“Me dejás mudo”. Así reaccionó el actor Gerardo Romano cuando se enteró en una entrevista con Oscar González Oro en radio La Red de que un juez había liberado a Daniel Darío Romero, quien ayer fue detenido en Palermo después de asaltar a dos turistas norteamericanas. El rol de Romano fue clave para que los vecinos que presenciaron el episodio no golpearan al ladrón.
“Entregué mi vida, me hice cargo de las dos turistas que estaban aterradas, les hice de traductor, las acompañé a la comisaría, declaré, ¿y un magistrado libera a un delincuente con antecedentes? Hay que saber quién es ese juez”, declaró el intérprete.
“Me angustia saber que largaron al delincuente”, agregó Romano, uno de los transeúntes que al observar el robo decidió correr al autor del hecho, lo redujo y se lo entregó a un efectivo de la comisaría 25.
Fuentes policiales confirmaron que Romero registraba antecedentes delictivos y tendría al menos tres entradas en diferentes comisarías de la ciudad de Buenos Aires, la última en agosto del año pasado.
El malviviente recuperó la libertad a las 00.45 de anoche por orden del juez de instrucción porteño Facundo Cubas, por lo que permaneció menos de 12 horas detenido en la seccional 25 del barrio de Palermo.
El magistrado emitió un comunicado en el que justificó los motivos por los cuales liberó al hombre que fue detenido este miércoles tras un robo en Palermo y que fue “salvado” por el actor.
“En el caso no se presentan ninguno de los riesgos procesales previstos en la ley que hubieran permitido el dictado de la prisión preventiva, dado que el justiciable no posee antecedente condenatorio alguno, se constató que vive donde indicó y no registra ningún pedido de captura dispuesto por otro Tribunal”, aseguró Cubas.
A lo que añadió: “Además, las características del hecho y su encuadre legal -robo en grado de tentativa, artículos 42 y 164 del Código Penal-, tampoco autorizan la prisión preventiva“.
“Bajo tales condiciones, se aplicó el trámite de instrucción sumaria a cargo del fiscal, como así lo impone el artículo 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación”, indicó.
Por esos motivos, el juez afirmó que “adoptar una decisión distinta hubiera significado violentar las normas que para estos hechos estipulan la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país y el mencionado Código Procesal”.
Por otra parte, ll ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, se mostró contrariado por lo sucedido. “Los jueces deciden liberar por teléfono a los delincuentes. Estos casos se deben trasladar a Tribunales”, señaló en declaraciones a Radio Mitre.
“Nosotros como políticos tenemos que ver por qué pasa esto. Cambiando un código no cambia la situación. La responsabilidad es de la política, los jueces los pone la política. Si no hacen bien las cosas, (a los jueces) tenemos que juzgarlos en el Consejo de la Magistratura”, indicó el funcionario macrista.