Además de la ex viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, los acusadores de Campagnoli habían propuesto que declararan las empleadas de la Fiscalía Descentralizada del barrio porteño de Saavedra, Lucía Orsetti y María Gutiérrez, para relatar las irregularidades que habían encontrado en el ámbito en el que desarrollaba su trabajo el fiscal suspendido.
El tribunal ya había rechazado incorporar al Jury una serie de unas 1.500 fotos tomadas en la mayoría de los casos sin autorización a los vecinos del Barrio Mitre, una zona cercana al shopping Dot.
Esas fotografías eran luego exhibidas a quienes concurrían a la fiscalía de Saavedra a denunciar delitos, para que los reconocieran como autores de los hechos de los que eran víctimas.
Si bien los fiscales acusadores Marcelo García Berro y Adolfo Villate no insistieron con la incorporación de esa suerte de “álbum”, los testimonios propuestos de Caamaño –quien lleva adelante una subrogancia en la fiscalía de Saavedra- y de las dos empleadas podían desembocar en las fotografías como elemento de cargo contra Campagnoli.
El tribunal, por amplia mayoría (sólo votó en disidencia el presidente, Daniel Adler) rechazó la incorporación de nuevos testigos, pues consideró que “se trata de un planteo extemporáneo”.
La jornada de este jueves es la última en la que declararán testigos,y el tribunal de enjuiciamiento pasará luego a la etapa de alegatos y veredicto, que tendrán lugar probablemente entre el martes y el miércoles de la semana próxima.
Campagnoli está acusado de “mal desempeño en sus funciones” por presuntamente haber alterado el objeto procesal de una causa por presunta extorsión al financista Federico Elaskar para la venta de la Financiera SGI, también conocida como “La Rosadita”.
Según la acusación, Campagnoli forzó la investigación para orientarla hacia Lázaro Báez, en un expediente en el que no tenía “competencia” para intervenir, pese a lo cual produjo prueba incriminatoria contra el empresario kirchnerista.