“La toma de los mil” parece haber llegado para quedarse. Este martes, al cumplirse dos semanas de la usurpación, y sin un criterio político-legal claro al respecto, los ocupantes del viejo cementerio de autos de Villa Lugano realizaron, sacerdote mediante, el acto inaugural del “Barrio Papa Francisco”.
La situación judicial es compleja. La contraposición de criterios ha dejado a la toma en una situación de complicado suspenso donde, mientras la burocracia le hace el juego a la especulación, los usurpadores siguen avanzando. Desalojar o no, esa es la cuestión.
Mientras tanto, los habitantes del “nuevo barrio” celebran. Luego de que el párroco de la Villa 20, Franco Punturo, prestara sus servicios religiosos, donde bendijo las casillas del asentamiento, realizaron un festival musical. Alegría e impunidad parecen ir de la mano en este caso.
Más allá de la situación de ilegalidad en la que transitan su estadía por el predio de Villa Lugano, hay un dato que los usurpadores ignoran: como consecuencia de que, hasta hace un año, los terrenos eran utilizados como depósito de autos por la Policía Federal, la tierra y napas de agua están contaminadas con sustancias como cadmio, cobre, zinc, cromo, manganeso, níquel, plomo, selenio e hidrocarburos. Por lo que la habitabilidad del predio resulta inviable hasta que las tierras sean saneadas. Trabajo que no duraría menos de un año.
El conflicto, si bien estalló con la toma, no es nuevo. Desde 2005, la jueza Elena Liberatori trabaja en una causa contra el Gobierno porteño por el incumplimiento de la ley 1.770, que ordenaba abrir las calles y equipar con todos los servicios públicos a esa barriada, incluyendo a los terrenos en cuestión.
Su fallo había resultado favorable al reclamo habitacional, ordenando al Gobierno de la Ciudad a desarrollar un plan de saneamiento para las tierras, y la posterior construcción de viviendas sociales para los habitantes de la villa 20.
Burocracia, indiferencia, especulación, engaños y politiquería fueron un cóctel explosivo que decantó en la consolidación del barrio “Papa Francisco”.
Según los fiscales que investigan la causa, la toma pudo haber sido fomentada por un grupo de delincuentes que se dedican a la “comercialización” de lotes en distintos asentamientos. Dicen que, en este caso, los mismos fueron vendidos por cifras que oscilan entre los 8 mil y 20 mil pesos. Vale mencionarlo, sí.
Los implicados en la presunta asociación ilícita serían Néstor Rivas, Darío Varela, Emanuel y Alejandro Ríos, Marcelo Urquiza, Roberto Giménez o Jiménez y Marcelo Chancalay, exlíder de la villa 20 que trabajó para UNEN en las últimas elecciones y dueño de una empresa constructora ligada a la Fundación Sueños Compartidos.
Hoy, a poco más de dos semanas de la ocupación, los “nuevos-viejos” vecinos ya cuentan con casillas, abastecimiento eléctrico, la bendición del padre Franco, el guiño de la jueza Liberatori y el apoyo de la Defensoría General de la Ciudad. Por lo que la Cámara de Apelaciones es quien tiene la pelota ahora.
A pesar de que entre los gobiernos porteño y nacional parece haber consenso en la idea de desalojar, la mezquindad política, hoy por hoy, puede más. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ofendido con la Justicia –con justa razón por la lentitud de la fiscalía porteña en tomar cartas en el asunto– y chicanero con el macrismo, deslindó responsabilidades y dejó todo en manos de la Policía Metropolitana, que más allá del frustrado desalojo del último 28 de febrero, no ha podido hacer más por decisión judicial.
Lógicamente, la falta de reflejos del Gobierno porteño y el problema con los relojes que aqueja al aparato judicial, supieron conspirar en contra de un eventual abordaje mancomunado del conflicto.
Cada día de toma que pasa, agrava aún más la situación de cara a un eventual desalojo. Ya que los avances en la ocupación son rápidos y constantes, por lo que el núcleo habitacional se arraiga firmemente en las tierras de dominio público.
La nebulosa política y judicial en la que se mantiene la toma, más allá del delito de usurpación de terrenos públicos, mantiene en vilo a todo el barrio y genera tensiones entre los vecinos de Villa Lugano.
Durante la misma noche de la “inauguración” del barrio “Papa Francisco”, unos 100 colindantes de la zona se manifestaron en contra de los “okupas”. Con carteles, pancartas y –según dicen delegados de los ocupantes– amenazas, llegaron a la puerta del asentamiento. “Por inacción policial”, afirman los usurpadores.
Sin embargo, la cosa no pasó a mayores, dado que Gendarmería se interpuso y colaboró con la desactivación de una “bomba” en potencia, como pudo haber sido un cruce entre vecinos y ocupantes.
El tiempo de descuento parece haberse agotado. ¿Habrá una salida consensuada? Las puertas del diálogo parecen clausuradas en tanto y en cuanto los “okupas” no abandonen el predio. Condición impuesta por la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley. Condición que suena a pretensión extemporánea, dada la coyuntura.
Sin embargo, ¿hay otra salida? ¿Quién se haría cargo la represión? Mil familias y dos balas podrían desencadenar una tragedia. Es probable que con una chequera generosa la situación llegue a resolverse.
Eso sí, fuera del terreno. Porque mientras esas tierras no sean saneadas, los ocupantes se están haciendo acreedores de una muerte lenta y silenciosa producto de la fuerte contaminación ambiental.
Las vueltas judiciales
La ocupación del terreno de Lugano tiene varias aristas judiciales vinculadas a cuestiones como usurpación, posible fraude al Estado y presunto tráfico de drogas. También está la causa sobre el asesinato de Osvaldo Soto el primer día de la toma y la que tiene que ver con el incumplimiento de parte del Gobierno porteño de la ley 1.770, de 2005, que mandaba a urbanizar la Villa 20 y el predio en cuestión, previo saneamiento del mismo.
El último 28 de febrero iba a producirse el desalojo del terreno ocupado en la madrugada del lunes 24 pero fue suspendido por una apelación presentada por los defensores oficiales, a la que la Cámara dio lugar. El 3 de marzo, los fiscales retomaron el pedido de desalojo debido a la rapidez con que el asentamiento crecía. La jueza elevó el pedido a la Cámara de Apelaciones.
Los fiscales actuantes aseguran haber reunido pruebas de que tres grupos –uno con contactos políticos– organizaron la toma del predio de Pola y Fernández de la Cruz y comercializaron los lotes por entre 8.000 y 20.000 pesos.
Están en la mira de la fiscalía Marcelo Chancalay, Manuel Ríos y la familia Giménez. A Ríos algunas versiones lo vinculan con el narcotráfico.
La Justicia en lo criminal también interviene, pues va tras los pasos del asesino de Osvaldo Soto, quien falleció al recibir varios disparos el primer día de la toma.
Además, está en curso un expediente por la construcción y entrega de viviendas sociales para los vecinos históricos del lugar ordenada por la ley 1.770. Antes, el predio debe ser saneado.
El 10 de marzo, la Defensoría General de la Ciudad pidió la recusación del juez Marcelo Vásquez, quien tenía una postura favorable al desalojo, más allá de cualquier tipo de apelación. Por consecuencia, hasta que el apartamiento se resuelva, la situación de los “okupas” se mantendrá en suspenso.
