Poco más de dos meses después de que 500 familias tomaran un terreno de Villa Lugano cuyo suelo está contaminado y que fue bautizado por los usurpadores barrio Papa Francisco, la jueza porteña Gabriela López Iñíguez ordenó la detención de Antonio Marcelo Chancalay, acusado de ser uno de los organizadores de la toma del predio situado en la avenida Fernández de la Cruz y Pola.
La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Rolero ante las contundentes pruebas presentadas en la causa, incluidas escuchas telefónicas. Además, la Justicia prohibió el acercamiento e ingreso al predio tomado junto a la Villa 20 a otros presuntos líderes de la usurpación: Emanuel Ríos, Roberto Jiménez y Marcelo Urquiza.
De esta manera, la Justicia avanza sobre la hipótesis de que estas personas se “adueñaron” del terreno con fines lucrativos; ocurre que dentro del predio tomado los lotes se comercializaban por cifras que van de 8000 a 25.000 pesos.
Según las fuentes consultadas, la toma en Pola y Fernández de la Cruz se dio en medio de una pelea entre dos grupos de poder dentro de la Villa 20: uno, encabezado por Chancalay, y otro, por colaboradores del actual presidente de la junta barrial, Víctor Núñez.
La Justicia comprobó que Chancalay es empleado del gobierno de la ciudad desde 2006; también fue colaborador del partido UNEN en las últimas elecciones. Además, es socio gerente de Mach SRL (Marcelo Antonio Chancalay), empresa creada en 2009 y dedicada a la construcción de obra pública, y de otras tres cooperativas.
La Fiscalía General, conducida por Martín Ocampo, aportó pruebas de que Mach SRL habría realizado contrataciones con el Estado -en ocasiones, a través de la Fundación Sueños Compartidos- por valores por encima de los 500.000 pesos. Además, el hijo de Chancalay, Marcelo Alejandro, ingresó el 1° de marzo de 2008 como empleado en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, según informes judiciales.
La detención de Chancalay fue solicitada por temor a que el ex líder de la Villa 20 abandone el país. En el seguimiento de las cuentas bancarias vinculadas a este imputado la Justicia constató movimientos superiores a 80.000 pesos en distintos días de enero y febrero pasado.
Por esa razón, el poder adquisitivo de Chancalay, además de los contactos políticos que posee, llevó a la jueza López Iñíguez a considerar que “contaba con todos los medios para evadir la acción de la Justicia” y, por lo tanto, solicitó su captura.
Mientras tanto, Emanuel Ríos deberá comparecer mañana ante el Juzgado N° 14 para ser notificado de la prohibición de ingresar en el predio tomado. Además, no podrá salir de la ciudad y deberá presentarse semanalmente en la fiscalía porteña. Similar restricción rige para Claudio Roberto Jiménez y Marcelo Urquiza, que deberán presentarse en la fiscalía cada 15 días.
A todo esto, el desalojo del predio tomado sigue en la nada. Más de 500 familias continúan afincadas allí, y la situación parece indicar que se quedarán por mucho tiempo.
