La intensa zozobra que vive nuestra sociedad en cuestiones sociales, políticas y económicas está demandando una gran claridad en las propuestas que las distintas fuerzas políticas ensayan frente a las dificultades actuales.
Pero hoy no tenemos esos lineamientos generales, es decir, no existe una alternativa a la acción de políticas públicas que lleva adelante el gobierno nacional. Antes de lo mucho que se puede decir en lo instrumental, conviene empezar por aclarar dos cuestiones básicas. Es clave erradicar del modo más contundente posible la permanente alusión que hacen los miembros del Gobierno a una salida anticipada del poder, aun cuando se lo haga negándolo. Han sido elegidos para gobernar y deben cumplir su cometido en tiempo y forma, y ello implica hacerse cargo de las consecuencias de las políticas implementadas en los últimos diez años.
Esa misma apreciación deben grabársela a fuego los distintos segmentos opositores. Ningún costo, social y económico, justifica o compensa el deterioro de una nueva crisis institucional.
El comienzo de cualquier programa requiere basarse en un diagnóstico que esté validado por los datos de la realidad. Es decir, hay que empezar por reconocer algo que no puede ser negado en una crisis como ésta. Y eso es que en el fondo de esta crisis económica está la marca indeleble del descalabro fiscal.
Dentro de ese enorme problema estructural aparecen cuestiones hoy prioritarias. Una de ellas es la eliminación de los subsidios a la energía, gas y electricidad, que consumen más de 4% del PBI y generan terribles consecuencias macroeconómicas. En el mundo se grava la energía por su impacto contaminante y aquí la subsidiamos a extremos absurdos, con un sesgo distributivo inexplicable.
En el mismo plano deben ponerse los subsidios descomunales a las actividades productivas y de servicios, ya sean estatales, paraestatales o privadas, como a los inmensos gastos en publicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno. En la misma línea debería adoptarse un impuesto al juego, que ha tenido un rol corruptor tanto de los gobiernos como de la política.
El criterio con el gasto público deberá ser eliminar todo aquello que ha crecido de forma inexplicable desde 2006 en adelante. No va a poder cerrarse la brecha fiscal sin un esfuerzo de esa naturaleza. La revisión integral del gasto deberá recorrer los tres niveles de gobierno. El programa fiscal debería apuntar a recomponer el superávit primario sin maquillaje y con metas trimestrales, realistas, nominales y fácilmente verificables. Ello implica aprobar un nuevo presupuesto y derogar superpoderes y facultades de emergencia para evitar nuevas manipulaciones. El presupuesto debe ser el marco normativo inviolable y actuar de ancla del programa financiero. Las transferencias del Banco Central no deberán exceder por ningún concepto las dos terceras partes de las realizadas el año anterior. Las ganancias del Banco Central deberán ser utilizadas para capitalizar la autoridad monetaria.
Hay muchos otros frentes que requieren cambios en las políticas públicas. La estrategia comercial debe cambiar radicalmente para facilitar la expansión económica, la eliminación del sesgo antiexportador y la afluencia de divisas.
Así, deberán suprimirse todas las restricciones a la exportación, así como también a la importación. Ello impulsará la canasta de exportaciones y la cadena de valor, hoy trabadas por las prohibiciones de exportar.
En la misma línea deberá ir la creación de un mercado cambiario financiero y turístico libre, sin intervención del Gobierno, que elimine el dólar turístico y tarjeta, así como toda limitación al ahorro en moneda extranjera. En los hechos, esto producirá un fuerte ahorro de divisas y desatará una importante demanda interna al turismo receptivo.
Un punto vital en el programa de emergencia es ofrecer alternativas de ahorro en la moneda local. En primer término, la tasa de interés debe reflejar las expectativas inflacionarias. En segundo término, debe ofrecerse un depósito indexado al tipo de cambio oficial o dólar linked, a tres y seis meses. La cobertura podrían ser letras del Banco Central de la República Argentina o títulos de las provincias por el mismo concepto. Podría también ofrecerse un certificado ajustable por salarios o jubilación mínima, que cubriera el problema de inflación. Una cartera de este tipo resolvería la salida de capitales, por defecto de cobertura o depredación de ahorros. Ello implica simultáneamente cortar todos los créditos subsidiados para evitar mayores pérdidas o las pérdidas vinculadas a la venta de cambio a término. Todo ello deberá completarse con la consecución de los anuncios de resolución efectiva del diferendo en el Ciadi, con Repsol y el Club de París.
El impulso a las actividades productivas, en especial la energía, la industria exportadora, el turismo receptivo, la cadena de valor agropecuaria y la inversión permitirá compensar a nivel macroeconómico la astringencia fiscal y la reducción de la financiación monetaria e inflacionaria del déficit fiscal. Es decir que el esquema va a terminar siendo expansivo, a diferencia de lo que hoy nos promete seguir el calvario de la políticas oficiales. Hay además un grupo especial de medidas para ampliar el empleo privado que deberá provenir de la baja de tributos a la actividad productiva del empleo de trabajo, compensado con una carga similar en el monto del impuesto sobre los combustibles y el IVA; también del lanzamiento de contratos especiales de trabajo para incorporar jóvenes y personal desplazado por la falta de empleo productivo en las economías extrapampeanas. La idea es fomentar el reempleo productivo, a partir de la reducción de los subsidios para no trabajar y contribuir a la reducción del consumo doméstico de energía.
Los lineamientos que se mencionan se refieren a una transición y no a un programa de un futuro gobierno. Tampoco es un programa para desarrollarse a largo plazo. Es, en cambio, un esquema congruente con el problema de transición que enfrentamos y es compatible con las reformas que habrá que instrumentar en diciembre de 2015. La cuestión es llegar de la manera más ordenada y positiva posible, sin arriesgarnos a una nueva crisis política, económica e institucional.