El Gobierno porteño saldrá al mercado financiero el seis de mayo para colocar un bono de deuda pública por 100 millones de dólares a dos años, que estarán atados a la evolución del dólar (dollar linked). La operación contará con la intermediación del Banco de Servicios y Transacciones.
El bono será emitido en pesos, aunque atados al valor dólar. Esto significa que el valor de la deuda se conocerá el día en que se produzca el desembolso, porque el valor a pagar lo definirá el tipo de cambio oficial de la fecha. Si existieran hasta entonces más devaluaciones, los acreedores gozarían de beneficios adicionales.
El bono se emitirá en el marco de la Ley Nº 4.315, que autoriza crear programas de financiamiento en el mercado local, que incluyen la emisión de títulos de la deuda pública. Este mecanismo fue utilizado el año pasado por el Gobierno de la Ciudad y por otras provincias para conseguir financiamiento.
Macri intenta de esta manera beneficiarse con la liquidez que existe hoy en el ámbito financiero. La desventaja es que posiblemente exista poco interés de los inversores a causa de la cotización actual del dólar oficial, que éstos esperan que aumente para mostrar su buena voluntad.
Problemas con el intermediario
El Banco de Servicios y Transacciones carga con un par de problemas desde hace unos años a esta parte. En octubre de 2007, el empresario Marcelo Mindlin adquirió el 45 por ciento del Grupo de Servicios y Transacciones (GST), controlante de Credilogros, con el fin de ofertar servicios a los usuarios de Edenor.
Para lograr su ingreso al GST, Mindlin propuso realizar un mix entre aportes de capital y pagos en efectivo a sus accionistas. Un comunicado de la Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires dio una pista para conocer el monto de la operación, que no había trascendido hasta ese momento por otros medios: u$s 13,6 millones y otro aporte por 2,5 millones de la moneda norteamericana.
La empresa base por la cual Mindlin ofertó fue su propio fondo de inversión: Dolphin Fund Management, que, entre otros negocios, controla Transener, una de las principales empresas transportadoras de energía eléctrica. Dolphin se proponía, según explicaron sus propios voceros en octubre de 2007, “agregarle capacidad de financiamiento para que siga creciendo”, al Banco de Servicios y Transacciones.
Denuncia contra el BST
En septiembre de 2013, la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a los accionistas del Grupo ST a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios.
La maniobra investigada, que detectó el área de Reportes de Operaciones Sospechosas del Banco Central, es la inyección de 100 millones de pesos al GST aportados a través de sociedades controladas por los grupos financieros Dolphin Fund Management y ABUS Las Américas, una sociedad controlada por el empresario inmobiliario Sergio Grosskopf.
Según la denuncia, ambos grupos compraron el paquete mayoritario del Grupo ST y del Banco de Servicios y Transacciones con fondos de origen no controlado por los organismos estatales y que no fueron justificados posteriormente por Dolphin y ABUS Las Américas.
Dos años después de haber colocado los 100 millones de pesos de dudoso origen en el mercado, Dolphin revendió su participación accionaria en GST a sus dueños anteriores, posiblemente porque la operación no había sido autorizada por el Banco Central.
Deuda Pública
Desde que asumió el gobierno de la ciudad, la administración Macri, que recibió una deuda externa de 574 millones de dólares, elevó ésta en un 300 por ciento, según un estudio de La Fábrica Porteña, un instituto que dirige el ministro de Trabajo Carlos Tomada.
En 2013, la Legislatura autorizó al ejecutivo porteño a tomar 360 millones de dólares más de deuda. En enero, nuevamente el parlamento porteño aprobó una nueva emisión de bonos, éstos atados al dólar, elevando aún más el nivel de endeudamiento de la Ciudad. Los recursos públicos comprometidos aumentaron desde 1.807 millones de pesos en 2007 hasta 11.700 millones en 2013.
Los intelectuales que forman parte de La Fábrica Porteña concluyeron en que el hecho de que la ciudad sea un distrito superavitario, que maneja uno de los tres presupuestos públicos más elevados detrás de los de la Provincia de Buenos Aires y la Nación, “quita el justificativo de la necesidad constante de endeudarse” y definieron a la Capital Federal como “la mayor emisora de deuda atada al dólar” de Argentina.
