“Hay que trasladar la Capital al interior del país, a Santiago del Estero.” Julián Domínguez abrió la boca y se desató la controversia. Las voces se alzaron de inmediato a favor y en contra y el tema se instaló en la agenda de los medios.
El año comenzó con faltantes de ideas para desarrollar la Argentina, pensando que con el solo efecto de trasladar una capital política el rumbo de un país podría mejorar. ¿Fue una inquietud auténtica? ¿Surgió de una sincera preocupación del titular de la Cámara de Diputados o se trató de generar una nube de humo que desviase la atención hacia este tema e hiciese dejar de lado al menos momentáneamente aquellos que más preocupan, como la inflación, la inseguridad, el cepo al dólar, los hechos de corrupción y tantos otros que involucran directa o indirectamente al Gobierno?
La cuestión es que la iniciativa no es nueva: tiene un antecedente local en un proyecto elaborado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y otro foráneo pero cercano y a su vez concretado, como fue el traslado de la capital de Brasil de Río de Janeiro a Brasilia, en abril de 1960.
Empecemos por analizar lo que ocurrió en el país hermano. Brasilia fue construida con el fin de ser la nueva capital de Brasil. La idea era transferir la capital federal ubicada en la costa al interior del país. Brasil previamente tenía dos ciudades capitales: Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Al trasladar la capital al interior, el gobierno pretendía ayudar a poblar aquella zona del país. Gente de toda la nación, especialmente de la región nordeste de Brasil, fue contratada para la construcción de la ciudad. Brasilia es conocida internacionalmente por haber aplicado los principios establecidos en la Carta de Atenas de 1933.
Su construcción no se decidió a consecuencia de un ramalazo de entusiasmo popular ni es tampoco un alarde de la capacidad de los arquitectos, sino que es el fruto de una voluntad política determinada que trataba de resolver, con un acto sustancialmente autoritario, las contradicciones económico-sociales del país.
En realidad, en Brasil ya se había decidido, a fines del siglo XIX, trasladar la capital. En efecto, en el acta de proclamación de la República, en 1890, un artículo de la Constitución ya preveía el desplazamiento a una localidad del interior, pero sin precisar el lugar. Dos años después, una comisión de científicos, pero no arquitectos ni ingenieros, inició una serie de investigaciones que acabaron con la recomendación de una localidad de la altiplanicie central: el Plan Alto. Sin embargo, no se llegó a ningún resultado concreto, y lo mismo sucedió con las comisiones nombradas en los años que siguieron. Mucho después, ya en 1953, el presidente Getúlio Vargas volvió a tomar la decisión de trasladar la capital al interior, sobre todo para favorecer el desarrollo económico de aquella zona del país y, en general, de todas las zonas del interior frente a las hasta entonces privilegiadas de la costa. Con este fin, pues, se creó una comisión que intentaría localizar un lugar para la nueva capital de Brasil, escogiéndose para ello una zona de 52 mil km2.
Además, el gobierno brasileño encargó a una sociedad americana que efectuara investigaciones para seleccionar cinco posibles localidades dentro de las cuales podría elegirse el punto exacto para construir la nueva ciudad, teniendo en cuenta que la proyectada capital habría de albergar medio millón de habitantes. En marzo de 1955 se entregaron al nuevo presidente de la república, Kubitschek, los resultados de los estudios llevados a cabo, basados en una campaña aereofotogramétrica, en virtud de los cuales se había elegido un lugar situado en una amplia meseta entre las cuencas de los ríos San Francisco, Amazonas y Río de la Plata.
En septiembre de 1956 se convocó el concurso para el plan piloto de la nueva capital, resultando vencedor el proyecto de Lucio Costa. La idea de Costa se basa en el esquema más antiguo que se conoce: la cruz. En efecto, creó dos direcciones principales, una urbana y otra destinada al tráfico, que marcan una clara distinción entre la zona ejecutiva y la residencial.
La fundación de Brasilia, incluso dentro de la validez de los motivos económico-sociales que la impulsaron, queda enmarcada en el campo de las decisiones políticas. Hoy la Capital tiene una población de 2.562.963 habitantes, según las estimaciones del censo de 2010, lo que la convierte en la cuarta ciudad del país por población. Es sede del gobierno federal, conformado por el presidente, quien trabaja en el Palacio de Planalto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Congreso Nacional de Brasil.
