La Sala reconoció que debe ser la justicia de excepción la que intervenga “en los delitos cometidos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación trasciendan la esfera local, o se perjudique a las rentas del Estado Nacional”.
“Sin embargo no es ello lo que ha acontecido aquí”, dijeron los camaristas Jorge Luis Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, al analizar los episodios registrados el 2, 5 y 15 de agosto y el 13 de septiembre.
En una resolución de dos carillas, los magistrados citaron fallos de la Corte Suprema que establecieron que “correspondía intervenir al fuero local cuando no se afectase al servicio de transporte público interjurisdiccional” y que “para que surja la competencia federal, los efectos del hecho deben exceder los límites provinciales”.
La cuestión había llegado a la Cámara luego que el fiscal federal Guillermo Marijuan apelase el envío a la justicia local -ahora confirmado por la Cámara-, al sostener que la conducta desplegada por los manifestantes afectó un servicio público de carácter general, que habría perjudicado a un grupo indeterminado de personas y que esto podría haber generado un peligro común”.
La interrupción del servicio había sido dispuesta por empleados de una empresa que tercerizaba el servicio de seguridad en la línea A de subterráneos, quienes bloquearon las vías impidiendo la circulación de los trenes en reclamo por el despido de alrededor de medio centenar de trabajadores.
