En el trascurso de los últimos 34 años, las villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios (NHT) han manifestado un crecimiento exponencial tanto en densidad poblacional como en desarrollo territorial.
Hacia 1980, la cantidad de habitantes en asentamientos precarios era de 34.068 personas. Mientras que en la actualidad, se estima que el 5,7% del total de la población de la Ciudad vive en los mismos.
Lo que se traduce en 259,9 hectáreas de Buenos Aires ocupadas por estos núcleos precarios. La mayoría de quienes los habitan son trabajadores, pero a raíz del desarrollo de la delincuencia y el narcotráfico dentro de estos territorios, la ley no siempre es la que aplica la justicia sino la que impone el más fuerte. Las graves consecuencias las sufren los mismos habitantes de las villas y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en general.
Las villas más populosas de la Ciudad son la 21-24 de Barracas, que concentra el 18,2% del total de los ciudadanos que las habitan, o sea unas 29.782 personas. Y le siguen la 31-31 bis de Retiro (16,2%), la 1-11-14 del “Bajo Flores” (15,9%) y la 20 de Villa Lugano (11,7%).
En ellas, como en los 39 asentamientos restantes de la Ciudad, la droga es una realidad que mata. Para enfrentar este drama, con el que más de 165 mil personas conviven directamente a diario, y que se expande al resto de la sociedad, hay distintas posturas.
Muchos hablan de urbanización. Otros, de mano dura. Algunos combinan esas variables. Ahora, ¿cuál es la salida para que el Estado vuelva a tener control sobre la totalidad del territorio porteño?
El exlegislador porteño Diego Kravetz, quien recientemente lanzó el Instituto de Políticas de Pacificación (IPP), elaboró un proyecto de ley para enfrentar esta problemática.
La iniciativa plantea una solución “a la brasileña”, a través de la implementación de “Unidades Policiales de Pacificación” y “Unidades Sociales de Pacificación”, donde una división especialmente conformada de la Policía Metropolitana limpie de delincuencia y drogas las villas para luego urbanizarlas. Y así, imponer mayor presencia del Estado donde la gente humilde más lo necesita: en la calle. El exdiputado porteño planea presentar el proyecto en la Legislatura como una iniciativa popular, para lo cual requiere del aval de 40 mil firmas, que ya comenzó a buscar. Con él conversamos.
Para Kravetz, hay dos problemas esenciales: el ingreso de la droga en las villas y el rol del Estado.
“Nosotros estuvimos estudiando, sobre todo el último año y medio, la relación entre el crecimiento de las villas, las nuevas pautas de comportamiento dentro de las villas y el narcotráfico. Fuimos viendo cómo cambiaron las relaciones personales y las relaciones con el Estado a partir del año 2006. Nos llamó mucho la atención cómo se fue dando un repliegue cada vez más importante del Estado, dejando las relaciones sociales dentro de la villa y las relaciones con el Estado, en el sentido más amplio, en una situación de anarquía casi absoluta”, dice.
Por lo que para el actual presidente del Instituto de Políticas de Pacificación, las villas “se fueron transformando en territorios sin ley”, con la complicidad de la política, que “fomenta (esta situación), entregando en épocas de elecciones, tanto desde la Ciudad como desde la Nación, materiales para la construcción o, en muchos casos, subsidios, mientras se desentienden de otras cosas que son básicas, como que los chicos vayan a la escuela, que todos tengan acceso a la salud o que todos cumplan con las mismas normas de convivencia”.
Según dice Kravetz, desde el año 2000, pero más acentuadamente desde 2006, la droga hizo un ingreso “dramático” en los asentamientos más precarios de la Ciudad, acompañada del crecimiento de algunas villas. El exlegislador considera que “las villas 1-11-14 y 21-24 son los principales centros de acopio –una de cocaína, otra de marihuana– de la Ciudad de Buenos Aires”. Además, remarca que este flagelo tiene secuelas, como los problemas de adicción en jóvenes y su relación con la delincuencia. “La Justicia federal habla de 4.000 chicos que entran y salen de las cárceles, que viven en villas o asentamientos y tienen problemas con la droga. Son chicos enfermos que terminan en la delincuencia porque el Estado no se decide a abordar el tema de la enfermedad. Por lo que terminan siendo chicos enfermos y delicuentes”, dice el excompañero de fórmula de Jorge Telerman.
El planteo de Kravetz está en cómo recuperar el control sobre territorios donde, hoy por hoy, “hay reglas distintas en relación con lo que pasa afuera de las villas”.
Es por ello que ve como una salida viable la aplicación de las ya mencionadas, unidades pacificadoras, para que “echen a los malvivientes” y, así, luego, “se pueda extender la sábana de derechos”.
¿Qué quiere decir esto? “Que esté claro el acceso a la educación, que esté claro el acceso a la salud, que haya luminosidad, que no haya delincuencia, que pueda haber –como hay afuera de las villas– un Mc Donald´s o cualquier otro comercio. O sea, empezar, en el buen sentido, a urbanizar. Y que así como los habitantes de las villas deberán cumplir con obligaciones, también empiecen a obtener derechos que puedan gozar como cualquier otro habitante de la Ciudad”, explica uno de los últimos hombres fuertes que tuvo la Legislatura porteña.
