El legislador Helio Rebot (Pro) presentó un proyecto de ley para darles más herramientas a los jueces en caso de contravenciones producidas por piqueteros y, también, ocupantes ilegales de predios y cuidacoches. Su iniciativa, que promueve la quita de planes sociales, se suma a otra que impulsó en contra de los cortes de calles, en agosto del año pasado, el también legislador macrista José Luis Acevedo. En diálogo con Noticias Urbanas, Rebot se refirió a la iniciativa del kirchnerismo nacional para regular los piquetes y a su propia propuesta.
“No conozco la letra fina del proyecto del kirchnerismo –señaló el legislador del Pro–, pero en la Ciudad esas cuestiones están resueltas a través del artículo 78 del Código Contravencional, que prevé la regulación de ese tipo de manifestaciones para que no se conviertan en un delito. Se explica con claridad que quien impida la circulación de la vía pública debe ser sancionado con multa y trabajos de utilidad pública. Además de tener que dar previo aviso a la autoridad competente antes de realizar cualquier tipo de marcha. Ahora, cuando se impide el paso del transporte público se está inflingiendo el artículo 194 del Código Penal, que tiene una pena de tres meses a dos años de prisión.”
–Entonces, ¿apoya la iniciativa del kirchnerismo?
–El proyecto toma nota de un problema que el Gobierno nacional negaba y, en ese sentido, es bienvenido. El principio de la solución comienza cuando se reconoce que tenemos un problema. Lo que me parece mal es que sea el Gobierno el que decida qué tipo de protestas se pueden hacer y cuáles no. Esa es una diferencia clara entre la Ciudad y la Nación, ya que nosotros legislamos como lo hacen las ciudades más importantes del mundo, en cambio la Nación pretende tener el derecho para decidir qué corte se hace y cuál no.
–Con base en eso, ¿qué hará el bloque de diputados nacionales de Pro?
–El bloque va a acompañar la discusión del tema, pero vuelvo a repetir que no estará de acuerdo con que el Gobierno nacional se arrogue la atribución de calificar cuál protesta es legítima y cuál no lo es.
–Más allá de que usted dice que en la Ciudad la cuestión está legislada, los cortes no cesan.
–El problema es que los jueces no aplican las penas. En la Ciudad hay un sector que ya se acostumbró a avisar como corresponde que tal día realizará una marcha para que, de esa manera, el Gobierno tome los recaudos del caso. Y esto se da en marchas significativas. Por ejemplo, así lo hizo Hugo Moyano durante la última marcha que realizó en la Capital Federal. Por otro lado, es más que evidente que el poder político no puede tolerar situaciones de piquetes salvajes que atentan contra la misma democracia.
–Su proyecto legislativo va en esa dirección.
–Te doy un ejemplo sobre las personas que usurpan viviendas sociales, es decir, el lugar que el Gobierno de la Ciudad destinó a personas de bajos recursos. Si esos ocupantes exigen tener los mismos derechos que ellos, el juez que actúe en el conflicto no debe premiar a quienes no cumplen la ley. Entonces, además del delito que les corresponda, mi iniciativa incluye una pena accesoria de que se los excluya por un tiempo determinado (puede ser un año) de los planes sociales que reciben. Para dictar esa pena también se tomaría en cuenta si los infractores son reincidentes en ese tipo de delitos.
–¿Por qué cree que deben penarse los cortes de calle?
–Porque el vecino de la Ciudad hace un gran esfuerzo pagando sus impuestos y no se le puede pedir que con su dinero financie a los tipos que cortan una avenida impidiéndole que llegue a su trabajo.