Volviendo a la Argentina, nuestro proyecto se denominó Patagonia y Capital, y fue elaborado en 1986 por instrucción del entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, para trasladar la Capital Federal al nuevo Distrito Federal de Viedma – Carmen de Patagones. Iba a estar integrado por un complejo de ciudades en la Patagonia, entre las cuales se encontraba Viedma, la capital de la provincia de Río Negro, y Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto tenía como fin descentralizar y desburocratizar el poder político y separarlo del poder económico del país, ambos excesivamente concentrados en el Gran Buenos Aires, solucionar el problema demográfico con el que cuenta la Argentina, desarrollar inversiones en el interior del país y dar inicio a una nueva revalorización del Estado Federal. Aunque el traslado de la Capital fue la medida más relevante y recordada del Proyecto Patagonia, dentro de este también se incluía la provincialización del Territorio Nacional de Tierra del Fuego y la radicación de empresas en las provincias que integran la región patagónica.
De las medidas proyectadas por Alfonsín en el Proyecto Patagonia solo una se concretó: la fundación de la provincia de Tierra del Fuego. La creación de la nueva Capital Federal sigue esperando su materialización, ya que la ley de traslado de la Capital de la República todavía está vigente, porque el Congreso de la Nación nunca la derogó.
El 13 de abril de 1986, el diario Clarín publicó en su tapa que el gobierno iba a trasladar la Capital Federal a Viedma, rompiendo el secreto proyecto que el Poder Ejecutivo nacional venía gestando desde febrero de ese año.
El anuncio obligó al presidente Alfonsín a acelerar los acontecimientos: al día siguiente, el 14 de abril, se reunió con su gabinete en la Quinta de Olivos y estudió cómo seguir adelante con el proyecto. El 15 de abril se promulgaron los decretos 527 y 528, en los que se establecía la creación de dos organismos para el cumplimiento de la iniciativa, la Comisión Nacional para el Proyecto Patagonia y Capital, y la Comisión Técnica Asesora en Problemas Urbanísticos, Arquitectónicos y Ambientales.
Por la tarde del 15 de abril, Alfonsín se trasladó a la ciudad de La Plata y en un acto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires presentó el proyecto al gobernador y a los legisladores de esta provincia. A la noche del mismo día, de vuelta en Buenos Aires, pronunció por cadena nacional de radio y televisión, y ante los miembros del Consejo para la Consolidación de la Democracia (Cocode), su discurso sobre la fundación de la Segunda República Argentina.
El día 16 de abril, Alfonsín viajó a Viedma y por la tarde entregó el proyecto de la nueva capital al gobernador y a los legisladores de la provincia de Río Negro. Inmediatamente después se realizó un acto en los jardines del Ministerio de Economía de esa provincia, donde, desde sus balcones, Alfonsín pronunció un discurso en el que convocaba a los argentinos a marchar “hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío”. Según fuentes periodísticas de la época, alrededor de 10 mil personas participaron del acto y escucharon el discurso de Alfonsín.
Durante el primer año y para consolidar el proyecto, Alfonsín invitó a numerosas figuras nacionales e internacionales a visitar la comarca de Viedma – Carmen de Patagones, entre ellos al papa Juan Pablo II, en abril de 1987, quien fue el primer y único pontífice que hasta el día de hoy visitó la Patagonia. El papa no tenía incluido en su itinerario de la Argentina visitar estas ciudades, pero viajó allí a pedido del presidente.
El proyecto fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores el 25 de marzo de 1987 y remitido a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado definitivamente por la Cámara baja y sancionado como ley del Congreso de la Nación en la sesión del 27 de mayo, con el número 23.512.
La Ley 23.512 declara como Capital de la República a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en un futuro en el área de las ciudades de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre. Esta última está ubicada a setenta kilómetros hacia el noroeste de las dos primeras. La ley también federaliza un amplio territorio de campos en la zona del Valle Inferior del río Negro, cedidos por las legislaturas de las provincias de Buenos Aires y Río Negro. El nuevo Distrito Federal tendría una extensión total de 490 mil hectáreas, 180 mil cedidas por la provincia de Buenos Aires a través de la Ley 10.454 del 17 de octubre de 1986, y 310 mil de la provincia de Río Negro, cedidas a través de la Ley 2.086 del 10 de julio del mismo año. Dentro de este territorio federalizado también se encontraban comprendidos los pueblos de Cardenal Cagliero, San Javier y Balneario El Cóndor.
La superficie a construir seria de 7.777.473 metros cuadrados, de los cuales 5.700.000 era de viviendas, 480.000 de edificios públicos principales, 405.965 de establecimientos educativos, 84.300 de servicios de salud y 1.107.203 de otras edificaciones. El costo total que debería invertir el Estado sería de 2.231 millones de dólares estadounidenses. También se estableció el traslado de 23 mil empleados públicos desde la Ciudad de Buenos Aires. La nueva Capital Federal se planeaba inaugurar en un lapso de doce años, para el inicio del nuevo siglo.
