Los linchamientos, esa espiral incontrolable, continúan su camino borrascoso hecho de pura violencia salvaje. Pero no solo de violencia salvaje. En el medio, en la arena política, hay pases de factura a diestra y siniestra, bastante irresponsabilidad mediática en el tratamiento del tema, intelectuales tratando de dar lectura a este fenómeno reeditado y pedidos de mayor y mejor seguridad. La gente está harta, dicen. Y tienen razón. Pero qué sucede con la otra inseguridad, esa que se vuelve natural a la mirada de cualquier observador, porque siempre estuvo allí y siempre lo estará. O, en todo caso, siempre puede empeorar.
Hablamos de la inseguridad de los más pobres, de esas familias que viven en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires –aunque su realidad, en rigor, se replica hacia el interior del país– cuyos integrantes pueden morir de un ataque cardíaco porque la ambulancia no llegará a socorrerlos, o en una pelea vecinal, que no tendrá a la policía para dirimir el conflicto in situ, porque, claro, el patrullero tampoco llegará. Hablamos, en el fondo, del Estado ausente para los desfavorecidos, un verdadero Estado bobo: un Estado ciego, sordo y mudo.
Uno de los últimos manifiestos de La Garganta Poderosa, la publicación que se encarga, desde 2004, desde las fauces de Barracas, de dar cuenta de esta problemática y de muchas otras, como el narcotráfico y el gatillo fácil, expresa: “Un llamado a la racionalidad: ¿qué carajo quiere decir ‘emergencia en seguridad’? ¿Que Julio López no aparece? ¿Que la corrupción policial crece? ¿Que los desaparecedores de Arruga están en su casa, como si fuera normal? ¿Que cada vez hay más casos de violencia institucional? ¿Que la gorra administra las zonas liberadas para el afano? ¿Que las redes de trata se tejen en comisarías del Conurbano? ¿Que los capos de la Bonaerense mandan pibes a chorear? ¿Que los patruchorros nos van a empezar a cuidar? ¿Que al fin van a poner camaritas de seguridad en los destacamentos? ¿Que nadie detuvo a los autores de los linchamientos? ¿Que ahora volverán a tirar uniformados, 15.000 policías retirados? ¿Que los efectivos están mal preparados? ¿Que a nombre de la inseguridad nos siguen metiendo la mano en la lata?”.
Y es precisamente en el barrio Zabaleta, en la Villa 21-24, por Barracas, donde Kevin Molina, de 9 años, falleció el año pasado cuando recibió un tiro en la cabeza producto del enfrentamiento entre dos bandas. Cuentan que Kevin escuchó los tiros, esos tiros que irrumpen en cualquier momento, y que seguramente recordó que cuatro años atrás su amigo Kevin Ramos había muerto por una bala perdida. Entonces, se escondió debajo de una mesada de su humilde casa y se hizo pis del miedo. Y murió.
Casos como el de los Kevin hay todos los días. Pero no son noticia. Y hay tantos potenciales Kevin que podríamos perder la cuenta. ¿Quién puede olvidar la violencia, encarnada en todas sus formas, hacia los que tienen vulnerados hasta sus derechos más básicos? ¿Quién puede olvidar las muertes en la toma del parque Indoamericano, en 2010, o la violencia latente en otra de las tomas más recientes, la de los terrenos linderos a la Villa 20? La muerte siempre amenaza, es un fantasma omnipresente. Pero fuera de la pantalla mediática pocos saben que, por ejemplo, a mediados de agosto de 2012, un chico de 11 años cayó, mientras jugaba, por el hueco de un ascensor que nunca existirá, en las entrañas del Elefante Blanco, en Ciudad Oculta (Noticias Urbanas retrató el hecho en su momento). Y que desde hace muchos años más, una grieta profunda crece en el hormigón del segundo piso de lo que hubiera sido el hospital de pediatría más grande de Latinoamérica: solo un bloque desprendido, caído al vacío, podría generar un desastre. Más muerte.
