El proyecto que presentó días atrás el kirchnerismo para regular los piquetes ya cosechó respuestas de parte de bloques de la oposición.
Darío Giustozzi, representante del Frente Renovador se mostró a favor de la propuesta afirmando: “Cuántas ambulancias llegaron tarde, cuántos trabajadores perdieron el presentismo, cuánto se perdió por las demoras o miles de baches generados por las cubiertas quemadas, cuántas horas de su vida perdieron los ciudadanos por quedar entrampados sin salidas en algún corte, es un disparate seguir así”.
Desde el macrismo también hubo venia al proyecto aunque criticaron la distinción de piquetes legítimos e ilegítimos que hace el proyecto, que sólo permite aquellos que son notificados con 48 horas de antelación y obstruyen vías de manera parcial.
“Celebramos que ahora el kirchnerismo quiera limitar los piquetes, pero queremos que no sea por simple oportunismo político, que no haya reglas lo suficientemente claras y que no hagan que, por ejemplo, unos puedan cortar y otros no”, opinó la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
Y subrayó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó varias iniciativas para regular las protestas callejeras pero recordó que no pudieron avanzar en la Legislatura por el rechazo de la oposición.
Desde la izquierda volvieron a emitir críticas y calificaron de “reaccionaria” la iniciativa. “Resulta increíble que los progresistas del Gobierno ahora nos quieran decir cuándo una movilización es legítima”, sostuvo con ironía el diputado bonaerense, Christian Castillo.
Por la UCR, el diputado Miguel Bazze advirtió que, de aprobarse esta iniciativa, “serían penalizados los vecinos que debieron reclamar por los cortes de energía eléctrica” o “todas las protestas vinculadas a la inseguridad de manera espontánea”.
“Sólo apunta a controlar aquellas voces que no le gustan, una línea que no debemos permitir que se cruce”, coincidió la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.
La diputada del Frente Social por la Inclusión Social (FIS) Ramona Pucheta también se sumó a las críticas. “Las personas o agrupaciones que llegan a la situación de cortar una calle lo hacen por las semanas, meses o años en que no han sido escuchadas”, subrayó. Y propuso crear un registro donde figuren los reclamos.
Un punto no menor es el rechazo que generó dentro del ámbito kirchnerista. El Centro de Estudios Legales y Sociales consideró que la iniciativa implica “un retroceso” que afecta “el derecho a la protesta”. Y el dirigente Luis D’Elía dijo que le “suena feo” y es “contradictorio”.