Pero a pesar de todo lo planificado, en poco tiempo el proyecto cayó en el olvido, ya que a fines de los años 80 la Argentina entró en una profunda crisis social y económica, producto del fracaso del Plan Austral (la moneda de la época). Debido a esto, el presidente Alfonsín debió entregar el gobierno seis meses antes, el 9 de julio de 1989, al candidato electo por el Partido Justicialista, Carlos Saúl Menem, quien debía asumir el 10 de diciembre del mismo año.
Cuando Menem asumió, el proyecto de traslado de la Capital seguía técnicamente en marcha, aunque con la crisis económica y la lentitud de las licitaciones y de la burocracia argentina se había retrasado el inicio de la construcción de las diversas obras de infraestructura planificadas.
En los primeros meses de gobierno, Menem intentó continuar con el proyecto, pero en noviembre de 1989, presionado por los sectores liberales (con quienes se alió políticamente) liderados por el ingeniero Álvaro Alsogaray (quien siempre se había opuesto al traslado de la Capital desde 1986), Menem derogó el decreto 1156/87 y disolvió el organismo ejecutor de las obras, liquidando todos sus bienes y propiedades y dejando materialmente sin efecto el proyecto.
Muchos intelectuales y políticos sostienen que el fracaso del proyecto no se debió principalmente a la crisis económica, como se argumenta generalmente para justificar su cancelación, sino a la enorme presión de los medios de comunicación porteños y de los sectores ligados a los intereses políticos y económicos de la Ciudad de Buenos Aires.
En un primer momento, Clarín y La Nación, principales diarios en venta del país, acompañaron y apoyaron el traslado, pero al cabo de un tiempo se alinearon con los sectores opositores, que lo tildaban de “costosísimo”, “faraónico” e “innecesario”, y sostenían que el traslado de la capital traería más perjuicios que beneficios al país. Los canales de TV porteños de alcance nacional, la mayoría en manos del Estado (dirigidos por funcionarios radicales) y Canal 9, el único privado en aquella época (propiedad de Alejandro Romay), en un primer momento acompañaron también el proyecto, pero después de 1987 lo ignoraron, no haciendo más referencia al mismo.
También se habla de la falta de decisión política del expresidente Alfonsín, quien no viajó a Viedma periódicamente a firmar decretos y a hacer actos oficiales y simbólicos que crearan en la población una conciencia de la nueva capital. En cambio, tomó la decisión de esperar que toda la nueva ciudad estuviera construida para que el Poder Ejecutivo se mudara a ella. El mismo Alfonsín sostuvo en una entrevista que su secretaria de Vivienda, la arquitecta Elva Roulet, lo acusó de falta de decisión política y le había aconsejado que debía hacer edificios sencillos, mudarse a Viedma y luego ir trasladando de a poco las distintas dependencias gubernamentales. Alfonsín se defendía de estas acusaciones sosteniendo el argumento que él creía: que el Partido Justicialista, que había votado a favor de la Ley 23.512, lo continuaría.
Además de una gran frustración, el incumplimiento de este proyecto dejó secuelas negativas y muy profundas en la zona de Viedma y Carmen de Patagones. El solo anuncio del traslado de la Capital Federal provocó una enorme suba de los precios de las tierras e inmuebles ubicados en el área de la nueva capital, los cuales llegaron a valer hasta diez veces más de su valor originario.
Otra consecuencia del proyecto fue la migración de miles de personas y centenares de familias pobres, provenientes de distintas partes del país, que se mudaron buscando trabajo, prácticamente duplicando la población de la comarca. Muchas de estas personas viajaron impulsadas por la idea de ser los obreros que iban a construir los edificios y obras de infraestructura diagramadas por este organismo.
Al caerse el proyecto del traslado de la Capital, el Gobierno nacional se desligó de estos temas y las municipalidades de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre debieron hacerse cargo de toda esta población que estaba desocupada y sin vivienda. Varios años después el Gobierno nacional otorgó un crédito a estas municipalidades que quedaron con un gran déficit.
El proyecto del traslado dejó al menos como herencia a Viedma el mejoramiento de los servicios de agua potable y cloacas y diversos barrios, entre ellos uno de 1.016 viviendas donde iban a vivir los obreros que debían construir la nueva Capital Federal.
A pesar de que el traslado de la Capital Federal ha quedado identificado con Raúl Alfonsín, por haber sido él quien lo impulsó en la década del 80, la necesidad de mudarla es un tema muy discutido desde principios del siglo XX. En los años 80, el Proyecto Patagonia dividió internamente a los dos grandes partidos políticos de la Argentina, tanto a la UCR como al PJ, despertado en ambos adhesiones y rechazos. Y aunque la iniciativa fue dejada de lado por el gobierno de Carlos Menem, muchos son los que han seguido sosteniendo la necesidad de trasladar la Capital Federal fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante los años 90 el traslado prácticamente fue olvidado por la clase política, el periodismo y la opinión pública, pero en años recientes ha habido un renacer de la idea y del Proyecto Patagonia, mencionándoselo en diversos artículos periodísticos y mediante la presentación de diversos proyectos de ley en el Congreso de la Nación, tanto a favor como en contra.
En el año 1990, por iniciativa de Raúl Alfonsín, se incluyó el tema del traslado en el punto III de las Bases de Acción Políticas de la Unión Cívica Radical, que se refiere al Federalismo, el cual dice: “Propiciar el reordenamiento territorial y la desconcentración de la población. Implementar oportunamente el traslado de la Capital Federal”.
En 1993, Raúl Alfonsín acordó con Carlos Menem la reforma de la Constitución Nacional, y a través de este acuerdo, Alfonsín logró que se incorporasen al nuevo texto constitucional varios artículos, donde logró plasmar sus ideales políticos, entre ellos el traslado de la Capital de la República. Así la convención constituyente de 1994 introdujo los artículos 45º y 129º, que establecen la posibilidad de trasladar la Capital Federal fuera de la Ciudad de Buenos Aires y la provincialización de esta última una vez que las autoridades federales estén radicadas en su nueva sede, como establece el artículo 6º de la Ley 23.512.
Durante esta década varios intelectuales, como Alfredo Armando Aguirre y Rafael Garzón, siguieron apoyando el proyecto de traslado de la Capital y publicando artículos a favor.
Durante 2001 varios diputados y senadores, como Carlos D. Funes, José L. Gioja, Alberto M. Tell, Carlos L. de la Rosa y Daniel Baum, presentaron un proyecto de ley para trasladar la Capital Federal al predio que ocupa actualmente la guarnición militar de Campo de Mayo, ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.
En 2002, durante la campaña electoral para presidente, Adolfo Rodríguez Saá propuso en su plataforma política trasladar la Capital del país al interior.
Durante la campaña electoral de 2005, el diputado nacional rionegrino Hugo Cuevas, quien era candidato en ese momento, declaró al Diario Río Negro que el traslado de la capital a Viedma lo obsesionaba y que soñaba con plantear nuevamente el tema si llegaba al Congreso de la Nación.
En varias oportunidades, en entrevistas a diversos medios televisivos y gráficos, el expresidente Raúl Alfonsín comentó que debió haberse ido a vivir en carpa a Viedma y no planificar tanto los edificios públicos donde iba a funcionar el Gobierno nacional. Y también sostuvo, en 2006, que tenía la esperanza de que el presidente Néstor Kirchner, por ser de origen patagónico, fuera sensible al tema y decidiera retomar el proyecto de traslado de la Capital Federal al sur, ya que las condiciones económicas del país eran propicias para llevarlo adelante
En el año 2007 Héctor Recalde, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, presentó en el Congreso un proyecto para derogar la Ley 23.512.
Durante el mes de abril del mismo año, el diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Raúl Patricio Solanas (FpV), presentó un nuevo proyecto de ley para trasladar la Capital fuera de Buenos Aires, el cual establece la derogación de la Ley 23.512 pero promueve la creación de una comisión honoraria que a través de una amplia consulta y de diversos estudios debería determinar cuál es el sitio geográfico más viable para localizar la Capital de la República.
Después de más de 20 años de que ningún presidente en ejercicio fuera a la ciudad de Viedma, en el mes de octubre de 2008, durante la visita de Cristina Kirchner a esta ciudad, un cronista del diario Noticias de Río Negro, mediante un gran esfuerzo físico y corriendo a la par de la Traffic presidencial por unos 200 metros, logró recordarle a la Presidenta el proyecto olvidado por los gobiernos de trasladar la Capital Federal.
Ante la pregunta del cronista, Cristina Kirchner respondió: “Sí, me acuerdo, nosotros apoyamos ese proyecto en aquel momento porque lo consideramos una medida muy importante”. Y al repreguntarle qué opinaba del proyecto en la actualidad, la Presidenta argentina evadió la respuesta y dijo: “Chau, gracias a todos, los quiero”, pero dirigiéndose al público y no al periodista.
