El abogado Maximiliano Medina forma parte de la querella en el juicio por las muertes del 20 de diciembre de 2001. Representa a los familiares de Gastón Riva y Diego Lamagna, quienes fueron asesinados durante la represión policial. En diálogo con Noticias Urbanas responsabilizó al poder político de turno por las muertes ocurridas en 2001.
–¿Cuántas personas son juzgadas en el juicio?
–Hay 17 imputados, de los cuales 16 son policías y un civil. Entre ellos hay algunos que son acusados de ser los autores materiales de las muertes, esto significa que son los que dispararon y lesionaron personas. Este grupo lo conforman entre 11 y 10 de los imputados. Otros están acusados de tentativa de homicidio y del delito de vejaciones. También, hay otros acusados de encubrimiento. Por último, se encuentra el exsecretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, quien está acusado del homicidio culposo de cinco personas y de 117 lesiones. Está misma pena les cabe a los jefes policiales de entonces, el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos; el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, Norberto Gaudiero, y el exdirector general de Operaciones, Raúl Andreozzi.
–¿Cuáles son las pruebas en contra de los imputados?
–Hay 600 testigos que van a declarar durante el juicio oral, más de 300 horas de imagen de video, en especial de las acciones realizadas por la policía el 19 y 20 de diciembre, abundante material fotográfico y las pruebas periciales sobre las balas que mataron e hirieron a los manifestantes, en donde tanto los peritos oficiales como los de la querella coincidieron en que fueron disparadas por policías. Hay pruebas de que la policía utilizó balas de goma pero también de plomo. Es evidente que se juntaron muchas pruebas para el juicio.
–¿Qué es lo más relevante del juicio?
–Que más allá de los autores materiales, lo verdaderamente importante es la imputación contra los tres jefes policiales y el exsecretario de Seguridad Interior. Esto es algo que no había pasado antes. Nunca en una represión social se llegó a una instancia de juicio oral contra figuras tan claves del poder.
–Es algo histórico.
–Es que los hechos de 2001 lo fueron, por la represión inusitada que se utilizó desde el Estado. Y el juicio es de suma importancia para los familiares de las víctimas, ya que hay una expectativa y una exigencia muy grande para que la sentencia sea bien clara sobre la responsabilidad jerárquica de los jefes del operativo y sobre la responsabilidad política del hecho. Con una sentencia favorable esperamos que este tipo de hechos no ocurran nunca más.
–¿Cuáles fueron las responsabilidades políticas?
–Para nosotros Mathov es el responsable penal de las muertes al igual que lo son el ya fallecido exministro del Interior Ramón Mestre y el expresidente Fernando de la Rúa. Y eso es lo que queremos demostrar en el juicio: que la represión fue ordenada por estos tres funcionarios políticos. Y que estas órdenes tenían una finalidad política, que era evitar la protesta social. En el marco de la declaración de un estado de sitio, que a todas luces era ilegal, se le entregó un cheque en blanco a la policía para que reprimiera de la forma en que lo hizo. Los políticos ordenaron desalojar las calles a través de la represión a una policía que se encontraba totalmente desbordada y, por eso, ellos son los responsables penales de las muertes. Lo que pasó el 19 y 20 de diciembre de 2001 fue una verdadera cacería humana ordenada por el poder político.