El titular del Juzgado Nº 3 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, Pablo Mántaras, al fallar sobre un amparo presentado por la
Asociación de Amigos de la Barraca Peña, le ordenó al gobierno porteño que encare las obras necesarias para “detener el proceso de deterioro del complejo”, un edificio histórico que data de mediados del Siglo 19, que actualmente sobrevive penosamente, aquejado desde hace tiempo por un inminente riesgo de derrumbe.
El amparo pertinente fue prsesentado, entre otros por el titular de la Asociación, el ex legislador porteño Milcíades Peña, que además presidió hasta 2007 la Unidad Ejecutora de Obras y Proyectos para la Promoción Turística del Barrio de La Boca. “Como era de esperar, desde el Gobierno de la ciudad apelaron la medida dispuesta del juez Mántaras. En su presentación hicieron lo que hacen siempre, después de poner en la sede de la Barraca tres postes y un cartel de obra”, expresó el ex legislador.
Peña relata, entre expresiones de asombro y sonrisas cargadas de ironía, que “el siete de noviembre el juez les envió un escrito, al que contestaron desde el Gobierno que -coincidentemente- el cinco del mismo mes se había adjudicado de manera directa una obra que -también afortunadamente- cubría los mismos objetivos que Mántaras les proponía, por la que presentaron los papeles de la licitación que nosotros
habíamos convocado en 2007 y ellos nunca concretaron”.
En su resolución, Mántaras le ordenó al Gobierno porteño que “adopte en forma urgente las medidas que resulten apropiadas a efectos de detener el proceso de deterioro del complejo denominado Barraca Peña, poniendo en práctica de manera inmediata aquellas que resulten adecuadas para evitar todo riesgo de derrumbe. A tal fin, deberá evaluar la procedencia de las acciones urgentes propuestas por el Arq. Juan Pablo Pekarek, y en caso de no adoptarse alguna de ellas, o de implementarse medidas sustitutivas, deberá el GCBA fundar debidamente en autos tal proceder, dentro del término de 5 (cinco) días”.
En el segundo punto de la Resolución, el juez le ordenó a la administración de Macri que “dentro del plazo de 10 (diez) días, elabore un informe técnico pormenorizado del estado actual del conjunto edilicio que conforma la Barraca Peña, en el que se detallen la medidas conducentes para su reconstrucción y restauración”.
La Paradoxa
A veces es proverbial la contradicción entre los dichos y los hechos en la que suelen caer los funcionarios. El antiguo y, por lo visto, casi olvidado filósofo ateniense Platón dividió en tiempos remotos al conocimiento en dos categorías: la doxa y la episteme. Esta última fue definida por Platón y su discípulo Aristóteles como el conocimiento científico, el conocimiento de las cosas por sus causas y, por lo tanto, el que “es verdad por necesidad”. La doxa, en cambio, ambos la asimilan con la opinión, con el conocimiento superficial, el que se capta por medio de los sentidos.
Esta audaz inmersión en el insondable mundo de la filosofía es la necesaria introducción ante las no menos audaces y constantes incursiones que encaran algunos funcionarios por los túneles de la administración pública, disparando su doxa sin ton ni son. Por caso, Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento Urbano del Gobierno porteño, afirmó en la introducción del libro “La protección del patrimonio edilicio. Introducción al Atlas de edificios catalogados de la Ciudad de Buenos Aires”, que “en la actualidad (…) implementar la mera restricción de
dominio no es suficiente. Es necesario utilizar múltiples instrumentos económicos que incentiven la protección, la puesta en valor y la
recuperación de las obras y entornos significativos”.
Lostri es el segundo funcionario en importancia dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y, en esa función es el responsable de proteger el
patrimonio histórico y cultural. En ese sentido se pronunció al presentar el Atlas, que, más allá del tema que nos ocupa, mereció muchas críticas por diversos errores.
El funcionario, que debía proteger la Barraca Peña, antes se desentendió en múltiples ocasiones del accionar de los depredadores urbanos. El 1º de mayo de 2008, sin ir más lejos, una empresa demolió dos casas del siglo XIX. En una de ellas había vivido el ingeniero Pedro Benoit, que diseñó los planos de la ciudad de La Plata. Estaban situadas en la esquina de Bolívar e Independencia, por lo cual, adicionalmente, los destructores borraron del patrimonio urbano el mural “Carnavales de Antaño”, que había sido pintado por el Grupo Muralista del Oeste, ganador de un concurso convocado ad-hoc por el Gobierno de la Ciudad.
La empresa no actuó de manera improvisada. La propia subsecretaria de Patrimonio del Gobierno porteño, Josefina Delgado, informó que los
empresarios, al no obtener el permiso para realizar la demolición, presentaron un informe en el que afirmaron que ambos edificios estaban muy
deteriorados y que presentaban riesgos de derrumbe. Al producirse esta circunstancia, la funcionaria ya debió haber sabido que iba a haber
problemas. Incluso, informó -la demolición ya se había concretado- que los empresarios “todo el tiempo tuvieron mala intención”. Esta falta de respuesta casi puede traducirse como complicidad.
En julio de 2010, otra empresa comenzó a demoler el antiguo Asilo de Hombres San Vicente de Paul, ubicado en Sánchez de Bustamante y Pacheco
de Melo, lo que motivó una denuncia de los vecinos, que buscaban proteger el antiguo edificio. La respuesta del estado porteño fue igual de lábil que en el caso de la casa de Benoit. Dos inspectores se hicieron presentes en la obra, pero un sereno no los dejó entrar. Lejos de molestarse, los agentes de la ley se retiraron con el rabo entre las piernas. Lo curioso es que desde las ventanas del edificio, que está detrás del Hospital Rivadavia, se podían ver perfectamente los escombros y los restos que dejó la demolición.
En los casos de la Barraca Peña, la Casa Benoit y el Asilo San Vicente de Paul, el Ministerio de Desarrollo Social exhibió una respuesta muy lábil en la defensa del patrimonio cultural de la Ciudad. Uno de los problemas es que las sanciones para los privados es casi mínima, tanto que la multa que deben pagar es considerada por los infractores como una inversión más, similar a las horas de trabajo de la retroexcavadora o los camiones que se llevarán los escombros y los hombres que trabajarán en la carga y descarga de materiales y herramientas.
La paradoxa es que, paralelamente, las explicaciones que suelen aparecer tras la desaparición de las obras que son catalogadas como patrimonio cultural o histórico demuestran una alarmante falta de profesionalidad, aunque en realidad los funcionarios fingen desconocer lo que conocen. Es el caso del ministro Daniel Chain, que asegura que “no puedo poner un inspector en cada esquina”. Es sorprendente lo fácilmente que un funcionario pasa de la episteme a la doxa, cuando lo lógico sería pensar que cualquier individuo que estudia en profundidad una materia transita el camino que lleva desde la doxa -el conocimiento superficial- a la episteme -o conocimiento científico.
De todos modos, alegar desconocimiento de los hechos y de las leyes no amerita sobreseimiento.
