Hubo audiencia el 18, hubo audiencia el 25 y habrá otra el lunes y más allá del lunes. En el medio: llanto, pedidos de justicia, la solicitud de la nulidad del juicio por parte de los acusados, llanto, más gritos de justicia, un pedido de juicio político al juez Claudio Bonadío y hasta el cruce de familiares con Ricardo Jaime en el bar de los Tribunales de Comodoro Py. Sin duda, el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2) para medir las responsabilidades penales por las 51 personas muertas y los 789 heridos que la colisión del tren 3.772 (identificado como Chapa 16), producida el 22 de febrero de 2012 a las 8.32, contra la propia estación, en el andén 2 de Once del ferrocarril Sarmiento, tiene para largo. Es que, como si tanto daño fuera poco, también se ponderará la política de subsidios al transporte público y, en particular, el estado del ferrocarril durante la administración K. Que tampoco es poco. Que es mucho.
Por empezar, el martes 18, en la lectura del requerimiento del fiscal Federico Delgado, tuvieron una fuerte presencia las figuras de “complicidad criminal” y “connivencia” entre funcionarios y empresarios, y “anarquía”; y además se trajeron al presente los más de $1.900 millones que recibió la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) en calidad de subsidios estatales por la explotación de la concesión de la exlínea Sarmiento, que le fue retirada por el Estado nacional en mayo de 2012, es decir, tres meses después del accidente.
“El hecho no se acota a la colisión, que es su resultado final, sino que alcanza a las causas que la hicieron posible. Básicamente, se trata de las condiciones deficientes en que se prestaba el servicio, debido a que las personas con capacidad de decisión en el conglomerado liderado por Cometrans & TBA incumplieron de modo deliberado el contrato de concesión y administraron fraudulentamente los fondos que el Estado proporcionó para esa explotación”, manifestó el fiscal en su acusación. “Ese comportamiento, finalmente, lo hizo posible la complicidad de la Secretaría de Transporte de la Nación, la subsecretaría específica para el área de ferrocarriles de esa cartera y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, agregó Delgado.
En el banquillo de los acusados, además de Marcos Antonio Córdoba, el maquinista del Chapa 16, y 22 directivos y empresarios, como Claudio, Mario y Roque Cirigliano, de TBA, se encuentran exfuncionarios, algo que hace de este juicio un hecho histórico. Entre estos últimos se cuentan los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, y el exsubsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. Ricardo Jaime, secretario de Transporte de 2003 a 2009, y Juan Pablo Schiavi, su sucesor de 2009 a 2012, también estuvieron sentados, uno del lado del otro, en el banquillo de los acusados. Pero ni se hablaron. A su vez, algunos familiares de las víctimas del desastre conocido como Tragedia de Once siguen reclamando la necesidad de acusar también a Julio De Vido, ministro de Planificación del kirchnerismo.
El 18 hubo mucho murmullo de reprobación, por otra parte, cuando se leyó el auto de elevación a juicio firmado por el juez Claudio Bonadío. Es que en ese momento se detallaron los gastos que efectuaba Sergio Claudio Cirigliano con una tarjeta de crédito a su nombre pero que pagaba TBA. Algunos de los gastos, a saber: 17 mil dólares en joyas y muebles de la Polinesia Francesa, 2.500 dólares en carteras y 14 mil pesos en vinos.
“Este fue un día de sentimientos encontrados, en donde se reviven muchas cosas… Esperamos una condena ejemplar, que se aplique todo el rigor de la ley, que prevalezca la igualdad ante la ley, vengan de donde vengan y se llamen como se llamen”, expresó María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey (la última de las víctimas halladas, tras 57 horas de desaparición), notablemente conmovida, cansada. En tanto, el padre de Lucas, Paolo Menghini, espera “que se condene el entramado de corrupción política y empresarial que provocó el abandono del sistema ferroviario”. Porque, siguiendo la cadena lógica de responsabilidades y hechos, allí radica la base del drama. Lástima que la punta del iceberg del drama ferroviario argentino haya sido tanta muerte, tanto pesar.
El llanto desgarrado pero silencioso, el llanto indignado y omnipresente, fue la cortina previsible, necesaria. Y lo fue el 25 también. Y lo será después, seguramente. Quizá suceda que, como en una película de Alejandro Doria, los músculos del dolor se tensen tanto que ya no duelan. Y se anestesie el devenir. Propia de Doria fue, por caso, la escena de Schiavi y los familiares y amigos de las víctimas en el restaurante de los tribunales de Comodoro Py. Justicia, justicia, justicia. “Es muy fuerte, lo tuvimos cerca en la sala y cerca acá”, expresaba María Luján Rey en su cuenta de Twitter, como en un minuto a minuto del desgarro.
Cortinas de papel, cientos de cortinas de papel con la leyenda “Ju5t1cia” fueron nuevamente la escenografía de rigor el martes 25. Pasada dicha audiencia, Jaime, Schiavi y el resto de los 29 imputados –menos el motorman involucrado en el caso– pidieron la nulidad del juicio, dado que consideran que la instrucción llevada adelante por el fiscal Delgado estuvo mal hecha: que no está claro de qué se acusa a cada uno y que, en consecuencia, no tienen derecho a defenderse. La instancia del martes pasado sirvió de escenario, a su vez, para que Bonadío sumara un nuevo pedido de juicio político. Es por estos motivos que la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 31, para dirimir estas cuestiones, en tanto la fiscalía analiza una respuesta.
Temprano, se había completado la lectura de las acusaciones de las querellas. Y por el cuarto intermedio quedó pendiente un recurso de la querella que representa a la familia de Lucas Menghini Rey, que anticipó que solicitará la nulidad de la última pericia que determinó que los frenos del tren funcionaban bien. “El informe fue realizado de manera tendenciosa, es completamente subjetivo y presenta muchas irregularidades”, declaró Leonardo Menghini, tío de Lucas. El recurso va en contra de un perito de oficio, Néstor Luzuriaga, quien, según el argumento de la querella, ya había sido contratado por la empresa Ugoms, que administra el Sarmiento, para realizar otros informes técnicos.
Por otro lado, como ya se mencionó, el abogado Gregorio Dalbón, otro querellante, pidió ante el Consejo de la Magistratura el juicio político contra el juez federal Bonadío, quien instruyó esa investigación. Dalbón imputó a Bonadío la causal de “mal desempeño de sus funciones” derivadas de sus declaraciones periodísticas en las que insistió en desvincular al maquinista Marcos Antonio Córdoba de la responsabilidad central del siniestro ferroviario. Dalbón, asimismo, se hizo tiempo para el blooper: mientras se planteaban las cuestiones preliminares al juicio y cada abogado se presentaba indicando su nombre y a quién representaba, el querellante tomó el micrófono y dijo, convincente, en el marco del primer juicio por la Tragedia de Once, llevado adelante por los magistrados Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara: “Soy Gregorio Dalbón, el que hace declaraciones en la televisión”.
El martes 25, durante la primera jornada, el fiscal federal Delgado dijo que existió un “pacto” entre la empresa TBA, que en tiempos del accidente era concesionaria del Sarmiento, y el Gobierno, que “disolvió” el control al servicio. Y expuso, además, que entre 2003 y 2009 los subsidios que la administración kirchnerista dio a la concesionaria crecieron un 132 por ciento, pero que semejante inversión “no se reflejó en el servicio”. Ni en la inversión, ni en la prolijidad: en nada. ¿Será justicia?