Además del vicepresidente Amado Boudou, por su vinculación en la causa Ciccone; y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, otro de los casos que está bajo la lupa de la OA es el del ex jefe de gabinete de asesores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) Juan Martín Jáuregui.
También figuran el ex presidente Carlos Menem; Armando Gostanian, el ex titular de la Casa de Moneda; Marta Salvo, esposa del ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan; y Raúl Granillo Ocampo, secretario legal y técnico de la Presidencia, ministro de Justicia y embajador argentino en los Estados Unidos durante el menemismo.
Hay también tres funcionarios cuyos nombres la Oficina de Anticorrupción mantiene en reserva, señala el diario La Nación, pero da algunas pistas: uno de ellos es una autoridad de la Unidad de Renegociación de los contratos de los servicios públicos (Uniren); el segundo es un funcionario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), mientras que el tercero pertenece a Enarsa, la empresa de energía estatal.
A la hora de evaluar el avance de las investigaciones por parte del organismo de control, en las nueve causas de enriquecimiento ilícito en las que la OA se presentó como querellante, tres ya finalizaron (una por extinción o muerte, otra por absolución y otra por sobreseimiento) y las seis restantes se encuentran en pleno trámite, “sin que hasta ahora haya sentencia condenatoria”, indica el matutino.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió, al referirse a la situación argentina en el “Informe final de seguimiento del cumplimiento con las condiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, que desde 2007 hasta 2010 prescribieron 63 casos y sólo uno obtuvo sentencia.
Por esa razón, la OEA recomendó al país “adoptar las medidas correctivas correspondientes”. Frente a este escenario, diputados de la oposición proponen la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos cometidos contra la administración pública.
Proyectos en ese sentido fueron presentados por Elisa Carrió (Coalición Cívica); Adrián Pérez y Alberto Asseff (Frente Renovador); Christian Gribaudo y Laura Alonso (Unión Pro). La presidente de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión Pro), convocó a debatir el tema la semana pasada, pero la mayoría oficialista se rehusó y dejó sin quórum al cuerpo.
La OA, pese a ser presidida por un funcionario kirchnerista, expresó su inquietud por el creciente número de prescripciones de causas de corrupción. La enorme mayoría de ellas afecta a ex funcionarios menemistas, como María Julia Alsogaray, Víctor Alderete y el propio ex presidente Menem.