Cristian Ritondo, actual vicepresidente primero del parlamento local, señaló que “no es descabellado pensar en un debate sobre el asunto”. Aunque aclaró: “Hay que ver cómo está planteado” el proyecto.
Seguramente, uno de los puntos de conflicto de la propuesta de Kravetz radica en que sea la Policía Metropolitana la que lleve adelante la tarea de barrer con la delincuencia y la droga dentro de las villas. “Que sea la policía de Macri no es un argumento para descalificar el proyecto”, subraya el autor. Y aclara: “Nosotros planteamos, en el proyecto de ley, la creación de una comisión de seguimiento legislativo que funcione durante todo el año y que dé informes durante todas las semanas sobre lo que fue haciendo la policía”.
Porque a la policía, obviamente, hay que controlarla. Sobre todo si se tiene en cuenta que el crecimiento de la droga siempre es posible, en todas partes del mundo, gracias a la connivencia de los narcos con las fuerzas de seguridad.
El peligro de estigmatización de los habitantes de las villas y el rol que debe jugar el Estado son cuestiones que se suman a la lista de polémicas en puerta. Kravetz, que fue autor de la ley de urbanización de la Villa 20, contesta: “Está claro que los jefes del narcotráfico, posiblemente, no habiten en la villa. Pero yo no estoy planteando en este proyecto una política de persecución a los líderes del narcotráfico, sino una política de recuperación del territorio. Estoy diciendo: ‘resulta que hay territorios donde no hay control ni legalidad de ningún tipo. Cómo hacemos para que el Estado vuelva y para que la gente que vive ahí dentro tenga derechos’. Ese es mi planteo”.
Gabriel Fuks, legislador porteño por el kirchnerismo y fiel ladero de Daniel Filmus, consideró que la comparación que Kravetz hace entre el rol y presencia del Estado en las villas porteñas y la realidad de las favelas brasileñas, “no tiene relación”. Y marcó que el Estado actualmente acompaña a los que menos tienen, haciendo hincapié en la Asignación Universal por Hijo (AUH) que otorga el Gobierno nacional y “los subsidios que el propio Gobierno de la Ciudad brinda”.
Kravetz responde: “Son dos concepciones de lo que cada uno entiende que debe ser el rol del Estado en la sociedad. Para mí, que el 25% de la población argentina viva de subsidios es un horror”, sostiene, y chicanea: “No me imagino que ninguno de los políticos progresistas que están diciendo eso se planteen para sus hijos ese estilo de vida. Yo no creo que quieran que sus hijos tengan una AUH, ni tampoco los hijos de sus hijos. Eso no es una presencia del Estado. Es solo una presencia del Estado en emergencia”.
Consultado sobre si el trabajo por la recuperación del territorio podría resultar funcional a la especulación inmobiliaria, el exlegislador contesta: “La preocupación está bien. En densidad poblacional, las villas más importantes son la 21-24, 31 y 31 bis, 1-11-14 y la 20. El 50% de la densidad poblacional que hay en villas está ahí. Y yo creo que, obviamente, se debería empezar por las más populosas. Si me tocara dirigir el proyecto a mí, empezaría por la villa 1-11-14 o la 21-24. No por un tema de si habría o no especulación inmobiliaria, sino porque es donde más claramente están metidos los cárteles”.
El presupuesto, en un país que invierte en la lucha contra el narcotráfico el 18,4% de lo que paga por la televisación de los partidos de fútbol de primera división, no parece ser problema para Kravetz. Ya que “más que un problema de plata, es un problema del enfoque de cómo gastar la plata”. Y agrega: “Por las declaraciones que uno escucha, no pareciera que estemos hablando de un tema que tenemos que combatir”.
La aplicabilidad de la “Ley de Pacificación” que promueve el exdiputado puede discutirse partir de que la idiosincrasia brasileña no es la argentina. Sin embargo, Kravetz cree que su proyecto es perfectamente sostenible. Y cuando es criticado por la utilización de la palabra “pacificación”, que esconde una connotación bélica, recuerda que el Gobierno nacional, cuando implementó el programa “Cinturón Sur”, demostró ser consciente de que esta es una problemática que no se soluciona “tirando cebitas”.
Un ejemplo de toma de territorio y presencia del narcotráfico que invade nuestra realidad es el “Barrio Papa Francisco”, en Villa Lugano, donde la impericia de la Justicia y la política mantienen la ilegalidad de una peligrosa permanencia de quienes usurpan terrenos altamente contaminados y un potencial conflicto con los vecinos de la zona que rechazan el nuevo asentamiento.
Al respecto, Kravetz reflexiona: “Si hubiesen existido las unidades de pacificación, esa toma habría sido imposible. Acá se le escapó la tortuga a alguien. Eso pasa cuando no hay presencia real, cotidiana, del Estado”.
El narcotráfico es una realidad, y sus consecuencias, dentro de los territorios donde la marginalidad impera, conllevan una situación de peligro y desprotección permanente. La premisa de que quienes habitan en estos territorios de construcción precaria y situación endeble empiecen a tener las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier ciudadano promedio es una condición de la propuesta. La problemática está instalada. Hay un plan que se ofrece como solución y espera por el acompañamiento popular. También hay un debate abierto, con defensores y detractores. Y una pregunta: ¿habrá alguna vez decisión política para, ya sea con este proyecto u otra iniciativa, terminar con el flagelo de la droga y devolverles los derechos a quienes conviven a diario con la delincuencia?
