Los verdaderos profesionales de la mentira afirman que lo que dicen es la verdad. Eso sucede muy a menudo con los culpables de ciertos delitos que, dada su jerarquía policial o política, tratan de escudarse en su pedestal de líderes comunitarios para eludir las responsabilidades que les caben en casos de asesinatos. Las muertes y lesiones que se produjeron el 19 y 20 de diciembre de 2001 debido a la violenta represión desatada desde el Estado tienen como trasfondo un montón de argumentaciones falaces esgrimidas por los máximos responsables de los hechos. El juicio oral que comenzó a fines de febrero para averiguar quiénes fueron los responsables materiales y políticos de las muertes pone en jaque a altos exoficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) y a importes exfuncionarios nacionales. La defensa de las víctimas pretenderá demostrar a lo largo del juicio, que aproximadamente durará un año y por el cual desfilarán 600 testigos, la responsabilidad concreta, entre otros, del exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y del exsecretario de Seguridad Interior del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov.
La parte más importante del juicio oral de la causa –que lleva el número 1.527 y está caratulada “Mathov, Enrique José y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”– comenzó a desarrollarse el miércoles 14 de este mes con la declaración testimonial de siete testigos, en los tribunales federales ubicados en Comodoro Py 2002. El Tribunal Oral Federal Número 6, que integran José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y el juez sustituto Adrián Martín, está a cargo del caso.
La causa tiene 17 imputados, de los cuales uno solo es civil, Mathov, y los otros 16 son expolicías. Entre ellos se encuentran tres altos exjefes de la Federal: quien por entonces era el jefe de la fuerza, Rubén Santos; el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, Norberto Gaudiero, y el exdirector de Operaciones, Raúl Andreozzi. Para los abogados de la defensa, hubo en las muertes y lesiones responsabilidad del exsecretario de Seguridad Interior y de los tres jerarcas de la PFA, por considerarlos jefes del operativo de represión y quienes dieron las órdenes durante ese día. Según los letrados, les cabe el delito de homicidio culposo por las cinco muertes y de lesiones culposas por los 117 heridos de distinta gravedad.
El listado de imputados lo completan Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Emilio Juárez, Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante, Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti, Horacio Bautista Berardi y Mario Andrés Seia.
En el proceso se tratará de dilucidar quiénes fueron los responsables de los asesinatos de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y las tentativas de homicidio contra Martín Galli y Paula Simonetti, además de las lesiones de distinto grado cometidas en perjuicio de 117 víctimas.
Sin embargo, para los familiares de las víctimas y los abogados de la querella falta un hombre en el banquillo de los acusados: el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, a quien consideran el máximo responsable político por las muertes ocurridas en diciembre de 2001. “Lamentamos que haya un gran ausente aquí: el que dio las órdenes y se llama Fernando de la Rúa”, dijo María Arenas durante su declaración en el juicio, al testimoniar por el asesinato de su esposo, Gastón Riva, y de otros cuatro manifestantes en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y la avenida 9 de Julio.
El asesinato de Riva sirve como ejemplo para graficar cómo sucedieron las otras muertes, ya que se dieron de manera muy similar. Según los peritos, estas se produjeron por balas disparadas por la policía. El calibre utilizado fue el 12/70. La propia mujer del asesinado contó que cerca de las cuatro de la tarde del 20 de diciembre vio por televisión que el cuerpo de su marido se encontraba tirado boca arriba en la Avenida de Mayo, a unos 50 metros de la 9 de Julio. Arena fue la primera testigo de los 45 convocados hasta fines de mayo.
El expresidente De la Rúa fue sobreseído por estos hechos, pero tanto la fiscalía como la querella que integra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron la revisión de esta resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que aún está pendiente.
“Se pudo comprobar que los hechos del 19 y 20 de diciembre fueron ordenados por el poder político. El primero que da la orden de desalojar la Plaza de Mayo es De la Rúa, quien le transmite esta decisión al por entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, quien a su vez se la traslada al secretario de Seguridad Interior, Mathov, que dio la orden al jefe de la PFA, Santos, de desalojar la plaza. Es más, Santos y los jefes policiales Gaudiero y Andreozzi se encontraban en el Comando de Operaciones a cargo de todo el operativo de represión y por eso tienen responsabilidad en el hecho. Por otro lado, están los autores materiales de las muertes (los policías), que no solo fueron inculpados por los testigos sino que, además, se los puede ver actuando en muchas filmaciones”, le explicó a Noticias Urbanas un letrado de la querella.
Antes de llegar al juicio oral, la Justicia tenía acreditado que “promediando la mañana del 20 de diciembre se ordenó a las fuerzas policiales desalojar la plaza y no permitir que en lo que restaba de la jornada se volviera a concentrar gente allí, para lo que debieron montarse operativos tendientes a obstruir las vías de acceso a la Casa de Gobierno”. También, se comprobó que “uno de los focos de enfrentamiento” entre los uniformados y los manifestantes fue la Avenida de Mayo, entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, donde “se produjeron los homicidios” de Riva, Lamagna y Almirón, quienes “fueron alcanzados por disparos de armas de fuego con munición de plomo”. De acuerdo con las pruebas, uno de los efectivos era Bellomi, a quien se ve en las filmaciones “efectuando un disparo con una escopeta calibre 12/70 cargada con munición de perdigones de plomo contra parte de los manifestantes que estaban en las inmediaciones, luego de lo cual se produjeron las muertes”.
A pesar de las numerosas pruebas en su contra, a fines de abril y durante cuatro jornadas, Mathov enfrentó al tribunal para esgrimir una defensa cargada de contradicciones. Y que despertó la ira de los familiares de las víctimas cuando sostuvo que no había pruebas para culpar a la policía de los homicidios. Pese a ello, debió reconocer que cerca de las dos de la tarde del 20 de diciembre se enteró por una comunicación con Mestre que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría le había ordenado a la Federal parar la represión. Ante esa confesión, los propios magistrados le hicieron notar al exsecretario de Seguridad Interior que ya no podía seguir negando que desconocía los hechos de represión policial.
“La declaración de Mathov dejó en claro que no solo el gobierno de De la Rúa ordenó reprimir sino que una vez que el exsecretario de Seguridad Interior se enteró de que Servini había ordeno detenerla, no hizo nada para que esta medida se llevara a cabo”, señaló ante NU una fuente de la investigación.
Por su parte, uno de los letrados de la defensa de Santos que dialogó con Noticias Urbanas deslizó que la estrategia del excomisario general se basará en afirmar que fue víctima de una interna policial que lideraron varios capos de la fuerza que luego llegaron a la conducción de la misma y que, por ese motivo, hubo un desborde de los efectivos que actuaron en la represión que terminó con las cinco muertes y los 117 heridos.
La Justicia, otra vez, parece llegar tarde. Pero la querella es optimista en cuanto al resultado final del juicio y hasta guarda esperanzas en que De la Rúa sea juzgado por la represión de diciembre de 2001, ya que para las víctimas está muy acreditado en la causa que las muertes se produjeron por decisión del poder político. Solo resta saber qué dirá la Corte Suprema sobre el expresidente. Y qué decidirán los magistrados que llevan adelante el juicio oral en el que están involucrados Mathov, Santos y otros exjerarcas de la Federal.