Este miércoles la Legislatura porteña aprobó por 31 votos afirmativos y 22 negativos el proyecto de reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa -que tuvo despacho mayoritario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia- obtuvo el apoyo del Frente Compromiso para el Cambio, el bloque Unión para Recrear Buenos Aires, el bloque del Partido de la Ciudad y el monobloque Compromiso Social, que integra Mirta Onega.
Más de la mitad de los legisladores hicieron uso de la palabra. Algunos con datos concretos y una postura sólida -ya sea a favor o en contra de la reforma-, otros se limitaron a confundir conceptos y argumentos políticos para fijar posición frente a un tema que ha sido largamente debatido en la Legislatura.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Helio Rebot (Compromiso para el Cambio), señaló que "si no somos parte de la solución somos parte de los problemas. El Código Contravencional de Aníbal Ibarra y Eugenio Zaffaroni ha sido un fracaso y si no hacemos nada para modificarlo, estamos contribuyendo a que esto siga así".
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio de Giovanni (Partido de la Ciudad), sostuvo que "la Ley 10, conocida como Código de Convivencia, fue dictada al calor de la derogación de los edictos policiales. Respetamos a los legisladores que intervinieron, pero hoy la experiencia y las estadísticas indican que tiene fallas. Es necesario entonces dictar un nuevo Código".
El diputado socialista Norberto La Porta reconoció que se han cumplimentado todas las instancias establecidas en este tema pero manifestó que el nuevo Código "debe ser el reflejo de un consenso alcanzado entre todos aquéllos que queremos vivir en una sociedad civilizada".
Su compañero de bancada, Roy Cortina, agregó que "no es que el Código haya fallado sino que la policía no aplica el Código o lo aplica mal, para que se reediten los edictos policiales. Y con este nuevo Código que quieren imponer con una ajustada mayoría es lo que quieren hacer".
La diputada Vilma Ripoll (Izquierda Unida) aseguró que "le quieren vender gato por liebre a los vecinos de Buenos Aires para cumplir un reclamo de más seguridad que hay en la sociedad. Porque los que redactaron este nuevo Código ya decidieron que los culpables de la inseguridad en la Ciudad son los pobres".
Jorge Enríquez, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que "este Código que queremos aprobar va a prevenir el quehacer delictivo, no va a combatir el trabajo honesto como quieren hacer ver. Con este nuevo Código queremos evitar que siga habiendo 11.000 hurtos en la Ciudad de Buenos Aires, no queremos alentar la mano dura".
La presidenta del bloque de Unión para Recrear Buenos Aires, Fernanda Ferrero, afirmó que "no hay que confundirse. La gente que se encuentra presente en el recinto no es todo el pueblo, el pueblo en su mayoría está fuera del recinto y ha manifestado electoralmente su acuerdo con la necesidad de reformar el Código Contravencional. No hay que olvidar que es una de las promesas de campaña que realizaron muchos de los candidatos en las últimas elecciones porteñas".
Los integrantes del Bloque Plural, los diputados Juan Manuel Velasco y María Eugenia Estenssoro, no acompañaron el proyecto mayoritario porque no están de acuerdo "con que se apruebe un nuevo Código por un mero acto marketinero que no ha sido debatido lo suficiente". Ambos aseguraron: "Nuestro Código tiene que ser una norma de consensos reales".
Por su parte, el presidente del bloque del ARI, Fernando Melillo, expresó: "Estamos pidiendo la vuelta a Comisión del proyecto no para que no salga más sino para arribar a un Código consensuado que resuelva los problemas y no que sólo sirva para quedar bien en los diarios de mañana". Inmediatamente Melillo justificó el por qué del "archivo", perdón vuelta a comisión. Un acto fallido que echa por tierra su primera aclaración.
De todas maneras, la vuelta a Comisión se puso a consideración, a instancias del diputado arista Fernando Cantero, pero de 51 diputados presentes en el recinto sólo votaron 21 a favor.
Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria), quien habló a título personal y no en representación del bloque que integra, explicó: "Considero que es necesaria una reforma del Código Contravencional y por eso presenté un proyecto en ese sentido, el que se suma a más de 15 iniciativas presentadas a tal efecto. Sin embargo, no voy a acompañar el dictamen de mayoría a pesar de haberlo firmado, porque considero que no hay un código de fondo. Votar un proyecto que cuenta con una mayoría tan ajustada significaría que el nuevo Código nazca con los mismos cuestionamientos que sufre el actual".
El vicepresidente segundo de la Legislatura, el kirchnerista Miguel Talento, se mostró proclive a una reforma "moderada, inteligente y racional" pero aseguró que su bloque iba a votar en contra del despacho de mayoría porque considera que "no ha sido lo suficientemente debatido".
La diputada ibarrista Alicia Caruso sostuvo, por su parte, que "es increíble que se le quiera hacer creer a los vecinos que modificando el Código Contravencional se van a solucionar los problemas de inseguridad" y se manifestó en contra de una serie de figuras contravencionales que "no contribuyen a fomentar la instancia de la mediación".
El último orador fue el diputado macrista Ricardo Busacca, quien afirmó no entender "cómo hay legisladores que dicen que la reforma del Código Contravencional se comenzó a debatir hoy, cuando hace muchísimos meses que se viene analizando la gran cantidad de proyectos de todos los colores políticos que se han presentado a tal fin. Se ha hablado de mayoría reducida, cuando nunca se hace mención a esto cuando se tratan expropiaciones".
El tratamiento en particular se llevaría a cabo el viernes 16 de julio. Hasta que eso no suceda, aún no se puede hacer mención a los alcances que tendrá el nuevo Código Contravencional. Porque lo que va a definir el tenor de la norma y las figuras que se van a introducir a la legislación actual será el debate minucioso de cada artículo.
En líneas generales, el despacho de mayoría establece un régimen especial para menores de entre 16 y 18 años, que no son pasibles de la pena de arresto; el arresto como máxima pena; penalizar la obstrucción de la vía pública cuando no sea en cumplimiento de un derecho constitucional y habiendo avisado a la autoridad competente y se agrava la sanción si produce embotellamientos; y se sanciona la oferta y demanda de sexo en la vía pública cuando se ejerza en cercanías de viviendas, templos o establecimientos educativos, tal como planteó el jefe de Gobierno en su propuesta.
Luego de la sanción en general del despacho, un grupo de vendedores ambulantes, piqueteros y partidarios de izquierda intentaron ingresar a la Legislatura a demostrar su enojo. Hubo incidentes varios con el personal de seguridad del parlamento.
