“Si fuera mi hijo, no te digo lo que haría… le dejo el traste sabés cómo no, por pelotudo. Cómo puede ser, en qué cabeza entra, en qué país vivimos. Esta bien, estas cosas pasan, pero los padres tienen que hacerse cargo”.
Con esas palabras, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, expresó su impotencia ante los hechos vandálicos que se sucedieron contra una formación de trenes de la línea Sarmiento.
Algunas horas antes, quien parece estar dispuesto a disputarle mano a mano a Daniel Scioli la interna K por la sucesión presidencial, había anunciado que denunciaría a los padres de un menor, a quien habían aprehendido por haber “graffiteado” una formación de vagones, que llevaban menos de una semana en funcionamiento.
El Estado “hizo un esfuerzo muy grande” para comprar nuevas formaciones para la línea Sarmiento que salieron “1.272.000 dólares cada uno a todos los argentinos”, se quejó Randazzo.
Quien justificó sus dichos, manifestando que “como ser humano, me enojo y me indigno. Cuando me enteré el domingo, no lo podía creer. Salvo que no nos importe lo del Estado, salvo que no me importe y tenga un actitud desaprendida con los recursos de todos los argentinos”.
Más allá de las formas y que al ser “anti vandalismo” las formaciones pudieron limpiarse, el ministro abrió un debate que muchos tratan con hipocresía. Ya que la “conciencia ciudadana” o el “cuidar lo que es de todos” en “la diaria” terminan siendo poco menos que un puñado de frases trilladas.
Debido a que, dejar caer un papel al suelo, permitir que la mascota del hogar haga sus necesidades en la vía pública o pellizcar el viejo tapizado de algún vagón de tren o subte hasta romperlo, resultan prácticas habituales de la sociedad.
El respeto por el bien ajeno no existe. O aún peor, por el “bien de todos”. Como lo son trenes, subtes, plazas, calles, monumentos o instituciones públicas, entre otros. Por lo que a pesar de que las expresiones de Randazzo hayan sido poco felices, el debate es interesante.
Más aún cuando los defensores del “graffiti” objetan la medida de obligar a quienes son responsables de estos actos vandálicos paguen el costo.
¿Por qué un “x” podría tener derecho a dañar un bien público que entre todos, o sea el Estado, pagamos? ¿Cómo se trata esta problemática en el mundo?
Si bien en muchos países el “graffiti” no es considerado un delito, si es contextualizado dentro de la figura legal de “daño en bien ajeno”. Como por ejemplo ocurre en Colombia.
Allí, las penas van desde un año y cuatro meses de prisión, hasta tres; con una multa de aproximadamente 5.200 dólares.
Distinto es el caso en el Estado de Querétaro, México. Donde delitos como pornografía infantil o tráfico de personas no son considerados de gravedad, pero si el graffiti. De hecho, un juez perdió su cargo por la cuestión.
Es que el magistrado quiso “aleccionar” a un menor de edad detenido por este tipo de práctica y le ordenó bajarse los pantalones para expresar “arte urbano” sobre sus glúteos. Lógicamente, una locura.
Además, quien sea sorprendido cometiendo el delito de graffiti en el mencionado distrito mexicano, puede llegar a sufrir un apercibimiento que oscila entre los seis meses y los tres años de cárcel. Por lo que con eso, basta y sobra.
Y mencionando casos de rigurosidad absurda, vale destacar el modelo singapurense. En el cual, más allá del castigo penal o económico se incluye el físico.
La legislación de Singapur pena esta clase de delitos con hasta tres años de calabozo, una multa de hasta 1.435 dólares y entre tres y ocho latigazos. Este último, es un evidente y condenable avance sobre los derechos humanos del condenado. Claro está.
En Brasil, por el contrario, el problema es más reciente y empezó a prestársele más atención a partir de que un grupo de vándalos atacara la estatua del Cristo Redentor, una de las siete maravillas del mundo y máximo símbolo de Río de Janeiro. Ante el hecho, empresarios brasileros ofrecieron 5.000 reales a quienes dieran pistas de la identidad de los autores del hecho.
Innegablemente, la filosofía del “graffiti” genera un gran malestar en la sociedad. Y cada país la expone en función de su idiosincrasia. Sin embargo, el denominador común vale para todos por igual: hay que cuidar lo que es de todos.
