave una crisis que, de arranque, dejó dos muertos en Córdoba?
La oposición también aprovechó para subirse a la ola y reclamar el envío de ayuda a la provincia devastada. Mauricio Macri, Sergio Massa y Julio Cobos, entre muchos otros, hicieron fila para indignarse ante las cámaras. Otra marca para el jefe de ministros K. Su buena predisposición para recibir dirigentes de otros bandos no garantiza amparo cuando la crisis quema.
En los gobiernos nacional y provincial se apuraron en despegar los delitos de cualquier necesidad social. No son pobres, son delincuentes. La diferenciación, a la vista atendible –se vieron camionetas cero kilómetro cargando mercadería y bandas motorizadas vaciando lo que venga–, podría eximir a los funcionaros de su obligación asistencialista, pero de cara al futuro instala una preocupación más profunda. ¿Y esto cómo se da vuelta? Si la fórmula para desarmar las bandas de saqueadores necesitados de 2001-2002 fue el reparto de pan y plata, ¿cuál es la receta tras una década de derrame y planes sociales?
La incógnita y el miedo encaminan a una conclusión política y económica: en 10 años, ni el kirchnerismo nacional ni los gobiernos provinciales lograron instalar pilares para recomponer una sociedad normal. En cambio, se consolidó una marginalidad dura, ya no solo en lo más bajo de la pirámide de ingresos. Existe delito común, narcotráfico y delincuentes refugiados en villas, pero también en countries, todo incorporado en la realidad cotidiana y con pronóstico reservado.
Después de los primeros cambios tras la operación de Cristina y el bochazo electoral, todos los ojos apuntaron al campo económico. Y aun cuando las principales medidas conocidas no salieron del libreto del clásico ajuste posfiesta, había cierta sensación de mal trago necesario. Se le pagará a Repsol y podría llegar alguna inversión, el dólar turista podría ayudar a frenar la fuga de divisas, los que compren autos caros también deberían sacrificar más su bolsillo. Los saqueos cambiaron la agenda y volvieron la lupa sobre el otro gran tema que, sin novedad, preocupa a todos: la inseguridad.
El Gobierno, cada vez más alejado de su relato, ya había tomado nota en esta nueva etapa de despedida. La salida de Arturo Puricelli, una suerte de ministro fantasma, blanqueaba una situación de hecho: que el que maneja el área es el “doctor” Sergio Berni. Aun cuando este militar no fue nombrado como su reemplazante, puso allí a una persona de su extrema confianza, María Cecilia Rodríguez.
La idea del Gobierno es concentrarse en la lucha contra el narcotráfico y encaramarse, cuándo no, en otra pelea de poder, ahora contra la Justicia. Cuando se le pregunta por el problema de la droga en el país, Berni defiende su acción y busca dividir aguas: por un lado, dice que debe atacarse el tema también desde el ámbito de la salud –algo de eso se supone que hará, con contención social, el cura Juan Carlos Molina, como nueva cabeza del Sedronar–. Por el otro, el secretario de Seguridad apunta con nombre y apellido a la Justicia y cita casos de detenciones y decomisos frustrados por el accionar de magistrados y fiscales.
Por eso, si la situación lo permite, Berni ahondará en sus apariciones televisivas con operativos antidroga. La idea es dejar al descubierto la supuesta inacción judicial. Esto, si la realidad no altera los planes. Capitanich puede dar fe de esos obstáculos inesperados.