Luego de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, adelantara que el Gobierno le pedirá a los abogados del Estado argentino que presenten una “medida suspensiva” de la ejecución de la sentencia del juez Thomas Griesa, que permita hacer frente a los vencimientos del 30 de junio sin riesgo de que los fondos sean embargados, se conoció que el magistrado designó un mediador en la negociación entre la Argentina y los holdouts. Se trata del funcionario judicial Daniel Polack.
En un comunicado, el Palacio de Hacienda confirmó que a las 14.40 de Buenos Aires el abogado Carmine Bocuzzi presentó la nota en el tribunal de Nueva York.
En la misma, el defensor del Estado argentino manfiestó: “Le escribo para actualizarle la información brindada a la Corte durante la audiencia del pasado miércoles de que la República Argentina (“la República”) tiene la voluntad de negociar de buena fe. La República Argentina respetuosamente solicita una medida suspensiva (“stay”) de los Amended Injunctions [medidas cautelares] que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones”. En tanto que apeló a los últimos acuerdos que la Argentina concretó con Repsol y el Club de París, para argumentar el pedido.
“Estos recientes acuerdos -que fueron producto de extensas negociaciones y se concretaron en condiciones de cumplimiento posible para la República, con quitas, extensión de plazos y/o reducción de tasas- constituyen grandes avances que reflejan el foco de la Argentina con respecto a la salida de la crisis de 2001 y la normalización de las relaciones con sus acreedores. Todos estos acuerdos fueron voluntarios y por tanto equitativos para las partes. Argentina quiere salir de los litigios que han cargado sobre ella y sobre las Cortes”, resaltó Bocuzzi.
A lo que añadió: “Toda vez que la decisión de la Corte de Apelaciones del Second Circuit requiere a Argentina, cuando realiza un pago de intereses sobre la deuda reestructurada, a pagar a los acreedores el total del capital e intereses de su deuda en default, la República no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no a otros. El total adeudado a los holdouts luego de la reestructuración de deuda de la República excede la mitad las reservas del país. Ningún país puede utilizar la mitad de sus reservas para hacer un pago y ser dejado sin medios para administrar su moneda, manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población. Ni puede Argentina ignorar la cláusula de Derechos Sobre Ofertas Futuras (RUFO), que adjuntamos como Anexo, que es uno de los términos de la deuda reestructurada bajo ley de Nueva York y cuyos efectos pierden vigencia el 31 de diciembre de 2014, ya que esto puede llevar a que en otras jurisdicciones se entable un litigio que haga caer la reestructuración exitosa del 92% de la deuda de la República que estaba en default. Además, como nación soberana, Argentina también se encuentra sujeta a sus propios procesos constitucionales y a las leyes sancionadas por el Congreso vigentes en materia de reestructuración de deuda.
“En resumen, la República está comprometida al diálogo que continuará en lo que la República aspira será una resolución final a este litigio, y a todo el problema de la deuda externa, lo cual constituye una cuestión de interés público para todo el pueblo argentino. La República ha honrado sus obligaciones, incluyendo a los bonistas reestructurados, y quiere seguir honrándolos cumpliendo con el 100% de los acreedores. La República en consecuencia le solicita respetuosamente a Su Señoría que otorgue este stay para brindar la posibilidad de iniciar negociaciones de buena fe entre Argentina y sus acreedores”, concluyó el abogado del Estado argentino.
