La polémica por detrás de la inundación de La Plata rondaba en torno a la cantidad oficial de víctimas que habían sido afectadas por el temporal que se desató el 2 de abril pasado. El juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de esta ciudad, Luis Arias, constató un total de 89 muertes y detectó severas irregularidades en la operatoria de la morgue local y en las defunciones anotadas en el Registro de las Personas bonaerense.
El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo provincial a rectificar “la información inexacta” divulgada oportunamente sobre la cantidad de fallecidos. En principio, desde la administración sciolista hablaban de 51 fallecidos. Luego, ante la aparición de nuevos casos, admitió que el total de decesos por la inundación sería determinado por la Justicia.
En el dictamen, que habilita a los familiares de las víctimas verificadas a accionar penal y civilmente para reclamar el deslinde de responsabilidades y pedir resarcimientos, también menciona otros 17 casos de muertes consideradas dudosas en cuanto a su vinculación con la inundación, pero que Arias dijo que no logró comprobar fehacientemente que fueran a causa de la tormenta.
En esa nómina figura, entre otros, Ada Teresa Rodríguez de Castro, la mujer de 85 años vecina de la casa natal de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Tolosa que murió de un paro cardíaco al parecer angustiada por la suerte de su hija y cuyo caso fue expuesto por la jefa del Estado durante una cadena nacional. También están en esa lista un grupo de personas que se hallaban internadas en el Hospital Español, anegado aquella noche.
En tal sentido, se destaca que “la falta de esclarecimiento de estos casos -según se ha señalado oportunamente- guarda vinculación con el incumplimiento de las obligaciones normativas a cargo de las autoridades sanitarias y judiciales”.
Arias también cargó a la provincia las costas del proceso, unos 80.000 pesos en honorarios profesionales de abogados y peritos.
Al mismo tiempo, remitió las actuaciones ante la Unidad Funcional de Instrucción de turno para que “investigue la posible comisión de delitos de acción pública”.