Con una actividad todavía escasa en la Legislatura y tras las primeras sesiones en marzo, dos son los proyectos que volverán a cobrar relevancia por estas semanas en el trabajo de comisiones: se trata el de regular los piquetes en la vía pública y el de los cuidacoches.
Los dos tienen origen en el macrismo, pero en el primer caso, hay una propuesta alternativa. La presentó la legisladora de UNEN María Eugenia Estenssoro, quien recuperó una propuesta del presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Sergio Abrevaya.
El texto propone que quienes organicen una marcha le avisen al Gobierno con anticipación, y garanticen que al menos dos carriles en las avenidas y que los circuitos de Metrobús queden libres para colectivos, autobombas, patrulleros y ambulancias. En las calles comunes, en tanto, se tiene que dejar al menos un carril. Hoy la ley no establece estos mínimos.
El año pasado, el legislador José Luis Acevedo propuso modificar ese artículo del Código Contravencional. El texto propone que quien obstruya, impida u obstaculice la circulación de vehículos de transporte público de pasajeros y servicios de emergencia de cualquier índole que utilizan la traza del Metrobús, sea sancionado con seis (6) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o multa de mil ($1000) a cinco mil ($5000) pesos.
En cuanto a las protestas sociales, señala: “El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.
El otro de los proyectos, el de los denominados “trapitos”, no logró prosperar durante tres años, por eso que de nuevo sobre la carga el Pro intentará su sanción. Tiene origen en el vicepresidente I de la Legislatura, Cristian Ritondo.
GIUSTOZZI, CON UN PROYECTO SIMILAR EN EL CONGRESO:
El massismo presentará su propio proyecto de ley para regular los piquetes, adelantó por Radio Continental el diputado Darío Giustozzi. En La Mirada Despierta, ratificó que el Frente Renovador llevará al recinto una propuesta para fijar parámetros para las protestas y sancionar a quienes no se adapten a ellos.
La propuesta contempla el “derecho a la petición social”, pero advierte que no puede realizarse de cualquier forma, en cualquier lugar ni a cualquier hora, sino que establece lugares determinados para ejercerla. Sugiere además proveer medios para garantizar que la protesta sea visible por otros ciudadanos, explicó.
Así, quienes realicen marchas, cortes, piquetes o algún tipo de protesta que no se adapte a la normativa serán sancionados con Trabajos comunitarios o multas equivalentes a entre 1 y 3 salarios mínimos si la vía bloqueada era una calle y entre 3 y 5 en caso de avenidas y autopistas. ”
De aprobarse, el proyecto contempla otorgar 120 días para que el Poder Ejecutivo elija los espacios públicos en que se realizarán las protestas. Como mínimo, deberá haber cuatro lugares para la jurisdicción federal, cuatro en cada provincia y la Ciudad y 3 en cada municipio.
