El Gobierno nacional, después de haber adoptado una actitud de “dejar hacer” a los que se manifestaban en los lugares públicos, decidió, once años después de haber llegado al poder, que llegó la hora de ponerles coto a las protestas constantes, que en muchos casos hasta llegaron a entorpecer el normal abastecimiento de los comercios, hospitales y combustibles, entre otros rubros sensibles para los argentinos.
El momento de quiebre llegó con el último paro que protagonizó el 10 de abril el líder camionero Hugo Moyano, que aunque está al frente de una fracción minoritaria de la CGT, apoyado en la huelga del transporte y por un activismo de izquierda que maneja aceitados mecanismos para desplegar múltiples piquetes, multiplicó por mucho el impacto de un paro que no fue importante desde el punto de vista sindical.
La punta de lanza fue el proyecto de ley 2.544/14, que presentaron el 15 de abril último en la Mesa de Entradas legislativa de la Cámara baja los diputados Juan Manuel Pedrini, Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, Diana Conti, María Teresa García, Gustavo Martínez Campos, Sandra Mendoza, Ana María Perroni, Gladys Soto, Sandra Castro y Graciela Giannettasio, denominado Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas.
El proyecto tiene aristas que deberían ser discutidas con mucha precisión, como la clasificación en manifestaciones legítimas e ilegítimas que contiene. Para ser calificada con la primera categoría, una protesta debe poseer cinco requisitos: permitir el funcionamiento de los servicios públicos; no cortar totalmente las calles; dejar circular a los grupos vulnerables, como niños, mayores, enfermos y discapacitados; que los manifestantes no vulneren el Código Penal, y que notifiquen su presencia a las autoridades con 48 horas de antelación.
La notificación que impone el proyecto, que aún se encuentra en debate, también despertará polémicas, ya que exige cuatro requisitos: lugar, tiempo de la protesta, objetivo y el nombre de un “manifestante delegado”.
El objetivo del manifestante delegado será el de ser notificado de las gestiones del “mediador obligatorio”, otra figura que crearía la ley, de ser aprobada. El mediador deberá pertenecer al Ministerio de Seguridad, pero no podrá ser miembro de ninguna fuerza de seguridad. Este civil deberá identificar las demandas de los manifestantes y luego elevar sus reclamos a la agencia estatal correspondiente, luego de lo cual deberá coordinar las reuniones entre ambas partes.
Un dato a tener en cuenta es que la ley establecería que la mediación no puede extenderse más allá de dos horas, tras las cuales la protesta se tornará ilegítima, tanto como si los manifestantes se negaran a aceptar la gestión del mediador. Otro punto que se establece en la ley es la taxativa prohibición de desalojar a los manifestantes sin permitir la gestión previa del mediador, un requisito que las fuerzas de seguridad suelen detestar.
Dentro del Frente para la Victoria, el proyecto desató controversias aun antes de que alcanzara estado parlamentario. La oposición a su entrada en vigor se da principalmente en las organizaciones sociales y de derechos humanos, en tanto que los dirigentes que manejan verdadero poder –gobernadores, ministros, intendentes y el secretario de Seguridad, Sergio Berni– se muestran favorables a su sanción, una contradicción que ha sido constante en el peronismo a lo largo de su historia.
Los opositores al proyecto cuestionan algunos huecos legales, como qué actitud tomar si las manifestaciones son espontáneas, algo que el gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner toleraría, pero que podría significar que un gobierno futuro encuentre la justificación para reprimir la protesta social sin pagar mayores costos políticos si atinara a alegar que su accionar está dentro de la ley. Esto es lo que sostienen, entre otros, el antiguo piquetero Luis D’Elía y el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.
Pero el punto en el que el proyecto concentra a sus opositores es la facultad que se otorga a Gobierno de decidir cuál movilización es legítima y cuál no. ¿El solo hecho de que un grupo de manifestantes no acepte dejar un carril libre deslegitima un reclamo? ¿Es posible aceptar que existe “colisión de derechos” y que esta contradicción pueda deslegitimar una protesta?
En estos puntos, entre otros, se concentran las dudas de las organizaciones sociales que adhirieron al kirchnerismo y ahora se ven cuestionadas en su método de reclamo tradicional, el mismo que las ayudó a crecer y a “ser”, el que las visibilizó e hizo que el Gobierno nacional se fijara en ellos y hasta, con el paso de los años, les cediera espacios de poder.
En el Congreso
El martes último se produjo en la Cámara de Diputados la primera de una serie de reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que los legisladores escucharon las opiniones de la exdefensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini; de Paola García Rey (Amnistía Internacional); de Lucas Grosman (Universidad de San Andrés), y de Marcela Perelman y Paula Litvachky, del CELS.
Todos los especialistas coincidieron en que existe un principio común, que es el de la legitimidad de las protestas sociales, aunque solo Grosman cuestionó el método del piquete. También hubo coincidencias en que el Estado debe imponer nuevos lineamientos a las fuerzas de seguridad para evitar la represión y, cuando esta se desata, evitar los excesos. El término más escuchado en este ítem fue “regular el uso de la fuerza” de la policía.
De todos modos, las expositoras de Amnesty y del CELS promovieron una regulación muy liviana, que debería ser revisada casi tanto como la regulación excesiva que rige actualmente, porque casi todos los protocolos fueron diseñados por expertos en seguridad, excluyendo a los especialistas en mediación, seguimiento y resolución de conflictos.
