Luego de que el macrismo insistiera con la aprobación de un proyecto para prohibir a los cuidacoches, el kirchnerismo presentó un proyecto que, lejos de prohibir, busca “regular y ordenar la actividad”.
La iniciativa lleva la firma de las legisladoras Gabriela Alegre y Claudia Neira y establece la creación de un “Registro de Cuidadores de Vehículos”, que funcionará bajo el ámbito de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.
En los fundamentos, las legisladoras sostienen que “quienes se desempeñan en este tipo de actividades en la vía pública, son personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social”.
Alegre, por su parte, sostuvo que: “La política represiva, que persigue a los cuidacoches, discrimina y estigmatiza a gran parte de ellos, quienes ejercen una actividad de mera subsistencia”, en referencia al proyecto macrista.
“El proyecto del Pro apunta a prohibir la actividad y desligarse de la responsabilidad del Estado de atender las situaciones de vulnerabilidad. Por eso, nuestra propuesta es organizar el uso del espacio, armonizar intereses y brindar un marco regulatorio. También habrá sanciones para los casos de incumplimiento”, agregó la legisladora.
Neira explicó que “el Pro plantea prohibir los trapitos porque le resulta más fácil que intervenir desde el Estado para ordenar y controlar estas actividades”. “Prohibir no es solución: quienes quieren delinquir y lo hacen a través de estas actividades se irían a buscar otra actividad que les permita robar. En cambio, los que pagarán el costo son las personas que encuentran en esta actividad un rebusque de subsistencia”, aumentó.
Según el proyecto, tendrán prioridad para inscribirse en el registro los jubilados y pensionados, los adultos mayores sin beneficio previsional, las personas que padezcan algún tipo de discapacidad, aquellas que integran familias numerosas, o en las que alguno de sus miembros padezca algún tipo de discapacidad, las jefas de hogar y las personas en situación de calle.
El proyecto determina también que, en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas, se podrá revocar el permiso otorgado. Además, impone sanciones por cuidar coches sin autorización y con penas agravadas para aquellos que participen de su organización.
