El juez a cargo de la causa por la usurpación en Villa Soldati acaba de ordenar el desalojo del predio. Según indicó en declaraciones a la prensa, el procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, el procedimiento deberá realizarse en la jornada de este viernes.
Según precisó en declaraciones a la prensa, “podrá intervenir la Policía Metropolitana o cualquier otra fuerza nacional”. Esta decisión dependerá de la Fiscalía General de la Ciudad, agregó, en relación a la disposición del juez en lo Penal y Contravencional, Gabriel Vega.
De las certezas hasta el momento, el magistrado dictó que el desalojo se realice “preferentemente” en horario diurno.
Minutos antes, el secretario de Seguridad, Sergio Berni manifestó que Nación no intervendría en el conflicto ya que se realizó el traspaso correspondiente del asunto a la justicia contravencional porteña.
Y, en declaraciones radiales luego, calificó como “verso” los argumentos de los funcionarios porteños respecto de la que Metropolitana tiene pocos agentes, al precisar que “son 5.000 efectivos”.
Resistiré
A las 11:20 de la mañana de este viernes, cuando la decisión del juez Gabriel Vega de desalojar el predio ya había sido anunciada, cundió la inquietud entre los ocupantes del predio de Fernández de la Cruz y Pola.
Un poblador llamado Manuel, que asumió el papel de vocero de sus compañeros, explicó ante la prensa su posición. “De acá no nos movemos”,
sintetizó. “Que se haga cargo el juez cuando estemos muertos o heridos” anticipó en tono altisonante al enfrentar a la prensa.
Ante la requisitoria de la prensa, comenzó destacando que “nunca hubo diálogo”, para agregar que “el acuerdo es que no nos movemos”, basando su afirmación en que “ya tengo tres papeles”, aludiendo a que en varias ocasiones, desde el gobierno porteño “nos prometieron de todo”.
Exhibiendo el conocimiento de los veteranos de estas luchas en las que los desposeídos buscan lo básico, Manuel anticipó que “el desalojo que quieren hacer es una injusticia y nosotros, en esta situación, tenemos derecho a un recurso de amparo”, para intentar detener la medida del juez.
En esos momentos, el ocupante se dio vuelta y les preguntó a sus compañeros: ¿Quién es el abogado? El abogado es el defensor oficial, le contestó desde atrás otro anónimo.
En su apelación, Manuel se dirigió al juez Vega: “Al juez le quiero dejar en claro que acá hay más de 1500 familias y que en el Indoamericano hubo cuatro muertos, 100 heridos y quedó mucha gente tirada por ahí. Cuando se siente a comer con sus hijos, les va a tener que explicar lo que hizo si hay muertos o heridos, porque aquí quieren hacer lo mismo que en el Indoamericano”.
A continuación, el ocupante apeló a la solidaridad de los periodistas televisivos, a los que les exigió que filmen lo que pasa, con la esperanza de que las imágenes moderaran la inminente represión. Manuel anunció en ese momento que en “este predio, que estaba abandonado desde hace más de 20 años, cuando llegue la policía todos nos pusimos de acuerdo en que nos vamos a agarrar de algo para que no nos lleven, de un palo, de una reja o del pasto, si es necesario”.
De todos modos, finalmente Manuel se mostró proclive al camino judicial como última esperanza para evitar el desalojo. “Por favor, que presenten el recurso de amparo lo antes posible”, rogó, consciente de que la orden de un juez -y cualquier otra cosa- es preferible a los impiadosos garrotes policiales.