El último punto sobre el que habrá polémica fue el reclamo de las doctoras de que se desprocese o se dicte una amnistía que beneficie a los activistas que están detenidos actualmente, que fueron apresados en el marco de protestas anteriores.
Sobre el final de la reunión, la diputada Diana Conti anunció el ingreso de tres nuevos proyectos para discutir en la Comisión, que volverá a reunirse el martes 17 de junio próximo. El camino que queda por delante incluirá arduos debates, pero una de las principales abonadas a la controversia esta vez se retiró a poco de empezar la reunión de la Comisión. Lilita Carrió hizo gala de una de sus especialidades, la de irse casi sin ser notada, tal como hizo el día 22 de abril al final del acto de lanzamiento del Frente Amplio Unen, cuando desapareció del escenario casi inadvertidamente.
Entrevista a Alicia Pierini, exdefensora del Pueblo porteño y especialista en DD.HH.
–¿Hay que canalizar el conflicto social?
–Lo más destacable es que se empiece a discutir qué hacer frente a la protesta social en un ámbito parlamentario y que allí se empiecen a escuchar distintas voces. Fue importante, porque había una gran cantidad de asesores, una buena porción de legisladores, que sumaban casi el 50 por ciento de la comisión, y los había de todos los bloques. Es auspicioso que no se comience discutiendo cómo regular la protesta social, sino qué es la protesta social. Fueron convocados algunos organismos y algunas personas que tienen experiencia en el trabajo con derechos humanos. Yo no pertenezco a ningún organismo, pero he trabajado mucho en ese tema. He trabajado sobre conflictos desde que era subsecretaria de Derechos Humanos, y esa es una tarea que seguí desarrollando hasta hace tres meses en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Existen teorías y métodos para abordar los conflictos complejos, no estamos inventando nada.
–¿Cómo se canaliza un conflicto que se desarrolla en los espacios públicos?
–Lo primero es conocer etiológicamente el conflicto. Es como comparar la fiebre y la enfermedad. Lo primero que se ve es la fiebre, que es como la protesta en la calle. Allí, lo primero que hay que hacer es bajar la fiebre. Bajar los decibeles para que un conflicto no devenga en violencia. Conflicto que no se trabaja es conflicto que crece, o echa raíces, o desaparece por un tiempo y luego regresa con más fuerza. El conflicto se trabaja como se trabaja una enfermedad, pero teniendo en cuenta que no es una enfermedad sino que forma parte de la salud democrática. No es una enfermedad de la democracia, es parte de la salud de la democracia.
–Eso quiere decir que no es la policía la que debe intervenir para resolver el conflicto, sino la política.
–Totalmente, si hay una cosa que es el abecé en estos temas es que al conflicto se lo trata de la misma forma en que se lo diagnosticó. Si se lo diagnostica desde los paradigmas del delito, que es el paradigma de la policía, se lo va a tratar con la idea del Código Penal en la cabeza, porque para eso están formados ellos. Eso está bien cuando hay delito, pero lo primero que hay que hacer es no caratular como delito a la protesta, sino pensarla políticamente. ¿Cuál es el funcionario al que le corresponde abordarla? Si la protesta sale a la calle es porque el funcionario no pudo abordarla, o no quiso, o no supo. Él es el que tiene que resolver en última instancia. Como existe un proyecto que propone que haya un equipo profesional de mediadores en conflictos, yo propongo esa base de trabajar con facilitadores para meterse en el conflicto. Luego, ese facilitador tiene que colaborar para que se tome el conflicto políticamente. Así, los conflictos se pueden abordar resolviendo la cuestión de fondo o encauzándolo en el camino que lleva a la solución. Por ejemplo, en el tema de los conflictos salariales, el método que funciona es el de la paritaria. A veces los gremios hacen ruido para buscar que se reúna la paritaria y, una vez que esta se reúne, se acaba el problema. El eje del conflicto en la calle es la visibilización, porque en otro ámbito no se lo escucha, no se le hace caso. Lo que decimos, desde la técnica del conflicto, es: señor funcionario, si usted no lo puede resolver, cuenta con un equipo de mediadores y facilitadores que lo puede asesorar.
–El facilitador trabaja en dos vías. Una, en dirección hacia el que protesta y otra que va hacia el ámbito que tiene que dar respuestas.
–El facilitador tiene que tener empatía con el grupo en conflicto. Empatía no quiere decir adhesión. Pero sin empatía no lo puede comprender. Cada conflicto es diferente. Hay conflictos menores, espontáneos, que se resuelven cara a cara, como cuando los chicos se molestan con un profesor y cortan una calle. Eso, que ha pasado, se resuelve rápido. Otra cosa es cuando un conflicto tiene una identidad grupal, que lo lleva adelante un gremio, una organización, una asociación, que exige buscar a los referentes. Lo grupal no se trabaja uno por uno, sino que se trabaja con los referentes. Si el grupo es reciente y no tiene referentes –algo que algunas veces ocurre–, se le puede pedir que los elija en el momento.
–¿El trámite de este proyecto parte de consensos importantes o se va a complicar por diferencias políticas?
–Ya no se puede volver a los edictos policiales que regían antes, eso sería volver atrás, ser regresivos. Hoy encontramos muchos consensos importantes en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero también hubo disensos. Hay que trabajar con criterios sociológicos y políticos. Para eso será necesario un trabajo de persuasión. El debate parlamentario es persuadir, convencer. Después, con la técnica legislativa se confecciona la tabla de los disensos y la tabla de los consensos para llegar a un acuerdo. Va a ser un trámite apasionante.