En estos días conocimos otro fallecimiento de este tipo, de los que serían evitables si no primara la política de la otra inseguridad. O mejor dicho, de la no política. Esta vez, el escenario fue el barrio San Martín de la Villa 31 Bis. “Nosotros tomamos conocimiento hace poco de la muerte de Luis Alberto Ledesma Ruiz, un joven de nacionalidad paraguaya, de 29 años, que el 22 de enero murió pegado a un poste metálico que debía haber sido cambiado por uno de madera”, explica Demian Konfino, integrante de Los Invisibles, una organización social, “política pero no partidaria”, que trabaja en el lugar por la dignificación de los habitantes del barrio.
En 2013, vecinos de la zona se presentaron ante la Justicia para pedir un recurso de amparo debido a la grave situación a la que llevan los servicios públicos en el barrio, conformado por once manzanas y ubicado entre la estación de Retiro y el ferrocarril.
“Cuando vinieron los peritos de la Defensoría determinaron que las condiciones eran muy riesgosas, ya que los postes que tenemos son de metal y no son ‘técnicamente’ adecuados”, detalla, por su parte, el referente barrial José Bravo, actor de la causa A 277-2013/0, caratulada “Bravo Francia José Manuel y otros c/ GCBA s/ Amparo”.
Ante ese contexto, la Justicia determinó, por medio de la jueza Elena Libetarori, que “resulta elocuente en ordenar expresamente la confección de un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico en el barrio San Martín realizando las reparaciones urgentes que resultaren necesarias. En particular, realizar en forma urgente el recambio de los postes metálicos por postes de madera y provisión de alumbrado público básico”.
Las obras del tendido eléctrico, que habían comenzado a fines del año pasado, se interrumpieron durante el verano, de modo inexplicable para los vecinos. Al contrario, afirman que el cambio de postes nunca se inició y desde la UGIS del Gobierno de la Ciudad avisaron que nunca lo harían porque no lo consideraban necesario, más allá de la existencia de un fallo que obliga al Ejecutivo porteño a hacerse cargo del cambio. “Hasta el momento solo se cambió un poste, el que da a la avenida Ramos Mejía”, describe Bravo, y señala que “lo que están haciendo es un tendido eléctrico con ménsulas pero que avanza muy lento”.
Independientemente de la causa que se encuentra en el fuero contencioso administrativo, y cuya sentencia fue apelada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la muerte de Luis Alberto Ledesma Ruiz determinó el inicio de una causa penal. “La causa se encuentra en etapa de instrucción, es decir que estamos investigando y falta recibir los resultados de los peritajes. Hasta el momento, lo que sabemos es que el joven estaba tratando de hacer una conexión y se quedó pegado”, informó Cristina Caamaño, fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción N° 4. La letrada indicó, a su vez: “El viernes 4, los vecinos y las organizaciones me presentaron la medida cautelar que señalaba que había que realizar el cambio de poste, que será tenida en cuenta durante la instrucción”.
Una vez conocida la muerte de Ledesma Ruiz, los vecinos pusieron en conocimiento de lo sucedido a la defensora Cecilia González de los Santos, quien realizará una presentación judicial en el expediente, denunciando el hecho.
Desde la agrupación Los Invisibles, en tanto, afirman: “La soberbia del Gobierno de la Ciudad, su falta de respeto hacia los derechos de los sectores populares y el incumplimiento de obligaciones republicanas a partir de un fallo judicial hacen responsables, civil y penalmente, a los funcionarios macristas que debían cumplir la orden de la jueza. Insistimos, la Justicia debe investigar a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad por la muerte de nuestro vecino, por haber incumplido un fallo judicial, cuyo acatamiento hubiese evitado dicha muerte. Exhortamos a la Justicia a una profunda investigación de los hechos, para que no haya impunidad”.
Y Konfino agrega: “En estos tiempos en que muchos medios de comunicación estigmatizan a los pibes de nuestros barrios, nos preguntamos si es justo que nuestros vecinos jóvenes mueran electrocutados, pegados a los postes de luz. ¿Es justo que nadie se indigne porque un gobierno, elegido democráticamente, no cumpla con un fallo y provoque una muerte? ¿A la “gente” no le importan nuestras muertes, la de los pibes pobres, por desidia del Estado?
