Con la idea latente de rescindir las concesiones a las empresas de energía, el Gobierno nacional comenzó a evaluar la alternativa de reforzar la intervención estatal en el manejo y control de Edesur y Edenor.
El plan consiste en “capitalizar” con acciones de esas empresas las inversiones que el Estado pagó en los últimos años en la red metropolitana. Eran obras que contractualmente debían haber hecho las empresas con subas de tarifas que no fueron autorizadas.
Tras la conferencia del viernes pasado del ministro de Planificación, Julio De Vido puso en funciones a sus asesores para ver hasta dónde se puede aplicar el nuevo esquema de “capitalización”, publica Clarín. El tema comenzaría a tratarse oficialmente este lunes en la primera reunión del año de la “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica de Inversiones Hidrocarburíferas”, que preside el ministro de Economía, Axel Kicillof. Dicha comisión está integrada por funcionarios de Planificación y Economía y desde 2012 fija los grandes lineamientos de la política energética.
De Vido informó durante su conferencia de prensa que se aplicará multas y resarcimientos por los cortes. Tras destacar que en la última década el Gobierno destinó $ 72.150 millones para obras eléctricas y gasíferas, anticipó que “el Estado deberá capitalizar y poner en valor lo que ha invertido hasta ahora en el área energética”.
En el caso de Edesur, la intención oficial es acceder a un porcentaje minoritario de las acciones para tener una injerencia directa en la empresa. En Edenor lo que se buscaría es incrementar la participación del 27% que ya tiene el Estado con las acciones que la ANSeS heredó de las exAFJP.
Sin embargo, vale recordar que Edesur y Edenor tienen una carta a su favor que el Gobierno no puede desconocer. Se trata del “reconocimiento de los mayores costos operativos” que figuran en los contratos renegociados por Néstor Kirchner en 2006. Están pendientes desde febrero de 2012 y representan unos $ 1.000 millones que deberían cobrar cada una de las distribuidoras.
