En el semanario Noticias Urbanas número 427 fue publicada en la página 8 una nota que llevaba la misma firma que quien esto escribe, en cuya
volanta escribimos: “Nuevos nombres en Organismos porteños” y que llevó por tìtulo “Quién es quién”.
La nota contenía un detallado informe sobre los nuevos funcionarios que designó la Legislatura para el Ministerio Público Fiscal, además de
muchos otros cargos, como la Defensoría del Pueblo, el Ente Único de Control de los Servicios Públicos, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
y el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.
Nosotros, en Noticias Urbanas, solemos alardear acerca de nuetro apego a la fidelidad informativa y a la certeza de nuestras fuentes, que
suelen brindarnos informaciones veraces y confiables. Pues bien, en esta ocasión, nuestra fuente institucional falló y hubo un nombre que
publicamos que no era exacto.
El relato de los hechos es el siguiente. El 10 de diciembre último recibimos un correo electrónico institucional, originado en la Dirección
General de Prensa y Difusión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual informaba, bajo el título “Designaciones en
importantes cargos públicos”, acerca de los nuevos funcionarios que terminaba de designar la Legislatura en su sesión del 9 de diciembre,
detallados en párrafos anteriores.
Entre tantos nombres y cargos, se deslizó en el segundo subtítulo del e-mail enviado desde la casilla institucional de la Legislatura el
nombre de María Verónica Ramírez, a la que investían como una nueva Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas. Este nombre era erróneo, pues la verdadera fiscal designada para ese cargo se llama Celsa Victoria Ramírez, una abogada recibida
en la Universidad de Buenos Aires, que trabaja en el Ministerio Público Fiscal desde 1999.
Celsa Ramírez fue designada en alguna ocasión como fiscal subrogante y en concepto de tal el 6 de noviembre de 2012 citó a declarar como
testigos a funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a los directivos de las empresas recolectoras de residuos para
pedirles explicaciones por las causas por las cuales el trabajo de recolección no se estaba realizando, a causa de un conflicto gremial.
Anteriormente, en mayo de 2011, un diario fueguino publicó su nombre como postulante a integrar el Tribunal de Juicio en lo Criminal de
Ushuaia, Tierra del Fuego.
Le pedimos disculpas a la doctora María Verónica Ramírez, cuyo curriculum vitae -que nosotros publicamos- ella misma consideró que era correcto, excepto en cuanto al año de su ingreso a la Justicia, que no fue en 1995, año en que recibió su título de abogada, sino en 1989.
