Hace rato que en la Ciudad de Buenos Aires la pobreza viene siendo un gran negocio. Ironías que abundan en las villas miseria y hacen que el problema sea cada vez más complejo y difícil de resolver.
Sabemos que en la 31 y la 31bis, , que conforman el complejo habitacional precario con la mayor tasa de crecimiento en los últimos años, las edificaciones no paran. Cuando no quedan territorios hacia los cuales expandirse el límite es el cielo: las edificaciones crecen hacia arriba con 5, 6 o hasta 7 pisos, en condiciones que ponen en riesgo la vida de los propios inquilinos.
La proliferación de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires se dio en los últimos años de manera vertical, es decir, a través de la construcción de edificios. Esto produce lo que se conoce como “densificación”, un aumento de la densidad poblacional, de la cantidad de habitantes por hectáreas. La misma tendencia se ha registrado en las villas y asentamientos precarios. En 2009 la prensa hablaba de construcciones de hasta 5 pisos en las villas 31 y 31 bis. Esa densificación, en las villas, trajo consigo una mayor oferta de unidades para alquiler, lo que consolidó el mercado informal inmobiliario.
Desde luego, el crecimiento de estas estructuras es absolutamente improvisado, carece de cualquier evaluación previa sobre el terreno y la infraestructura. Pero tienen sus dueños y también sus inquilinos. ¿Cuánto cuesta el alquiler de esas piezas? Entre 1000 y 1500 pesos por mes. Una diferencia no tan grande con los costos de alquiler de un monoambiente en zonas del sur de la capital, que promedian los 2000 pesos. El espacio promedio de estas piecitas es de 20 m2, la mitad del tamaño de un departamento que cualquier hijo de vecino consideraría pequeño en el mejor de los casos. Los pisos son mayormente de cemento aislado, casi no tienen revoques en la paredes. Muchas tienen techos de losa y otras directamente de chapa. Algunos investigadores distinguen entre dos tipos de alquiler: el que hacen algunos vecinos de sus viviendas como forma de obtener un ingreso y el de los inquilinatos, que son edificaciones con entre 20 y 30 cuartos, con un propietario que cobra altas tarifas.
Las condiciones de vida son precarísimas. Aun así el Estado subvenciona el pago de los alquileres, cada vez más costosos, a los dueños ilegítimos de estas edificaciones ilegales. Permite también las conexiones clandestinas de electricidad y agua, por las cuales ni dueños ni inquilinos pagan un peso.
Un centenar de familias, imposibilitadas para afrontar los aumentos de los costos de alquile,r comenzó a asentarse durante el año pasado en el borde de la autopista Illia. Esto no hace otra cosa que sumar más riesgos. Mientras las viviendas ilegales crecen en las villas, las piezas se venden a montos que llegan hasta los 200.000 pesos y aumenta la desigualdad en Buenos Aires. Desigualdad que afecta tanto a los residentes de las villas que viven en condiciones infrahumanas como para los ciudadanos que viven en zonas lindantes donde crece la inseguridad y la frustración: ellos sí tienen que pagar luz, agua y ABL, servicios ciertamente cada vez más costosos y, como muestran los hechos recientes, más defectuosos.
Los gobiernos implementan una política de dejar hacer o directamente se hacen presente de los modos más fáciles, a través de subvenciones que mantienen el estado de situación y dejando que el problema se agrave y que los costos los paguen otros: los ciudadanos de hoy y los gobiernos de mañana. Es vital para la coexistencia pacífica y la dignidad de toda la ciudadanía que se tomen cartas en el asunto inmediatamente, con políticas serias y a largo plazo que den un marco de formalidad y pacifiquen la vida de todos los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires.