Los vecinos de Azara 1245, en Barracas, todavía no lo pueden creer. O sí. Hasta el cierre de esta edición, pese a una semana completa de lluvias intensas en Buenos Aires, que enmarcaron el incendio del miércoles 5 de febrero, los bomberos aún trataban de apagar pequeños focos que se sucedían, como fichas de un macabro dominó, en lo que quedó de la sede local de Iron Mountain.
La multinacional norteamericana se encarga, tal como se mpresenta en su página web, tanto de la gestión y custodia de archivos como del escaneo,digitalización y recuperación de datos. Y no, no lo pueden creer todavía, mientras ven por las hendijas que el vallado ofrece en ese predio del sur porteño el trabajo denodado de los bomberos y de Defensa Civil, ya sin la fisura del llanto desconsolado, las palas mecánicas que remueven las montañas de papel y cartón quemado, las bolas de hierro retorcido, las pilas de escombros y el agua que pretende hacer lo suyo, llenando huecos. Y vuelta a empezar.
Sin embargo, el operativo constituido por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal (100 hombres de los cuarteles 1 y 2); la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal (50 hombres trabajando en tránsito y seguridad); Bomberos Voluntarios de San Telmo (dos autobombas y 20 hombres); sus pares de La Boca(tres dotaciones, entre 10 y 30 hombres cada una); el Departamento de Asistencia a las Víctimas de la Policía Federal Argentina; un helicóptero de la Policía Federal; el jefe de la PFA, comisario general Román di Santo; el SAME (30 ambulancias) y personal de Defensa Civil, no pudo evitar, a pesar del heroísmo de sus protagonistas, la muerte de nueve personas en aquel incendio: seis bomberos de la Policía Federal, un bombero voluntario del cuartel Vuelta de Rocha de La Boca y dos miembros de Defensa Civil.
Como se sabe, al intento de abrir el portón de la compañía con una amoladora sobrevino en cuestión de segundos el grito de “¡guarda, guarda, guarda!” y la caída, hacia fuera y no hacia dentro, de una pared de siete metros correspondiente al frente del depósito. Las víctimas mortales, claro, quedaron atrapadas bajo la construcción derruida. El resto de las víctimas, cinco policías y un voluntario, quienes sufrieron fracturas y politraumatismos, tuvieron que ser internadas en los hospitales Argerich, Penna, Churruca y Ramos Mejía. Y en un principio, a su vez, se creyó que estaban desaparecidos los empleados de Iron Mountain ma cargo del sistema antiincendios de la empresa, pero luego se los encontró sanos y salvos. Minutos después del primer derrumbe, se cayó otra pared. Así empezaba una semana de llamas encapsuladas y fuego reavivado. Como el de las sospechas: la Justicia investiga las causas del siniestro, ya que corre con fuerza la hipótesis de la intencionalidad en su origen.
Noticias Urbanas estuvo en el lugar de los hechos. “La mayoría de los vecinos estábamos descansando cuando empezamos a escuchar pedidos de auxilio desesperados. Los bomberos estaban intentando abrir una puerta con una amoladora cuando se les vino la pared encima. Y a partir de ahí vino todo el desastre”, contó Horacio, un vecino que suele pasear temprano a su perro por el barrio.
“Acá es un hervidero de archivos, de depósitos, que se sepa de una vez. Si esto no pasó antes fue de puro milagro”, aseguró Laura, otra vecina, bastante conmovida por la muerte de los bomberos y, en especial, de Anahí Garnica, la primera mujer bombera de la Policía Federal Argentina, que falleció aplastada por la pared, junto con sus otros ocho compañeros.
La empresa no entiende cuál fue la causa
Iron Mountain, por su parte, dio a conocer en las últimas horas un comunicado en donde expresa el estado de situación de la empresa respecto al siniestro: “Desde el trágico incendio del miércoles, nos encontramos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para entender cuál fue la causa, y cómo funcionó nuestro sistema de protección de incendios.
Apoyamos los esfuerzos de la Justicia para investigar exhaustivamente este incidente, y nos encontramos colaborando completamente en el proceso. Adicionalmente, estamos llevando a cabo nuestra propia investigación interna, que incluye expertos en incendio e ingenieros. Por respeto a los procesos de investigación de las autoridades, publicaremos información sobre el incendio cuando sea apropiado. Compartimos el profundo dolor del país por la pérdida de los valientes rescatistas, y nuestros pensamientos están con los heridos que se encuentran hospitalizados, deseándoles una pronta recuperación”.
“Tenían un excelente sistema de protección contra incendios”, sostuvo el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, al momento de llegar a Azara 1245 aquel miércoles, agregando que la Justicia ya estaba realizando las primeras pesquisas para averiguar el origen del fuego. De inmediato, la fiscalía a cargo de la investigación, la número 37, cuya titular es Marcela Sánchez, solicitó a la Policía Federal y a la Gendarmería que analizaran los registros de las cámaras de seguridad en la zona del depósito con el fin de comprender, justamente, lo que desató el fuego que trajo como resultado la muerte de nueve personas y dos días de duelo.