En abril de 2009, pocos días después de la muerte de Raúl Alfonsín, Cristina Kirchner visitó a la familia del fallecido expresidente y en la conversación que mantuvo con sus integrantes les comentó: “Alfonsín tenía razón cuando planteó el tema del traslado de la Capital. Es cierto que ahora no podemos meternos en esa discusión, pero en algún momento habrá que dar ese debate”.
El 31 de julio de 2009 tres diputados nacionales del FpV por la provincia de Misiones, Lía Fabiola Bianco, Miguel Ángel Iturrieta y Emilio Kakabur, presentaron un proyecto de resolución en el Congreso en donde se solicita al Poder Ejecutivo que cumpla con lo establecido en la Ley 23.512 y materialice el traslado de la Capital Federal.
También durante el año 2009, el senador nacional por la provincia de Santiago del Estero, Emilio Alberto Rached (UCR), presentó un proyecto de comunicación planteando el cumplimiento de la Ley 23.512.
El 28 de septiembre de 2010, un mes antes de su fallecimiento, Néstor Kirchner sostuvo, después de una disertación en la New School University de Viedma: “En 1987, el doctor Alfonsín propuso el cambio (de capital) a Viedma, yo era intendente (de Río Gallegos) y lo apoyé”.
La idea de Julián Domínguez no aparece como por arte de magia, sino que la habría discutido con la Presidenta y le habría mencionado la provincia de Santiago del Estero como posible sede.
De acuerdo con personas cercanas al diputado, la elección respondería a la intención de mover la capital a un punto equidistante entre el océano Atlántico y Pacífico y el sur del Brasil, con el objetivo de reforzar el intercambio comercial con el Mercosur y los países asiáticos.
Domínguez causó un gran revuelo al revelar estos planes durante una entrevista al diario Crónica. “Hay que repensar si la capital política argentina debe estar en esta ciudad (por la Capital Federal) o en el norte argentino”, dijo. “Estoy convencido de que este modelo de Estado fue concebido hace 200 años con su capital en el puerto, y los países no tienen sus capitales en los puertos. Las colonias tienen sus capitales en los puertos. Yo creo que es importante que la Argentina vuelva a repensar el norte argentino, que vuelva a repensar su salida al Pacífico”, declaró. Inmediatamente después de que se conociera la noticia, su propuesta se alzó con el respaldo de varias figuras oficialistas pero también con el de Aldo Neri, el exlegislador radical que encabezó la Comisión para el Desarrollo Patagónico y el traslado de la Capital durante el gobierno de Alfonsín.
El político radical señaló que, en su momento, el proyecto buscaba “descentralizar” a la “hiperconcentrada” Argentina, y afirmó que “la idea del traslado de la Capital es una Argentina que necesitamos revisar”.
El propio hijo del ideólogo del proyecto original, el diputado Ricardo Alfonsín, no rechazó la idea y dijo que era necesario “discutir” el traslado, y que los argentinos se debían “una política de industrialización en el interior”.
Pero también se alzaron voces de varios dirigentes de la oposición en contra de la propuesta, que pidieron al Gobierno que se aboque a resolver temas más apremiantes para la población antes de encarar este debate.
El diputado nacional y líder del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, declaró: “Lo que hay que trasladar no es la Capital sino el Estado. Tiene que estar presente el Estado en la solución de problemas, en la ayuda, en encontrar un equilibrio para ese triángulo tan interesante que es el Estado, el mercado y la sociedad civil”.
Por su parte, el senador nacional y flamante presidente de Unen, Pino Solanas, ironizó sobre el tema. “Que un grupo de incapaces que no puede resolver problemas estructurales como el transporte o la energía diga que quiere trasladar la Capital suena a broma”, disparó. “Es un gran tema y una asignatura pendiente que se planteó varias veces en el país”, reconoció Solanas, quien sin embargo expresó que el contexto no era el ideal para este tipo de planteos. “En la situación actual en que se encuentra la Argentina, en una inminente cesación de pagos, con reservas escasas y superada por un maremoto social, entre saqueos, insurrecciones y cortes de luz, pensar en el traslado sería un proyecto muy a largo plazo.”
Otra legisladora que también rechazó la idea fue la diputada del Pro Laura Alonso, quien, al igual que en otras ocasiones, eligió su cuenta de Twitter para pronunciarse. “Si querés salida al Pacífico, promovés una política exterior coherente y dejás que el federalismo funcione. Sin trasladar nada, Juli”, expresó, socarrona, la legisladora.
¿Y si trasladamos Wall Street a Jujuy?