Sucede que aquel miércoles, en el depósito habilitado en noviembre de 2007, las bombas de agua no funcionaron adecuadamente, ya que dos mangueras que los bomberos vieron tiradas en el piso al llegar a Azara 1245, que fueron usadas aparentemente en los primeros minutos del incendio, no funcionaban óptimamente, carecían de la suficiente presión: solo tiraban chorros de agua de un metro de alcance, de acuerdo a las palabras de Antonio Sette, presidente de los Bomberos Metropolitanos Voluntarios de Vuelta de Rocha. Y también, comentaron, fallaron los aspersores. Por otro lado, cinco empleados de Iron Mountain apuntaron que la alarma de incendio se activó en un sector del depósito, pero que, al corroborar que no había fuego en esa zona, regresaron a sus puestos de trabajo. No obstante, más tarde la alarma comenzó a sonar en otra área del edificio: cuando acudieron a ese sector, el fuego ya se había extendido. Los empleados intentaron combatir las llamas con un matafuego, al ver que los aspersores no se habían activado, y luego llamaron a los bomberos. Después, la historia que todos conocemos. También declararon ante la fiscal de la causa tres bomberos que intentaron apagar el fuego en Barracas. Uno de ellos, Marcos Herrera, del cuartel de Vuelta de Rocha, corroboró lo expuesto por Sette.
Hasta ahora, Iron Mountain no detalló el material que se perdió en el siniestro. Los directivos no fueron citados todavía a declarar, aunque personal jerárquico de la firma se reunirá con los jefes de los cuarteles de bomberos que intervinieron en el operativo. Los peritajes sobre los escombros arrojarán resultados iniciales en el transcurso de esta semana. La gran cantidad de agua utilizada para apagar las llamas y las lluvias copiosas de los últimos días retrasaron el inicio de los trabajos de investigación en el edificio.
Hasta aquí, lo cierto es que la Justicia evalúa todas las hipótesis, incluso –sobre todo– la de sabotaje. Algunos especialistas, por su lado, también sostienen que se podría tratar de un hecho intencional. En tanto, la labor de la Agencia Gubernamental de Control, a todas luces, deja mucho que desear. Habrá que esperar. Esperar que la investigación no quede en la nada.
Habilitados a pesar de todo
Edgardo Castro es ingeniero en Seguridad Ambiental, licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo y auditor en sistemas de calidad en medio ambiente. Y es, además, inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña. Castro cuenta –denuncia– que él mismo clausuró el edificio de Iron Mountain en 2008. Dice que el depósito de Barracas no tendría que haber sido habilitado nunca: que el 5 de febrero la estructura tendría que haber resistido por lo menos dos horas el fuego y no aguantó ni 40 minutos, que la primera pared que cedió y cayó lo debería haber hecho hacia adentro y nunca hacia fuera, que la ley es clara, que tiene que haber un fácil acceso para los bomberos en situaciones de siniestro. La realidad, conforme lo sucedido aquel miércoles, dista de lo ideal. Castro agrega que, si encima el edificio, que tiene un siglo, fue colmado de material combustible, era lógico que esto pasara. Habla de lógica. Y no cuesta seguirlo en el planteo.
“Barracas es un polvorín, de un peligro mortal”, define al barrio acerca de la cantidad de depósitos de estas características que incumplen las normas de seguridad antiincendios. Y no está hablando de un tango. Quiere decir: si no se toman cartas en el asunto, “estas cosas van a seguir pasando, es cuestión de tiempo”.
“Yo pedí la clausura de ese local porque básicamente tenía deficiencias en el sistema de seguridad contra incendios. Había acumulación excesiva de material combustible, las mangueras estaban inoperables, no había sprinklers y había obstáculos en los pasillos. No seguí el caso porque me lo sacaron; me mandan a inspeccionar consorcios, cuando soy el único inspector que entiende en materia de incendios”, relató Castro a NU, en referencia a sus superiores en la Subsecretaría de Trabajo.
“Cuando tenés matrícula y sustento técnico es muy difícil que te cuestionen la fundamentación de un pedido de clausura, por eso es más fácil mandarte al kiosquito de la esquina”, ironizó.
“En la época de aquella inspección tuve varios casos en la zona, en los que incluso me negaron la orden de clausura o la levantaron en un tiempo récord de 12 horas. Después hay que hacer un seguimiento, que muchas veces no se hace. Y en muchas oportunidades las clausuras se levantan por vías non sanctas”, explicó.
“Para poner las cosas en claro, en los edificios tienen que cumplirse cuatro cosas básicas: resistencia estructural que permita que el techo soporte por lo menos tres horas para un edificio de esas características; las paredes no tienen que colapsar, y si lo hacen, tienen que caer siempre hacia el interior y no hacia afuera como ocurrió; los dispositivos de extinción de incendios tienen que estar operativos, y tiene que haber fácil acceso para la intervención de los bomberos que, en este caso, tuvieron que cortar un portón”, expuso.
“La semana pasada cayó un rayo en una estación deservicio en Villa Lugano, algo que representa mil incendios, y no pasó nada a pesar de ser un lugar inflamable. ¿Por qué? Porque las condiciones de seguridad estaban garantizadas. En Barracas se quemaron mil metros cuadrados de superficie, que es una barbaridad. En la Ciudad, en definitiva, no funciona ningún sistema de seguridad y fallan sistemáticamente los controles, desde el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza en 2010. Y Mauricio Macri, por sobre todas las cosas, pretende desmantelar la Subsecretaría para que no se lleve a cabo ningún tipo de inspección. Además, los directores de Inspección son abogados, contadores o ginecólogos, pero nunca profesionales idóneos”, relató Castro.
A fines de octubre del año pasado, un grupo de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires denunció que el Gobierno porteño intentaba desarticular, con un proyecto de ley, la Subsecretaría de Trabajo local y transferir sus responsabilidades, en materia de fiscalización y control de las normas relativas al trabajo, a la Agencia de Gubernamental de Control.
“El objetivo era que no existiera ningún tipo de inspección porque pasábamos a depender de otra área donde operativamente no teníamos ningún poder de policía”, explicaron en su momento los trabajadores. Y parece que va por ahí, también, la lógica de la que hablaba Castro.